El PSOE no puede mirar para otro lado mientras las sospechas de financiación ilegal se ciernen sobre quien durante ocho años fue uno de sus referentes como responsable de la segunda federación socialista del país: Tomás Gómez. La investigación judicial de las facturas publicadas en exclusiva por EL ESPAÑOL, que probarían que la red Púnica pagó la campaña de 2003 en la que el entonces alcalde de Parla se convirtió en el edil más votado de España, obliga al PSOE a actuar internamente para depurar responsabilidades políticas. Ni el respeto a los tiempos de la Justicia ni la salida forzada de Tomás Gómez de la dirección de Madrid hace diez meses eximen a los socialistas de abrir un expediente interno y ofrecer explicaciones convincentes. Ante un escándalo de esta dimensión el PSOE no puede pretender hacer como si la cosa no fuese con él; entre otras razones, porque mientras el ex secretario general del PSM siga teniendo carné socialista, Pedro Sánchez no podrá dar lecciones de regeneración política ni reprochar al PP sus casos de corrupción.

Mientras Albert Rivera abarrotaba este domingo el Palacio de Vistalegre con 9.000 simpatizantes y Pablo Iglesias desplegaba toda su artillería política en la Caja Mágica de Madrid ante otros diez mil, Mariano Rajoy no lograba convocar a 4.000 personas en la plaza de toros de Las Rozas. A la hora de buscar responsabilidades por este llamativo pinchazo en el mitin central de campaña del PP, el equipo de Rajoy culpa a Esperanza Aguirre, a quien como presidenta regional del partido le hubiera correspondido movilizar a los militantes. Con todo, el propio Rajoy es responsable de no haber mostrado interés alguno en restañar heridas internas, un desdén al que evidentemente no es ajeno la militancia de Madrid. En este asunto llueve sobre mojado porque el exconsejero Francisco Granados ya denunció a través de una carta en EL ESPAÑOL que durante la campaña de 2011 Aguirre "quería la menor movilización posible para que Rajoy no tuviese un buen resultado en Madrid". Lo que está claro es que la mala relación entre ambos dirigentes ha mermado la capacidad de convocatoria del PP. También es verdad que un candidato más atractivo y solvente habría movilizado por sí solo a sus simpatizantes y votantes.

Cuando en 2010 Manuela Carmena y su marido disolvieron su sociedad de gananciales, antes de cerrar el estudio de arquitectura que él dirigía dejando a deber más de 100.000 euros en sueldos a sus trabajadores, no imaginaban que este feo asunto podría marcar en el futuro la carrera política de la actual alcaldesa de Madrid. De hecho, ambos respiraron tranquilos después de que un juzgado de la capital archivase provisionalmente la denuncia de los empleados por alzamiento de bienes. Pero el caso sigue abierto porque el sindicato Manos Limpias recogió el testigo y se querelló en los juzgados de Segovia tras comprobar que entre los bienes gananciales transferidos hay una parcela urbanizable de 2.835 metros cuadrados en El Espinar. Una jueza de Segovia se ha inhibibido en favor de los juzgados ordinarios de Madrid advirtiendo de que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de delito". No es frecuente que un auto de inhibición incluya consideraciones tan expresivas. La justicia debe investigar si la alcaldesa, antes juez y abogada laboralista, lo puso todo a su nombre para no responder con el patrimonio común a las deudas de su marido con su plantilla.