La puesta en libertad del expresidente del PRI, Humberto Moreira, obliga a afinar la actuación de la UDEF, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional en la investigación por el caso de corrupción del que se le acusaba. El exgobernador del estado mexicano de Coahuila ingresó en la cárcel hace una semana, tras aterrizar en Barajas, imputado por blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Sin embargo, el magistrado Santiago Pedraz no ha tenido más remedio le ha dejado libre al considerar que ha acreditado las transferencias desde México de 200.000 euros que servían para sostener tan graves acusaciones. La trayectoria de este controvertido expolítico, supuestamente implicado en importantes escándalos y relacionado con la banda criminal Zetas, arroja dudas sobre su honradez y la investigación, iniciada tras un informe de EEUU, está justificada. Ahora hace falta agotar todas las pesquisas para comprobar si estas graves imputaciones son ciertas.

Siguen rodando cabezas por el caso Acuamed. Este viernes, Federico Ramos, el que fue presidente del Consejo de Administración de la empresa pública en 2014, ha presentado su dimisión como subsecretario de Presidencia. Los investigadores de la trama de corrupción sospechan que el que ha sido hasta ahora el número tres y mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría pudo haber favorecido a la constructora FCC con contratos irregulares. Sin embargo, en su comparecencia de este viernes en la COPE, la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, no ha mencionado esta posible implicación, y de hecho ha exculpado de toda responsabilidad a la cúpula de la entidad encargada de desarrollar las infrastructuras de las cuencas hidográficas del Mediterráneo. Según la ministra, en la supuesta trama de corrupción "todo está circunscrito al ámbito de la empresa". Esto resulta difícil de creer, ya que los contratos por valor de 40 millones de euros pasaban por el Consejo de Administración. Tejerina no puede intentar eludir tan fácilmente su responabilidad. La vicepresidenta del Gobierno también debe explicar por qué promocionó a una persona que ahora se ve envuelta en un caso de corrupción.

El auge de movimientos de ultra derecha en países europeos es cada vez más alarmante. En Alemania, el partido Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente), fundado por Lutz Bachmann, ha pasado de ser una formación que atraía a apenas dos mil o tres mil simpatizantes a llegar a reunir a 20.000 personas en una sola de sus manifestaciones. Al igual que ha pasado con el Frente Nacional en Francia o el Partido Popular Danés en Dinamarca, Pegida aprovecha la llegada masiva a Europa de demandantes de asilo y las agresiones sexuales que ocurrieron en Colonia para difundir un mensaje de islamofobia e intolerancia que recuerda a los peores momentos de la historia europea. Lo má preocupante es que ahora no todos los que apoyan a esta formación pertenecen a la tradicional escena de la ultraderecha alemana: en las últimas marchas que estos extremistas han organizado en Dresde no había individuos de estética neo-nazi. El crecimiento y normalización de este tipo de partidos es en parte resultado de la pésima gestión de la UE ante la crisis de refugiados. La comunidad internacional no ha sido capaz de formular un mensaje contundente y unificado que vacune al electorado contra el virus de la xenofobia.