La decisión del juez, en contra del criterio de la Fiscalía, de permitir la entrada de esteladas en el Vicente Calderón, donde mañana Barça y Sevilla disputarán la final de la Copa del Rey, constituye todo un espaldarazo a la politización del fútbol. También supone un bofetón al Gobierno, que este viernes ha defendido el veto. 

Si con su torpe decreto la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, desafió al separatismo, con esta resolución judicial ya no cabe ninguna duda de que medio Calderón será el domingo un manifestódromo separatista.

Sobran razones para defender, como hace la UEFA, la despolitización del deporte, un reto difícilmente alcanzable si no se aplican medidas sancionadoras y coercitivas. En ese sentido, lo absurdo es que Concepción Dancausa optara por anunciar el veto a las esteladas, lo que ha envalentonado al nacionalismo y motivado el recurso, en lugar de limitarse a preservar el espíritu deportivo de la final de la Copa del Rey con los medios legales y policiales a su alcance.
El juez ha estimado que prohibir la entrada de banderas independentistas vulnera la libertad de expresión al impedir la manifestación de una ideología política de forma pacífica. Este fallo se puede recurrir, pero ya no se podrá evitar que el partido de mañana acabe siendo un nuevo acto de exaltación secesionista.

Algún día habrá que plantear actuaciones concretas para impedir que el fútbol, en lugar de ser un noble deporte, sea un pretexto para la confrontación política y la reivindicación separatista. El modo en que muy especialmente el Barça se ha comprometido con la ruptura de España, hasta el punto de promover la politización de buena parte de los aficionados blaugranas, es lamentable. También el cinismo con el que el presidente catalán, Carles Puigdemont, principal responsable de la marginación del castellano y de los símbolos españoles en Cataluña, ha jugado a hacerse el mártir. Seguro que esta decisión de la Justicia tampoco atenúa el victimismo nacionalista.

El expresidente José María Aznar ha criticado con dureza la política económica y fiscal del Gobierno en una conferencia en la que ha analizado el impacto de tres décadas de España en la UE. La superación del umbral del 100% de deuda pública sobre el PIB en el primer trimestre, tras dispararse la deuda de las administraciones públicas en casi 350.000 millones, ha llevado a una situación de no retorno en lo que respecta al saneamiento de las cuentas públicas, el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% impuesto por Bruselas y, en consecuencia, el afianzamiento de la recuperación económica.

Aznar ha hecho lo que se espera de un expresidente al poner el foco en la "espiral de problemas" por la que se puede precipitar España por culpa de Rajoy, Montoro y Guindos. El presidente del Gobierno es el principal responsable de la escalada de déficit por no haberse comprometido con la reducción del déficit como objetivo prioritario.

Durante los últimos cinco años el ministro de Hacienda ha subido a la vez los impuestos y el gasto público, una pirueta que ha acabado resintiendo la recaudación y desbocando el déficit estructural, hasta el punto de que en el horizonte de 2017 podría dispararse del 1,9% al 3,2% . Esto demuestra que el crecimiento de la economía española, lejos de ser sólido, está ligado al ciclo económico. Finalmente, el titular de Economía ha logrado que Bruselas le conceda un año de prórroga para cumplir con el techo de déficit y que la sanción a España de 2.000 millones por la escalada de déficit no se produzca hasta después de elecciones, algo de lo que ha vuelto a advertir este viernes el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

En definitiva, por culpa de Rajoy, Montoro y Guindos España se ha empantanado en una política económica timorata y caracterizada por la debilidad de su crecimiento y por un endeudamiento insostenible. La falta de rumbo hace temer al expresidente una tormenta perfecta a corto plazo y convierte en papel mojado cualquier programa electoral que no pase por un duro ajuste.