Los organizadores de la manifestación del Orgullo no parecen las personas más indicadas para abanderar los valores de tolerancia e igualdad que dan sentido al movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Los encargados de preparar los fastos del sábado han invitado expresamente a la Asamblea de Madrid a participar en la marcha multitudinaria que recorrerá Madrid, al considerar que ha sido la institución que más se comprometió en 2015 en la defensa de los derechos y reivindicaciones del colectivo. Sin embargo, han especificado que no quieren que asistan ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ni "ningún representante del PP".

A la hora de intentar justificar este veto, los responsables de la federación estatal de FELGTB y de la organización autonómica Cogam han aducido que no admiten a un partido que "no lucha por los intereses que defendemos desde hace años". El argumento es contradictorio, además de endeble e impropio de quienes, por su responsabilidad, más sensibles deberían ser frente a cualquier exclusión en razón de la condición u orientación sexual de las personas, su raza o sus ideas.

Contradicción

Es un sinsentido que se reconozca el compromiso de una administración determinada en la defensa de una causa y, al mismo tiempo, se proscriba a quien la preside. Y es absurdo, además de una muestra de intransigencia, que una asociación que quiere sensibilizar contra la homofobia y derribar prejuicios se arrogue el derecho de admisión en una fiesta de vocación universal.

Es verdad que en el PP, como en otros partidos y asociaciones, hay intolerantes dispuestos -incluso- a jactarse de su vulgaridad: sin ir más lejos, hace poco el portavoz del PP de Sóller dijo que había que celebrar "el día del machote". Pero no deja de ser un reduccionismo hacer extensiva a toda una organización la actitud deplorable de algunos de sus miembros.

Hay quien se retrotrae a 2005, cuando el PP recurrió la ley del matrimonio homosexual ante el Constitucional, para justificar esta intransigencia. El PP se equivocó, según demostró el propio Tribunal en su fallo, al considerar que la ley impulsada por Zapatero vulneraba la Carta Magna y al presentar un recurso que dividió a sus propias filas.

Contraproducente

La decisión de la dirección de FELGTB y Cogam parece además contraproducente porque supone cerrar la puerta, precisamente, a los dirigentes del PP que están más decididos a acabar con prejuicios dentro de este partido. Llevado a un extremo, es como si estas asociaciones impidieran asistir a los actos del Orgullo a musulmanes o católicos arguyendo que el Islam o el Vaticano no se han caracterizado precisamente por reivindicar la causa de gays, lesbianas y transexuales.

El conjunto de asociados a la FELGTB y Cogam debería pensar si sus actuales direcciones representan con eficacia y lealtad sus intereses. Sencillamente, no debería haber espacio para el sectarismo en este movimiento.

No tiene explicación lógica que el mismo juez instructor que hace tres meses apreciaba en el comportamiento de Artur Mas una fundada sospecha de malversación de fondos públicos, haya retirado ahora ese posible delito al cerrar la investigación y abrir los preparativos de la fase de juicio oral. Ese es el único de los tres delitos que se le atribuyen al ex presidente de la Generalitat que comporta pena de cárcel. ¿Casualidad?

Las circunstancias que rodean este caso generan muchas sospechas. Con su decisión, Joan Manel Abril, juez que ha instruido el caso de la consulta soberanista del 9-N, actúa contra el escrito que él mismo remitió al Supremo con la intención de que el Alto Tribunal se hiciera cargo del caso, ya que uno de los imputados, Francesc Homs, era aforado. En esa exposición al Alto Tribunal sostenía que había indicios suficientes contra Mas, Homs, la exvicepresidenta Joana Ortega y la ex consejeraIrene Rigau, de la comisión de tres delitos: prevaricación, desobediencia al Constitucional y malversación.

En el asunto de la malversación era taxativo al afirmar que los investigados "no podían desconocer que, al no haber dado orden de paralizar los diferentes procedimientos de contratación (...) se comprometían recursos públicos de la Administración catalana". La retirada del cargo de malversación hace que Mas y sus excompañeros sólo se expongan a multa e inhabilitación, dos penas menores. Se da la paradoja de que Homs está siendo investigado en el Supremo por delitos que incluyen la supuesta malversación merced al escrito de Abril.

Malversación sin malversador

Lo lógico es que el juez hubiera justificado ahora en la resolución que cierra la instrucción las razones que le han llevado a desdecirse y a hacer, en la práctica, un sobreseimiento parcial. Nada de eso hay. Al contrario, el juez llega a cuantificar el dinero público que se invirtió en el 9-N: 1,5 millones de euros. Así que no se entiende que haya dinero malversado sin malversador.

Una circunstancia que alimenta las suspicacias en este caso es que este juez, promovido por CiU en su día para ocupar la plaza en la relevante Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia catalán, ha decidido abandonar la judicatura para ocupar la mucho mejor remunerada presidencia del Tribunal Superior de Andorra. Es decir, que esta es su gran despedida. Eso alimenta la idea de que puede estar buscando congraciarse con quienes le apadrinaron, en una suerte de regalo de despedida. Como otro regalo se interpretó ya el hecho de que citase a Mas a declarar en el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, circunstancia que aprovechó propagandísticamente el mundo independentista.

La Fiscalía, que se querelló por malversación, debe ser consecuente y recurrir la decisión judicial para que Mas pueda ser juzgado por algo que, tras la instrucción, parece altamente probable: que utilizó dinero público en una consulta ilegal que había sido prohibida por el Constitucional. Y a eso se le llama malversación.

Una denuncia del presidente de la entidad pública Adif, Gonzalo Ferre, ha permitido descubrir el posible desvío de 82 millones de euros en la ejecución de las obras del AVE Madrid-Barcelona. La investigación, impulsada a raíz de la detención en 2014 de nueve personas implicadas en una trama de sobrecostes en un tramo de la Alta Velocidad en Cataluña, se ha saldado de momento con 14 nuevos arrestos.

Las pesquisas de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción apuntan a un grupo de técnicos corruptos, que se prestó a falsificar licitaciones y certificar facturas hinchadas, a cambio de sobornos y dádivas de todo tipo. La cantidad defraudada es desorbitada y prueba que cada algunos de los tramos de AVE se pagaron por duplicado.

Hay que poner en valor la diligencia de Adif, cuya denuncia puso sobre la pista a los investigadores, pero es descorazonador pensar que en el operador ferroviario hubo un grupo de expertos dispuestos al pillaje. Es necesario revisar la actuación de los implicados en otras licitaciones, e impedir el acceso a la ejecución de obra pública de los constructores implicados. También es preciso revisar los mecanismos de control para mejorarlos en la medida de lo posible e impedir que vuelvan a producirse casos como este.