La negativa de los Mossos d'Esquadra a presentar ante la Comisión Antiviolencia un informe sobre los gritos homófobos contra Cristiano Ronaldo en el Camp Nou el pasado sábado demuestra hasta qué punto ha llegado el desafío separatista. No es la primera vez que los agentes catalanes se niegan a colaborar con la Policía Nacional. Varios cargos del Gobierno denuncian que esta "consigna de desobediencia pasiva" es la tónica desde el último año del tripartito. Por ejemplo, tras la pitada del himno nacional del pasado mayo, los mossos también omitieron su testimonio a la Policía Nacional. Esta negativa a colaborar con las fuerzas de seguridad constituye un reto inadmisible al Estado. También supone una afrenta añadida al futbolista del Real Madrid, ya que sin el informe preceptivo no se puede iniciar un proceso para sancionar a los culpables. Resulta pasmoso que en su obcecación independentista el Gobierno catalán esté dispuesto a dejar sin castigo a las personas que profirieron gritos homófobos contra el jugador.

A pocas horas de la reunión a tres bandas entre Podemos, Ciudadanos y PSOE de este jueves, los dos representantes de la nueva política han vuelto a protagonizar un agrio enfrentamiento en el Congreso. Durante el último pleno, en el que el presidente de funciones compareció para explicar la actuación del Gobierno en la cumbre europea sobre inmigración, Pablo Iglesias arremetió contra el "cuñadismo ideológico" de Albert Rivera por esconder "tópicos rancios" sobre la política migratoria. Como respuesta, el líder de Ciudadanos acusó de enchufismo a la formación morada y preguntó por "ese dinero que recibieron del régimen chavista". La pelea no se quedó en el Congreso, ya que representantes de ambos partidos siguieron lazándose pullas en Twitter a lo largo del día. El ambiente no podría ser más tenso. A pesar de la voluntad de colaboración que proclaman ambas formaciones, estas escaramuzas ponen de relieve las diferencias casi insalvables entre Podemos y Ciudadanos. A menos de un mes para la cuenta atrás, un acuerdo de tripartito parece poco menos que imposible.

Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, lo que supone un aumento de más del 50% con respecto al año anterior y la cifra más alta desde 1989. Esta es una tendencia preocupante. Aunque es cierto que los estados que utilizan la pena de muerte constituyen una minoría cada vez más aislada, en países como Arabia Saudí, Pakistán e Irán las ejecuciones, muchas de ellas tras flagrantes juicios injustos, están a la orden del día. Las potencias mundiales tampoco se salvan de estar en la lista. Como en todos los informes anuales de la ONG las estadísticas no incluyen a China por falta de información fidedigna, pero aún así la organización calcula que el Gobierno de Xi Jinping condenó a muerte a miles de personas más. El otro patrón que se repite es el de Estados Unidos, que una vez más vuelve a ser la democracia que más ejecuciones realizó en 2015. Este incremento de la pena de muerte en pleno siglo XXI es inadmisible. La comunidad internacional debe presionar a estos países, sean o no sean potencias mundiales, para que esta práctica deplorable deje de llevarse a cabo.