El jefe de Podemos cree haber encontrado en la invocación de un "pacto a la valenciana" una réplica efectiva para desviar la atención de los emplazamientos con que propios y ajenos -Manuela Carmena y Pedro Sánchez- le reprochan el salvamiento de Rajoy y la perpetuación del estado de cosas que vino a demoler.

Pero el acuerdo que permitió al socialista Ximo Puig y Mònica Oltra dar carpetazo a dos décadas de régimen popular en la Comunidad Valenciana ni se parece al que pretende Pablo Iglesias para el conjunto de España, ni de su balance puede concluirse que sea una varita mágica capaz de resolver los problemas estructurales heredados; estos sí homologables a los que padece el resto del país.

La Comunidad Valenciana sufre un desempleo y una deuda insoportables; tolera una financiación injusta que apenas le permite mantener unos servicios públicos en decadencia; se sostiene gracias a una economía poco competitiva y lastrada por el monocultivo del ladrillo y la dependencia de sectores estacionales como el turismo y la hostelería; y sobrelleva mal que bien el estigma de una corrupción sistematizada durante años en las almenas del poder.

Nueve meses después del cambio de tornas, los problemas siguen siendo -lógicamente- los mismos, de tal modo que el principal activo del bipartito valenciano y sus réplicas en las tres capitales y otros ayuntamientos del cambio sigue siendo el recuerdo bochornoso de sus antecesores, regularmente regado en los juzgados y caricaturizado por los programas de La Sexta para regocijo y nutriente de una querencia acomplejada digna de estudio.

Las buenas maneras de Puig y la astucia de Oltra alcanzan a mantener vivos los espectros de Camps, Barberá, Rus, Fabra o Ripoll, pero no sirven para pasar por alto una gestión en la que los debates posicionales sobre si se le pone falda a los semáforos o si se socializa el balcón del ayuntamiento para que el vulgo vea mascletás dominan una gestión no exenta de episodios de nepotismo, entre otros desafueros.

Por otro lado, ni el "pacto a la valenciana" incluye a ninguna derecha nacionalista que exija la autodeterminación como excusa para romper España, como sucede en el acuerdo que busca Iglesias, ni su partido en aquella Comunidad se involucró en la gestión del Gobierno que él ahora alaba. Habrá que entender entonces que el único anhelo del jefe de Podemos es justificar su estupefaciente pinza con Rajoy mientras intenta pasar a Sánchez una factura tan abultada como la que Oltra hizo pagar a Puig: una vicepresidencia y consejerías tan importantes como las de educación y cultura, economía y transparencia.

El Gobierno a la valenciana ha traído un aire nuevo. Pero ni es la panacea que sugiere Pablo Iglesias ni acogerse a ese acuerdo hace olvidar que Podemos es ahora mismo el principal obstáculo para el cambio.