El merodeador

Varapalo europeo al canon digital de Lasalle

  1. Canon digital
  2. Ley de Propiedad Intelectual
  3. Propiedad intelectual

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha tumbado el canon digital del Gobierno Rajoy por ser incompatible con la directiva comunitaria. El fallo, esperado desde hace dos años por el Tribunal Supremo, echa por tierra la modificación de la ley Sinde, que impulsó en solitario el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.

La Justicia de la UE considera ilegal cargar a los Presupuestos Generales del Estado la compensación por copia privada que merecen los autores, como viene haciendo el Gobierno desde 2012, en lugar de que sean sólo las personas físicas que reproduzcan obras quienes indemnicen a los creadores. La reparación a los autores por copia privada es justa, pero que la sufraguen todos los contribuyentes supone un gravamen indiscriminado e injustificable.

El fallo, precedido por un informe desfavorable del abogado general de la UE, servirá de base al Alto Tribunal español para dar la puntilla a un sistema arbitrario que ha detraído en más de cien millones de euros al año la recaudación de las sociedades gestoras de los derechos de autor. De hecho, los autores sostienen que la sentencia abre la puerta a reclamar al Estado un daño patrimonial de 400 millones.

El canon digital del PSOE era injusto porque cargaba sobre CD y DVD la compensación a los creadores, lo que presuponía una intención delictiva a todos los usuarios de estos dispositivos, reprodujeran o no música, vídeos o textos de terceros. Lasalle empeoró la situación al sacarse de la manga una compensación anual presupuestaria de cinco millones de euros, una cantidad ridícula comparada con la recaudación habitual de las sociedades.

El Gobierno debería consensuar un sistema por el que el sector de fabricantes de sistemas reproductores asuma la compensación por copia privada. Ni tratar de piratas a todos los compradores de CD y DVD ni cargar un pago arbitrario a todos los contribuyentes son la solución. Esta sentencia del TJUE constituye el último varapalo a una gestión cultural jalonada de pifias e incumplimientos.