Una investigación municipal ha sacado a la luz un siniestro caso de prevaricación relacionado con la adjudicación de nichos en el camposanto de La Vall d'Uixó, en Castellón. El exalcalde y candidato del PP al Congreso, Óscar Clavell, ordenó saltarse la normativa para conceder a una familia gitana un sepulcro de su gusto para la matriarca. Para no levantar sospechas, pidió a los empleados del cementerio que simularan entierros ficticios.

A expensas de que el principal sospechoso dé su versión ante la comisión del consistorio, este asunto vuelve a poner de relieve hasta qué punto la arbitrariedad y la burla de la ley, por parte de quienes deberían ser sus valedores, alcanzan hasta los ámbitos más insospechados de la gestión pública: corrupción hasta en el más allá. Si en la Rusia de Nikolai Gogol se hacía votar a los muertos para trucar los resultados, aquí se entierran cadáveres ficticios para favorecer el clientelismo político.   

Todo apunta a que esta investigación interna, instada por el tripartito de izquierdas que ahora gobierna la localidad, acabará en el juzgado. Será entonces un tribunal el que decidirá si Óscar Clavell, que ya fue procesado en febrero acusado de malversación por conceder 700.000 euros a la contrata de basuras en contra de los informes técnicos, ha cometido alguna falta o delito. Pero de lo que no cabe duda es de que una persona así, imputado desde hace cuatro meses, no debería haber ido en ningún caso de número dos en la lista del PP al Congreso para las elecciones del 26-J. El problema es que las listas son inamovibles. Si es grave que el exalcalde de La Vall d'Uixó haya ordenado falsificar nichos y sepelios para favorecer a una familia, no lo es menos que el PP se mofe de los ciudadanos presentándolo de candidato.

Dos chicas fueron agredidas este domingo en Barcelona por reclamar a Ada Colau la instalación de pantallas gigantes en la calle para ver los partidos de la Selección en la Eurocopa. Cinco energúmenos atacaron a las jóvenes, al grito de “españolas”, sin que la misma alcaldesa que pide una y otra vez “proporcionalidad” a los Mossos d'Esquadra que repelen las algaradas nocturnas de los okupas en el barrio de Gràcia haya abierto la boca.

Que se trate de un episodio aislado no resta gravedad a un ataque de cariz eminentemente político, que es indicativo del grado de tensión social que alienta el desafío independentista, y en el que concurre el agravante de violencia de género. El silencio del equipo de Gobierno resulta inadmisible.

Es inimaginable que en ninguna ciudad de España cinco hombres golpeen a dos muchachas y las tiren por el suelo y sus gobernantes miren hacia otro lado. Más aún cuando la negativa inicial del Ayuntamiento de la Ciudad Condal a aceptar las demandas de la asociación Barcelona con la Selección ha servido de pretexto -o motivación- a los violentos. Ada Colau aducía que animar a la Roja podía generar molestias y problemas de seguridad. Ya quisieran los vecinos de Gràcia que la alcaldesa demostrara el mismo interés en la protección de su descanso y sus bienes.