El sector bancario español llevó a cabo un ajuste sin precedentes tras el estallido de la crisis financiera y la burbuja hipotecaria. La mejor prueba de que los duros recortes han ido en la buena dirección es que el sector registra desde 2015 niveles positivos y crecientes de rentabilidad sobre el capital o recursos propios de su negocio en España, según datos del Banco de España.

Ya no se registran pérdidas, como hasta 2012, y los test de estrés financieros publicados por la EBA el viernes confirmaron la solvencia de las entidades españolas. Sin embargo, los beneficios son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sector, por lo que el organismo que dirige Luis María Linde ya ha dicho que son necesarios nuevos ajustes. De hecho, los grandes bancos ya han iniciado un proceso de repliegue, reduciendo el número de empleados y oficinas, tras ver esfumarse un tercio de sus beneficios.

Sencillamente, las circunstancias han cambiado mucho y la banca debe seguir adaptándose. El nuevo escenario europeo, en el que las entidades apenas pagan por el dinero y cobran poco por los créditos, unido a factores externos como la depreciación del euro han provocado un nuevo descenso de la rentabilidad. Por otro lado, el triunfo del Brexit en Reino Unido y el contragolpe de Estado en Turquía afectan negativamente a las inversiones del Santander y del BBVA, respectivamente, en ambos países.

La buena salud de la banca no la salvará de efectuar nuevos ajustes; no llevarlos a cabo podría tirar por la borda todos los esfuerzos realizados hasta ahora.

Una investigación de la Guardia Civil y Aduanas vuelve a sacar a la luz una trama de corrupción vinculada a la ejecución de obra pública. Medio centenar de personas, entre empresarios y funcionarios de ADIF, están siendo investigados por el presunto desvío de 17,6 millones de euros destinados a la construcción del AVE de Murcia.

En esta ocasión, junto a los métodos habituales de saqueo, como el pago de facturas por trabajos no realizados, se han detectado engaños como la utilización de recolectores de alcachofas como topógrafos y el uso imágenes ficticias para acreditar obras. El ingeniero José Luis Martínez Pombo, exjefe de infraestructuras de la compañía, llegó a esconder más de dos millones de euros en Suiza.

No es la primera vez que expertos de ADIF se corrompen. Hace unos meses, la empresa que dirige Gonzalo Ferre puso en manos de la Fiscalía una investigación interna que ha desvelado la existencia un agujero en 82 millones de euros en la ejecución del trazado del AVE a Barcelona.

Lo peor es que tal grado de corrupción cutre no sería posible sin la connivencia de políticos y empresas de altos vuelos. Para acabar con este tipo de prácticas es imprescindible que las empresas implicadas en corruptelas semejantes no puedan acceder a concursos públicos.