La decisión de evitar la entrada de banderas independentistas catalanas a la final de la Copa del Rey de fútbol podría haber sido una buena medida para impedir que un acontecimiento deportivo de primera magnitud volviera a convertirse en un acto instrumentalizado por los separatistas en beneficio de su causa. Pero no va a ser así por la torpeza de la Delegación del Gobierno, que ha anunciado a bombo y platillo sus planes.

La intención de librarse del bochorno de un nuevo aquelarre secesionista como los que hemos vivido en anteriores finales merecía explorar todas las posibilidades legales. Estamos hablando de un acontecimiento que ven millones de espectadores y que preside el rey.

Ley del Deporte

El Ministerio del Interior había encontrado un argumento en la Ley del Deporte, que prohíbe específicamente la exhibición de "pancartas, símbolos, emblemas o leyendas" que constituyan "un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo". Gracias a esa disposición se ha podido retirar en muchos estadios y sin mayor polémica banderas y símbolos de carácter político no constitucionales. Lo sorprendente es que no se hubiese echado mano de esa normativa en anteriores ocasiones, lo que habría paliado el escarnio al que fue sometido el Jefe del Estado.

El error de la Delegación del Gobierno de Madrid ha sido anunciar públicamente que no permitirá la entrada al Vicente Calderón de banderas esteladas, para lo cual establecerá los pertinentes controles en la entrada. Al comunicar su resolución, se pone innecesariamente sobre aviso a quienes llevaran la intención de convertir la grada en una plataforma política, por lo que ahora buscarán toda clase de subterfugios para conseguir su propósito. Pero además se ofrece gasolina gratis a los líderes independentistas para seguir alimentando el fuego del victimismo.

Sanciones de la UEFA

Poco después de conocerse la noticia, el presidente catalán Puigdemont anunció que no asistirá a la final en respuesta a lo que considera una "grave vulneración del derecho de expresión de miles de catalanes", y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, animó al Barcelona a no jugar el partido. Si tanto es el ardor patriótico que sienten los nacionalistas por esa enseña, lo suyo sería que promoviesen un cambio en el Estatuto para sustituir la bandera oficial.

Que hay argumentos para prohibir la entrada de esteladas lo demuestran las propias resoluciones de la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, que ya ha impuesto dos multas al Barcelona por la presencia masiva de estas banderas en los estadios. La iniciativa de Interior era, pues, oportuna, pero se ha adoptado de forma torpe. Las normas que están vigentes se aplican, sin más, sin necesidad de anunciarlas.