Cuando El ESPAÑOL publicó el artículo "El tatuaje del ‘Prenda’, clave para la detención: así son los cinco violadores de San Fermín", su autor, Andros Lozano, comenzó a recibir multitud de amenazas, algunas de ellas de muerte. Esas amenazas han ido en aumento, y sus promotores han publicado datos personales del periodista y de su familia en las redes sociales.
La mayoría de esas advertencias mafiosas procedían de miembros de la peña sevillista Biris Norte, un grupo que se reivindica de extrema izquierda y al que pertenecían dos de los cinco supuestos violadores de la joven. Los ultras lo tenían claro: su enemigo no eran los compañeros que habían cometido un delito, sino el periodista que lo contaba.
La impunidad de la que gozan estos grupos vinculados al fútbol es intolerable. Habituados a la violencia y a la extorsión, disfrutan de la protección de las directivas de los clubes. Al conocer las amenazas al redactor de EL ESPAÑOL, el Sevilla se ha lavado las manos, limitándose a exponer los límites de la Ley del Deporte. Con esa misma ley Florentino Pérez y Joan Laporta consiguieron desarticular a los Utra Sur y a los Boixos Nois. Ese es el ejemplo a seguir. Expulsar a los delincuentes y a los violentos de los estadios continúa siendo una asignatura pendiente en el mundo del fútbol.