El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy tiene la intención de pedir a las grandes empresas un adelanto de 6.000 millones de euros para 2017 en concepto de Impuesto de Sociedades. Se trata de una medida completamente opuesta a lo que prometieron en las dos últimas campañas electorales, en las que se comprometieron a reducir la presión fiscal sobre las grandes corporaciones. Es una estrategia contable para maquillar la realidad del déficit.

La decisión es la forma en que el Gobierno responde a una sanción que el Ecofin y el Consejo Europeo han impuesto a España por incumplir reiteradamente sus objetivos de reducción de déficit de 2015. Ese ajuste que el Ejecutivo de Rajoy acordó con Bruselas cuando accedió al poder en 2011, se ha ido incumpliendo y renegociando año tras año. Por lo tanto, el castigo por los errores del Gobierno al no cuadrar las cuentas recaerá sobre las arcas de las empresas.

Si bien no se trata de una subida del tipo impositivo, sí que aumentará la presión fiscal a corto plazo. La iniciativa ya había sido prevista por el Gobierno en funciones en el Programa de Estabilidad que envió a Bruselas el pasado abril. Dice muy poco en favor del ministro de Economía Luis de Guindos que haya esperado hasta después de las elecciones para concretar esta medida, que debe ser aprobada en el Parlamento.

Rajoy da por hecho el apoyo de los principales partidos, ya que tanto PSOE, Ciudadanos como Podemos se han comprometido a aumentar la presión fiscal sobre las grandes compañías. Aunque estas formaciones deberían respaldar la medida, ello no quita el fracaso de un programa económico que ha vuelto a quedar a expensas de lo que se decide en Bruselas.

El beneficio de 235.000 euros que logró el ex cuñado de Rodrigo Rato en la venta de un palacete después de comprárselo a Bankia, entidad para la que ejercía de asesor apenas siete meses antes, ha despertado las sospechas de las autoridades. El comportamiento de esta entidad con su exempleado Santiago Alarcó es, como poco, anómalo. Para empezar, Bankia llevó a cabo cuatro tasaciones de dicho inmueble entre 2010 y 2012, en las que el precio del palacete llegó a bajar desde los 2 millones hasta los 300.000 euros en los que finalmente fue valorado. Que esta última tasación se produjese tan sólo cinco días después de la oferta del ex cuñado de Rato es una coincidencia asombrosa. Llama también la atención que Bankia adjudicase la propiedad a la sociedad que representaba Alarcó antes de ratificar la operación en el Comité, saltándose los protocolos habituales.

La sospecha de que Alarcón se ha beneficiado de su parentesco con Rato viene de lejos. El expresidente de Bankia contrató a su ex cuñado como asesor externo en 2010 por 120.000 euros anuales. Dos años después, el sueldo del asesor era ya de 480.000 euros al año, sin que constase ningún cambio en sus funciones. Si ya resultaban llamativos los honorarios percibidos por Alarcón, las irregularidades en la venta del palacete inciden en la teoría de que el familiar de Rato recibió un trato a favor. Otro asunto más que añadir en la ya larga lista de investigaciones que manchan la deteriorada reputación del ex vicepresidente del Gobierno.