El juez de Instrucción 18 de Valencia, encargado de la investigación por la operación Taula y de la pieza separada referente al presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP, ha puesto el foco de la investigación sobre Rita Barberá al dirigirse al Senado para que acredite su condición de senadora. Este escrito es el paso previo para remitir la causa al Tribunal Supremo y abre la puerta a su posible imputación. La situación de Barberá, que permanece desaparecida de cualquier acto público desde que estalló este caso, se ha vuelto insostenible. Este mismo lunes, agentes de la Guardia Civil arrestaron durante varias horas al que fue su mano derecha y vicealcalde, Alfonso Grau, por un presunto delito de cohecho. El presidente del Gobierno. Mariano Rajoy, ha afirmado que hasta que no se sepa de qué acusa a la senadora “hay que ser justos” y no emitir un veredicto, y ha recordado el caso de José Manuel Soria, que fue acusado de un supuesto delito de cohecho que luego quedó en nada. Sin embargo, el presidente confunde la responsabilidad penal con la responsabilidad política. Tras el alud de sospechas e imputaciones en su círculo más próximo, la exalcaldesa no puede seguir mirando para otro lado, al margen de que en el futuro los tribunales pudieran eximirla o no en el ámbito penal. 

Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en Nóos ha afirmado en el juicio que Corinna zu Sayn-Wittgenstein le mandó un correo con copia a Juan Carlos I en el que le proponía que la fundación creara una sociedad opaca en Londres. Torres pretende que se sepa que la Casa Real estaba al tanto de las irregularidades y que, por tanto, era cómplice de lo que se hacía en Nóos. Es evidente que está dolido y furioso, "como un jabalí herido", tal y como relatamos hoy en EL ESPAÑOL. Al actuar como lo hace, intenta involucrar a la Corona, seguramente en un intento por tratar de exculparse de los delitos de los que se le acusa. Sin embargo eso no le servirá para eludir su responsabilidad en la trama delictiva. Ahora bien, la mención a la amiga del monarca también confirma que este juicio puede acabar convirtiéndose en un examen al reinado de Don Juan Carlos, o al menos, poner de relieve algunas de las sombras que lo acompañaron.

EL ESPAÑOL avanzó este domingo que la primera fecha elegida para iniciar el proceso de investidura, el 2 de marzo, obligaría a retorcer la interpretación de la ley para que unas hipotéticas elecciones anticipadas se celebrasen en domingo. Aunque no existe ninguna normativa que establezca que las elecciones deben celebrarse este día, así se ha hecho en todas las generales desde 1986 por la sencilla razón de que es el día más apropiado, al ser festivo para la mayoría de ciudadanos. Con el adelanto del inicio del proceso para asegurarse de que, si hay nuevas elecciones, tendrán lugar el 26 de junio, el presidente del Congreso asume los argumentos de EL ESPAÑOL y actúa con responsabilidad. Lo otro hubiera sido una chapuza. Cuestión distinta es que tenga sentido adelantar sólo al día 1 el discurso de Sánchez y no las primeras réplicas, como ha denunciado Podemos.