El rugido del león

Gana la Justicia, pierde el Gobierno, sufre la Infanta

El fallo por el que se aprueba juzgar a Cristina de Borbón en el "caso Urdangarin" parece lógico desde el momento en el que el Tribunal justifica que el delito contra el fisco es un delito contra el conjunto de la sociedad. Lo que se dilucidaba era si a la hermana de Felipe VI le era aplicable la denominada "doctrina Botín", circunstancia que le podría librar del banquillo.

El Supremo estableció en su día que no bastaba la acusación popular por sí sola -como ocurre en este caso- para llevar a alguien a juicio. Es decir, que es imprescindible que haya una acusación particular -un perjudicado, una víctima- o que acuse la Fiscalía. Ahora bien, después matizó que cualquier persona puede dar pie a que se inicie un proceso penal cuando el delito que denuncia "afecta a bienes de titularidad colectiva".

La Audiencia Provincial de Baleares considera que al defraudar a Hacienda se está perjudicando al conjunto de la población, pues el delito fiscal tiene naturaleza "difusa, colectiva o meta individual" y, por tanto, queda "plenamente justificada" la "participación de los ciudadanos en el proceso". En este caso, la acusación popular la ha ejercido el sindicato Manos Limpias. Técnicamente, ha prevalecido la tesis de que el "Hacienda somos todos" no sólo es un eslogan publicitario, como torpemente defendió la Abogacía del Estado en la apertura del juicio.

Un hecho histórico

Asistimos de nuevo, por otra parte, a un hecho histórico. Ya lo fue que una infanta de España fuera imputada. Ahora lo es que vaya a ser juzgada. Y lo será como cómplice de los delitos fiscales de su marido.

Antes incluso de que se abra el juicio oral de aquí a diez días ya hay un perdedor: el Gobierno. Desde instituciones que controla, como la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria, intentó por todos los medios dejar a la Infanta fuera del banquillo. Particularmente damnificada ha salido Hacienda, tan inflexible con los contribuyentes de a pie y tan magnánima con Doña Cristina, hasta el punto de aceptarle como deducibles gastos que fueron acreditados con facturas falsas. No es aventurar demasiado que el desgaste y el deterioro que ha sufrido la imagen del Estado de derecho como consecuencia de todo ello habrían sido aún mayores si Doña Cristina no hubiera sido finalmente juzgada.

Es obvio que tras el procedimiento y los focos hay también un drama humano. Tal y como hoy desvelamos en EL ESPAÑOL, la Infanta lloró tras conocer la decisión del Tribunal. Se siente víctima de un linchamiento público; considera que se han ensañado con ella por ser quien es, igual que cree que le ocurrió a la Pantoja; sufre por el daño que este episodio pueda causarle a sus hijos; está espantada ante la hipótesis de ir a la cárcel; y teme por su puesto de trabajo en La Caixa.

Presunción de inocencia

Está claro que ser hija y hermana de rey la ha perjudicado, en el sentido de la enorme repercusión pública que ha tenido su caso, que ha saltado a las páginas de los diarios del mundo entero. Y es cierto que así es difícil evitar los juicios paralelos. Aún no habiendo sido juzgada ni condenada, para una gran parte de la opinión pública ya es culpable. Sin embargo, ostentar una representación como la que ella ha disfrutado tiene esa peculiaridad. Ser miembro de la Familia Real comporta muchas ventajas y algunos inconvenientes, como el de exponerse al azote de los medios de comunicación en el caso de cometer deslices. Los suyos, han sido graves.

Es impensable que Cristina de Borbón desconociera las actividades de su esposo, Iñaki Urdangarin. Está acreditado que disfrutó del dinero que él obtenía. Pero además, su condición de Infanta se utilizó como gancho en el folleto publicitario del Instituto Nóos para captar fondos de las instituciones. Ella tampoco se mostró colaboradora en la instrucción, contestando con evasivas a la mayoría de las preguntas del juez. Ahora bien, todo ello no destruye su presunción de inocencia, y tan justo será que sea condenada como absuelta por un Tribunal que ha demostrado con creces su independencia. La Justicia podrá llegar hasta el final de los hechos y depurar responsabilidades, de lo cual cabe felicitarse.