La investigación del supuesto intento de extorsión a Cristina de Borbón por parte de Manos Limpias -a través de Ausbanc- deberá esclarecer qué papeles jugaron realmente en todo este turbio asunto el presidente del sindicato, Miguel Bernad, su compinche de la asociación de usuarios de banca, Luis Pineda, y el entorno de la infanta.

El abogado de la hermana del rey ha denunciado al sindicato por, supuestamente, haberle pedido tres millones de euros a cambio de retirarse del caso Nóos y, por tanto, de librarla del banquillo de los acusados. Sin embargo, las grabaciones policiales probarían que Miquel Roca, que tardó dos semanas en interponer su denuncia, aceptó negociar con su supuesto chantajista.

Los contactos entre acusación y defensa se produjeron a través de un intermediario de Banco Sabadell, a quien el presidente de Ausbanc le trasladó que Manos Limpias estaba dispuesta a negociar. Tres grabaciones avalan esta voluntad del sindicato. En una de ellas, el mediador aseguró a Pineda: "Roca dice que sigamos hablando y que luego entra él".

La denuncia que sirvió para desmantelar la trama de soborno -y desacreditar a la acusación popular pese a la solidez de los indicios incriminatorios- se produjo más tarde. Existen elementos suficientes para preguntarse hasta qué punto los extorsionadores no acabaron siendo dos cazadores cazados, por más que quepan pocas dudas de su catadura moral.

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Miguel Bernad admitió que pensaba retirar la acusación contra la infanta, si bien adujo que había llegado a esta determinación por su amor a España. Parece claro en cuánto tasaba su patriotismo.

La operación Chamartín, con sus 6.000 millones de euros de inversión y la generación de 120.000 empleos, está más en el aire que nunca. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, se ha sacado de la manga un contraproyecto que, en la práctica, entierra los planes del consorcio Distrito Castellana Norte (BBVA y Constructora San José) para el desarrollo urbanístico de la capital de España.

La alternativa presentada por Ahora Madrid reduce la edificabilidad en 12.000 viviendas, lo que, al rebajar drásticamente los beneficios de los promotores, convierte en prácticamente inviable la operación. Aunque Distrito Castellana Norte no ha querido aún dar por rota su relación con el consistorio, es evidente que la forma en la que el equipo de Ahora Madrid ha decidido "tomar la iniciativa" supone un jarro de agua fría a sus expectativas.

Es verdad que a Carmena le corresponde decidir cómo dirige el desarrollo urbanístico de Madrid, pero poner en la picota el proyecto urbanístico más importante de España, en términos de impacto e inversión, es una irresponsabilidad. Los técnicos de Carmena aseguran que su plan generaría aún más empleos que el original, una estimación un tanto caprichosa si tenemos en cuenta que ha sido presentado sin previsión de financiación y recogido en apenas 16 páginas llenas de inconcreciones.