El merodeador

Una invasión inquietante en la privacidad , Ciencia ficción en el Parlamento andaluz

Una invasión inquietante en la privacidad

El Tribunal Supremo ha reconocido que el sistema de escuchas policiales Sitel es capaz de captar el sonido ambiente a través del micrófono de un teléfono móvil que recibe una llamada, incluso antes de descolgar y sin necesidad de instalar ningún dispositivo en el aparato. El Alto Tribunal que preside Carlos Lesmes ha desvelado esta información en una sentencia en la que avala que un juez admita como prueba los datos obtenidos a través de ese sistema, es decir, valida el uso del "micrófono ambiental" como parte de una intervención telefónica.

Se trata de un fallo cuando menos controvertido, pues el debate entre la seguridad y la privacidad es un tema enormemente complejo. Sin embargo, lo más llamativo es que la opinión pública haya tenido conocimiento del alcance potencial de este tipo de vigilancia masiva a través de una sentencia. Que ni los gobiernos de Zapatero ni de Rajoy hayan informado del funcionamiento de Sitel, que lleva en marcha desde al menos el año 2004, denota oscurantismo y alimenta las tesis de quienes aseguran que estamos más expuestos de lo que creemos al Gran Hermano orwelliano.

La sentencia del Supremo demuestra que una posible invasión de nuestra privacidad a través de los móviles no es ciencia ficción. Y dado que la legislación permite a la Policía utilizar medios de intrusión electrónica para perseguir determinados delitos, nos encontramos con que su capacidad de vigilancia sobre los ciudadanos es amplia. Por eso resulta inquietante que sepamos tan poco de este asunto.

Ciencia ficción en el Parlamento andaluz

Que a estas alturas, tanto Manuel Chaves como su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguren que no saben nada del asunto del fraude en los cursos de formación no se sostiene. Pero eso es lo que han manifestado este lunes ante la comisión de investigación del Parlamento autonómico. Sorprende su ignorancia, pues estamos ante uno de los mayores casos de corrupción por volumen de dinero público presumiblemente defraudado y por su extensión en el tiempo. El asunto abarca desde 2002 a 2014 y está bajo sospecha el uso que se dio a 1.300 millones de euros.

Pese a los años transcurridos y los centenares de pruebas recogidas, Chaves y Griñán, que por su alta responsabilidad han tenido acceso a información de primera mano, siguen afirmando que desconocen que hubiera irregularidades. "Nunca firmé una decisión ilegal", ha asegurado Chaves, como si alguien pudiera esperar que el delito llevara su rúbrica.

Aún así, tanto Chaves como Griñán han admitido la existencia de "deficiencias", pero las achacan a quienes se beneficiaron de ayudas que no les correspondían. O sea, que la Junta, y ellos, no son responsables, sino víctimas. Tan cierto es que poco cabía esperar de la comisión de investigación como que ambos están siendo investigados por la Justicia por prevaricación. En ella habrá que confiar.