El merodeador

El escándalo no es el ministro Soria sino la amnistía fiscal , Un juicio por la gestión del dinero público cuando era alcalde de Vitoria , La victoria de Keiko Fujimori, ¿un posible retorno al autoritarismo?

El escándalo no es el ministro Soria sino la amnistía fiscal

El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha negado este lunes que fuera directivo de una empresa offshore llamada UK Lines Limited, como consta en uno de los documentos incluido en los Papeles de Panamá. El político canario, que ya negó esta información en una conversación con EL ESPAÑOL este mismo domingo, se ha mostrado claro y contundente y ha manifestado que esta compañía era una sociedad con la que había trabajado la empresa familiar. Los documentos que implican al ministro de Industria son por lo menos dudosos. En septiembre de 1992, el bufete Mossack Fonsaca inscribía como administradores de UK Lines Limited a Tomás Poggio Méndez Fernández de Lugo y José Manuel Soria, pero en noviembre de este mismo año, una carta dirigida al bufete informaba que uno de ellos "había sido nombrado de forma errónea", y en lugar de José Manuel Soria se pidió poner como administrador a su hermano. UK Lines Limited se disolvió en marzo de 1995, pocas semanas antes de que empezara la carrera política del ministro. Soria ha hecho lo correcto al pedir a sus abogados que colaboren con las autoridades para despejar toda sospecha. En cualquier caso, esta información permite reflexionar sobre el alcance de la responsabilidad política de una persona que, de haber sido directivo de una compañía offshore, lo hubiese sido antes de iniciar su carrera política. Otras cosa son las implicaciones del escándalo que deben derivarse de los Papeles de Panamá. El Gobierno debe replantearse el estatus jurídico de este país para que sea considerado paraíso fiscal. También es razonable la petición de Albert Rivera de que Rajoy dé a conocer cómo se ha llevado a cabo el proceso de amnistía fiscal, ya que sería inadmisible que personas con dinero oculto amasado de posibles actividades corruptas se hubieran beneficiado.

Un juicio por la gestión del dinero público cuando era alcalde de Vitoria

La gestión del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, cuando era alcalde de Vitoria y la de quien fue su concejal en este consistorio y actual vicesecretario del PP, Javier Maroto, están bajo sospecha. El Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la gestión de las Administraciones, debe decidir si ambos -y otros ediles- tienen que reintegrar al Ayuntamiento medio millón de euros. Esta cifra es el supuesto perjuicio que Alonso habría causado al firmar un contrato de arrendamiento de oficinas con un empresario local. Si ambos políticos son condenados su futuro político estará muy comprometido porque se habrá probado que fueron negligentes con el dinero público. La denuncia proviene del actual equipo municipal, en manos del PNV. La consejera a la que corresponde el enjuiciamiento, propuesta por el PSOE e IU, debe demostrar su autonomía de criterio para que nadie pueda afirmar que el caso está políticamente contaminado.

 

La victoria de Keiko Fujimori, ¿un posible retorno al autoritarismo?

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ha ganado la primera vuelta de las elecciones peruanas con un 39,18 % de los votos. Sin embargo tendrá que disputar una segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski, del derechista Peruanos Por el Kambio. No sería la primera vez que la candidata del partido Fuerza Popular se queda a las puertas del poder: en 2011, ya perdió en esta segunda ronda contra Ollanta Humala, un ex oficial del ejército que consiguió aglutinar el apoyo de los antifujimoristas. Las encuestas indican que el resultado final será difícil de predecir, ya que estos votantes podrían una vez más reunirse detrás de su rival. Es indudable de que el nombre Fujimori despierta el recuerdo de una época marcada por el autoritarismo y las ejecuciones extrajudiciales. El líder populista, que en 1990 disolvió el Congreso y gobernó con mano férrea durante una década, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de corrupción y lesa humanidad. A pesar de que su hija ha intentado distanciarse de este legado- por ejemplo prometiendo que no indultará a su padre si es elegida y firmando un documento en el que promete respetar los derechos humanos- los críticos temen que su candidatura signifique un retorno al autoritarismo. Un miedo comprensible teniendo en cuenta la historia reciente de Perú.