Sucedió como lo cuento: un chico español llegó a la residencia de estudiantes de una ciudad alemana donde iba a pasar seis meses. La directora tuvo una pequeña reunión con los nuevos alumnos para informarles sobre asuntos de intendencia. Al acabar pidió que se quedase “el español”. Luego, amable pero firmemente, informó a nuestro compatriota de la severidad con que en Alemania se trata a quienes hacen descargas ilegales, y que en el caso de que usase cualquier equipo de la residencia o su red wifi para ejecutarlas, sería expulsado fulminantemente. El chico le preguntó por qué dirigía la advertencia sólo a él, y la directora contestó que únicamente tenían ese tipo de problemas con alumnos españoles.

España sigue siendo país líder en pirateo de contenidos. Según un informe de la Coalición de Creadores –que la secretaría de Estado critica sin ofrecer otro alternativo– el año pasado más del 87% de los contenidos web consumidos en nuestro país eran ilegales. Lo más curioso es que, al igual que el estudiante al que echaron el rapapolvo preventivo, un alto porcentaje de quienes burlan a diario la propiedad intelectual con descargas ilícitas están convencidos de buena fe de que no hacen daño a nadie, o incluso de que el pagar su conexión a la red les da derecho a consumir todo lo que por allí se encuentran.

La raíz del problema, como siempre, es la ignorancia: el mismo chico que navega por web ilegales descargándose videojuegos y series de televisión, jamás se plantearía entrar en el supermercado, coger un bollo y marcharse sin pagarlo. Simplemente, nadie le ha explicado que la urbanidad, la ética y el puro respeto por lo ajeno sirven también como norma de comportamiento en la feliz república de internet.

Hace dos semanas, Ciudadanos, PP y PSOE aprobaron en la Comisión de Educación del Congreso una iniciativa para incluir en todas las materias troncales de la educación obligatoria conceptos básicos sobre propiedad intelectual y funcionamiento de las industrias culturales. Frente a otras alternativas para luchar contra las descargas ilegales, es necesario dar una oportunidad a la educación, que ha jugado un papel eficacísimo en el despertar de la conciencia ecológica, la pelea contra el tabaquismo o el incremento de la seguridad vial.

Podemos votó en contra de la iniciativa. Para ellos, explicar a los críos que hay que respetar la ley es “adoctrinarlos”. El comentario escríbanlo ustedes. A mí me da la risa. O tal vez algo de miedo.