La operación desarrollada este martes por la Guardia Civil en 23 ayuntamientos españoles -la mayoría catalanes y gobernados por CiU- demuestra hasta qué punto la corrupción ha calado en nuestra Administración. La investigación rastrea el pago de 7,8 millones de euros de dinero público a la consultora Efial en contratos irregulares. Se sospecha que al menos tres de esos millones terminaron ocultos en Andorra y que parte de ese dinero podría haber ido a parar a manos de alguno de los alcaldes implicados.

El Ejecutivo catalán, lejos de darse por aludido por la circunstancia de que la mayor parte de la operación se ha desarrollado en consistorios catalanes ha recurrido al victimismo. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha llegado a afirmar que el "autor intelectual" de las detenciones y registros es el ministro del Interior.

El intento del Gobierno catalán de tapar la corrupción mediante teorías conspirativas es vergonzoso, pero corrobora la desfachatez e irresponsabilidad de Fernández Díaz, que al presionar al director de la Oficina Antifraude de Cataluña para que investigara a líderes independentistas les ha proporcionado la excusa perfecta.

El Ayuntamiento de Madrid pretende implantar una suerte de "Policía Comunitaria" en los distintos barrios de la capital. Esta medida supone crear una estructura paralela de dudosa legalidad como alternativa a la ya dispuesta por la Administración.

Se trata de una propuesta disparatada. Este modelo, además de recordar a los soviets de la antigua URSS o de Cuba, se antoja de todo punto innecesaria, porque lo que intenta resolver ya lo resuelven los agentes y los tribunales. Baste decir que la nueva Policía de Carmena estaría formada por vecinos de cada barrio sin ningún tipo de preparación reconocida.

Proyectos como éste de la alcaldesa de Madrid tienen un sentido más ideológico que práctico y denotan una total falta de confianza por su parte hacia la Policía y los distintos cuerpos de Seguridad de Estado, legítimos responsables de las labores que trata de suplir. La propuesta ni siquiera obedece a una demanda popular: los vecinos, al menos en Lavapiés, donde se quiere implantar en primer lugar, no han respondido precisamente con entusiasmo al llamamiento para incorporarse como "gestor de barrio político-policial" o "jurado vecinal".