El modo en que algunos de los máximos representantes políticos vinculados a la gestión cultural han huido del test que EL ESPAÑOL les ha intentado hacer sobre El Quijote es ilustrativo del desinterés que esta obra universal merece entre quienes más ganas deberían tener de honrar al más grande escritor en español, de cuya muerte se cumplen 400 años. Aprovechando los actos conmemorativos de este martes en el Congreso de los Diputados, hemos intentado formular algunas preguntas elementales sobre el universo del Caballero de la Triste Figura, como cuál era el nombre del hidalgo protagonista, y la espantada ha sido general. El ministro Íñigo Méndez de Vigo; el presidente de la Comisión de Cultura, Toní Cantó; el presidente del Parlamento, Patxi López; y la vicepresidenta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, han eludido confrontar ante la cámara sus conocimientos cervantinos con vagos pretextos o dando la callada por respuesta, como demuestra el vídeo que publicamos en nuestra web. Sólo la diputada socialista Irene Lozano se ha atrevido a pasar la prueba. La espantada de los políticos es ilustrativa de la mezcla de obligación y desgana con la que la Administración afronta -tarde y mal- el IV Centenario. Alguien debería advertir a sus señorías que a celebrar a Cervantes se viene leído.

Las pesquisas para investigar la trama de extorsión organizada a través de Ausbanc permiten deducir el modus operandi denunciado ya ante la policía por directivos de entidades financieras como BBVA o la extinta Caja Madrid. Según sus testimonios, el presidente de esta asociación de usuarios de banca, Luis Pineda, les exigía grandes sumas de dinero a cambio de no arruinar su reputación en la revista Ausbanc y el periódico Mercado de Dinero. Muchas entidades, al ser el negocio bancario muy sensible a la imagen pública, cedían a las presiones y pagaban el chantaje mediante inserciones publicitarias. Pues bien, un primer muestreo de los ingresos en anuncios obtenidos por estos medios corroborarían las denuncias de estos ejecutivos. En apenas tres años, entre 2010 y 2012, ambos periódicos facturaron la friolera de cuatro millones de euros de 30 entidades financieras, más otros tres millones de empresas de otros sectores. Ni la tirada, ni la calidad de ambos medios justificarían este volumen de ingresos publicitarios en años de crisis, lo que agrava la sospecha de que esos pagos corresponden principalmente al impuesto revolucionario de Ausbanc.