La renuncia de José Manuel Soria el pasado viernes ha puesto de relieve una vez más la tensión entre las dos facciones que se disputan el poder en el Gobierno. El sábado se publicó en el BOE el Real Decreto por el que se dispone que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, asume el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta maniobra es la última en una serie de enfrentamientos entre el grupo de ministros del que era miembro Soria- el llamado G-8, que ahora se ha quedado en G-7- que se opone a la creciente influencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los aliados de ésta. Gracias a esta nueva responsabilidad, Guindos podrá servir de contrapeso a la acumulación de poder de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y firme partidario de la vicepresidenta, y de su hermano Alberto, secretario de Estado de Energía y hasta ahora número dos de Soria. Debido a los vínculos del clan Nadal en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de no ser por la designación de Guindos para que asuma las funciones de Industria todo el poder económico quedaría en manos de los sorayos. Cada vez es más evidente que en esta guerra interna, José Manuel Soria ha sido víctima no sólo de sus errores sino también de las luchas fratricidas en el Gobierno.

Según revela en exclusiva EL ESPAÑOL, el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez ocultaba en su casa una carpeta con documentación personal de Luis Bárcenas. Entre estos documentos, que fueron requisados por la UCO en el marco de la operación Púnica el pasado mes de febrero, se encuentran los papeles relacionados con las obras de reforma realizadas por el ex tesorero del PP en sus viviendas de Madrid y Guadalmina, así como documentación de la adquisición de su chalé en Baqueira Beret. Esta información abunda en la sospecha de que estos inmuebles fueron sufragados en parte con fondos provenientes de la caja B del PP. Otro dato que parece corroborar esta teoría es la tarjeta de visita, que también se encontró en el registro, del propietario de la constructora Copisa Josep Cornadó. Esta empresa fue la promotora del citado chalé y figura, además, como donante de dinero negro en los denominados papeles de Bárcenas. La familia del ex tesorero ha asegurado a este periódico que la presencia de esta documentación en casa del exgerente del PP madrileño es "fruto de la casualidad", ya que la amistad entre las mujeres de ambos llevó a Rosalía Bárcenas a "olvidarse" la carpeta en una de sus visitas. La Justicia debe ahora investigar si esta documentación fue realmente olvidada o si la intención de Bárcenas fue ocultarla, tal y como sostiene la Guardia Civil.

La consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE Enriqueta Chicano quiere que edificios históricos secularmente vinculados a la Corona, como los palacios de Aranjuez y La Granja, o los monasterios de Yuste y El Escorial, dejen de pertenecer a Patrimonio Nacional y pasen a formar parte del Patrimonio del Estado. La revisión de la adscripción jurídico administrativa -consecuencia de la primera fiscalización del Patrimonio Nacional por parte del Tribunal de Cuentas- afectaría también a los reales patronatos y sus fundaciones. Se trata de una propuesta no exenta de polémica, pues privaría formalmente a los reyes del uso y servicio de lugares emblemáticos, pero pone sobre la mesa un debate pertinente sobre los bienes adscritos a la Casa Real. Hubo un tiempo en que la Corte llevaba una existencia itinerante entre Aranjuez, La Granja y El Escorial. Sin embargo los reyes ya no usan estos lugares desde hace siglos, por lo que en muchos casos han perdido su fin original. Además, muchos de estos palacios son deficitarios y principalmente sostenidos con fondos estatales, por lo que no sería descabellado que pasen a engrosar el Patrimonio del Estado.