La imputación de todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, entre medio centenar de asesores y exediles próximos a Rita Barberá, compromete gravemente el futuro político de la senadora, blindada -de momento- de las pesquisas judiciales de la operación Taula por su condición de aforada: sólo puede investigarla el Supremo. El juez cree que la cúpula y los cuadros medios del PP de Valencia blanqueaban el dinero de las comisiones ilegales simulando donaciones de mil euros que el grupo municipal les reponía en metálico. Génova ya está dejando de proteger a la exalcaldesa, a quien este lunes ha emplazado a dar explicaciones. Con todo, soltar lastre tampoco va a librar a a la dirección nacional de sus propias responsabilidades políticas en este turbio asunto. Todo indica que los imputados cumplían órdenes según un patrón establecido desde arriba: es importante saber quién o quiénes organizaron este sistema de blanqueo con el que se sufragaron gastos electorales. Por otro lado, hay un problema institucional y político sin precedentes, ya que son tantos los investigados que la dirección nacional del PP no sabe qué hacer para recomponer a su grupo municipal en la tercera ciudad de España.

La declaración testifical, este martes, del comisario José Manuel Villarejo ante el juez arroja dudas fundadas sobre el controvertido papel del director general de la Policía. La Justicia investiga la reunión en la que grabó al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cuando éste le pedía que no trascendieran los detalles sobre la compra de su ático en Marbella. Según el comisario, Ignacio Cosidó le "ordenó" a él y a otros agentes que interrumpieran las pesquisas para esclarecer la adquisición de aquel dúplex de lujo a través de un testaferro. Además, asegura que fue "presionado" como nunca en su carrera para que dejara el caso y que llegó a sentirse "coaccionado" por su superior. Más allá del desenlace del juicio sobre la filtración de la grabación a González, de la declaración de Villarejo se infiere que el director general de la Policía podría haber intentado parar una investigación para proteger a su amigo y compañero de partido. El caso ático, que acabó costando la carrera política al expresidente madrileño y que sigue abierto, toma así una nueva derivada que debe investigarse también hasta sus últimas consecuencias.

Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, presidente y ex presidente del F.C. Barcelona, se remitieron este martes a su declaración de julio ante Pablo Ruz para no contestar en la Audiencia Nacional a las preguntas de José de la Mata. El magistrado investiga otra causa abierta a raíz de estallar el caso del confuso fichaje de Neymar. Bartomeu y Rosell tienen perfecto derecho a guardar silencio porque están imputados, pero es evidente que su intención no es precisamente la de colaborar con la Justicia, sino más bien lo contrario. El fondo de inversión brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos federativos del delantero, ha denunciado a ambos directivos y al jugador por estafa, pues recibieron la parte proporcional de un traspaso formalizado en 17 millones cuando su precio real -según trascendió de la primera investigación abierta en la Audiencia Nacional- ascendió a 83. Rosell y Bartomeu, que afrontan penas superiores a 7 y 2 años de cárcel, ocultaron el coste real del fichaje no sólo para defraudar a Hacienda, sino también para engañar al fondo de inversión.