De cara a la opinión pública, todos los partidos abogan por abaratar la campaña del 26-J, pero a la hora de la verdad PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos no parecen dispuestos a acordar qué gastos concretos ahorrar a los sufridos contribuyentes. Tan es así que los representantes de cada grupo se han dado una semana para llegar a un pacto: demasiado tiempo -sin duda- en comparación con la rapidez con la que el pasado 20 de marzo estos mismos grupos decidieron concederse veinte días de descanso por Semana Santa, después de que así lo pidiese el presidente de la Cámara, Patxi López.

La cuestión se complica no sólo por la resistencia de unos y otros a perder parte de los fondos públicos que les corresponden, aunque de cara a la galería digan otra cosa, sino porque en función de la partida que se reduzca, la capacidad de propaganda de unos u otros se verá limitada. En este sentido, la mesa de negociaciones habilitada este jueves en el Congreso ha ofrecido una imagen meridiana entre la vieja y la nueva política.

Salvo algunos matices, PP y PSOE no quieren perder de ningún modo los casi diez millones de euros que legalmente recibirían para sufragar su mailing, por lo que insisten en que es preferible reducir la partida destinada -según la normativa vigente- a los demás gastos de campaña: vallas, banderolas, alquiler de espacios... Por contra, Podemos y Ciudadanos prefieren recortar el buzoneo, o que se destine un sólo sobre para todas las papeletas de las formaciones concurrentes el 26-J.

Los exponentes de la vieja política descartan esta opción, que permitiría a las formaciones con menos implantación llegar a todos los rincones de España en igualdad de condiciones, alegando razones absurdas como que el "buzoneo es un derecho" (Óscar López, PSOE) que "garantiza el sufragio secreto" (Martínez Maíllo, PP).

Lo cierto es que el electorado de PP y PSOE es más mayor que el de Podemos y Ciudadanos, y que existe una brecha digital constatable entre los votantes de los viejos y los nuevos partidos. Populares y socialistas no quieren perder su capacidad probada de inundar los buzones del último pueblo de España con propaganda. Sería escandaloso que los mismos partidos que tardaron unos minutos en prorrogar sus vacaciones no se pongan de acuerdo en el modo oportuno de ahorrar a los ciudadanos la factura de su fracaso.

La fiscal Maria Luisa Morando se ha opuesto al recurso presentado por la defensa de Rita Maestre en un escrito en el que utiliza las expresiones que algunas de las participantes pintaron en su cuerpo durante la protesta que tuvo lugar en la capilla de la Universidad Complutense en 2011. De esta manera, la fiscal afirma que "las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres, bolleras, o lo que quieran ser, pero esa conducta realizada en el altar (…) implica un ánimo evidente de ofender".

Estas palabras de la representante del Ministerio Público reflejan los hechos tal y como sucedieron. Sin embargo, Ahora Madrid y su portavoz en el Ayuntamiento de la capital han utilizado esta frase sacada de contexto para incendiar las redes sociales presentándose como víctimas de prejuicios y ataques por parte de la Fiscalía. En su cuenta de Twitter, la plataforma patrocinada por Podemos ha afirmado que "seguimos siendo las brujas que no pudisteis quemar", mientras que Maestre ha declarado que este escrito "dice más de quien lo escribe que de quien está tratando de hablar". Pesos pesados de Podemos como Íñigo Errejón también han mostrado su apoyo en las redes dudando incluso de la imparcialidad de la Fiscalía.

Esta manipulación del mensaje de Marisa Morando a partir de la mera reproducción de la protesta en la que participó Maestre es vergonzosa. Lo único que ha hecho la fiscal ha sido poner un espejo delante de las mujeres que asaltaron la capilla. La reacción de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid dice mucho de ella, ya que muestra que siempre está dispuesta a tergiversar la realidad con tal de sacar rédito político.