El rugido del león

¿Cómo sabemos que ni el PP ni el PSOE se siguen financiando ilegalmente?

A medida que el cerebro del caso Púnica y sus colaboradores tiran de la manta, mayores son las vergüenzas de PP y PSOE que quedan al descubierto. La secretaria del empresario David Marjaliza ha puesto a disposición del juez Eloy Velasco una decena de facturas que prueban que una de sus sociedades sufragó gastos electorales por nada menos que 244.000 euros de la campaña que permitió al alcalde socialista de Parla Tomás Gómez convertirse en el edil más votado de España en 2003, en una ciudad de más de 50.000 habitantes.

Aquellos comicios, en los que Tomás Gómez logró un resultado mítico del 75% de los sufragios dispararon su meteórica carrera ascendente. En 2007, Gómez revalidó su mayoría absoluta en Parla y se convirtió en uno de los barones del PSOE como secretario general de la segunda federación socialista del país y en 2011 se convirtió en el candidato a la Comunidad de Madrid tras doblarle el pulso en primarias a la candidata del zapaterismo, Trinidad Jiménez. La fuerza de Invictus, tal y como él mismo se presentó en unos carteles, parecía no tener límite.

Aunque David Marjaliza ya apuntó que la Púnica no era una trama exclusiva del PP, cuando declaró en junio en la Audiencia Nacional que Gómez y un exalcalde socialista de Cartagena recibieron mordidas de hasta 400.000 euros por adjudicar terrenos para viviendas protegidas, los detalles que ahora desvelamos reinciden en la sospecha de que la podredumbre es transversal en el bipartidismo.

Salto cualitativo en la instrucción

Según los recibos a que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, una promotora de viviendas de Marjaliza, pagó 35.000 folletos impresos, 3.000 banderas, 9 vallas publicitarias, un vídeo o el servicio de catering al PSOE de Parla. Estos documentos suponen un salto cualitativo en la instrucción del caso, ya que una investigación hasta ahora centrada en delitos fiscales, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y malversación se extiende a un nuevo frente: el de la financiación ilegal de un partido político.

No se puede afirmar -al menos de momento- que además de para la compra de voluntades de alcaldes y cargos del PP, parte de las comisiones pagadas por los cerebros de la Púnica no fueran para financiar también a este partido.

Sin embargo, si reparamos en que mientras Bárcenas cobraba en B y destinaba este dinero a pagar sobresueldos y actos de partido, Marjaliza pagaba la campaña de Gómez; que en 2003 (y en 2007) la Gürtel montaba los mítines del PP en Madrid, Valencia y Baleares también a cambio de adjudicaciones; y si recordamos también la trama de los ERE en Andalucía, por no remontarnos a Filesa o al caso Naseiro, sólo podemos concluir que los dos grandes partidos concurrieron dopados a los comicios durante mucho tiempo.

Unidos entonces en la servidumbre de la corrupción, ¿quién puede garantizar ahora que los mismos partidos no siguen financiando ilegalmente sus campañas cuando los mismos personajes han seguido hasta hace muy poco o siguen muy en primera línea? En el caso del PSOE, Pedro Sánchez apartó a Tomás Gómez en febrero pasado, pero sigue siendo militante e inexplicablemente Ferraz no le ha abierto un expediente pese a que los indicios incriminatorios se conocen desde que los desveló EL ESPAÑOL en octubre. Además, si Griñán y Cháves han dejado sus escaños ha sido más por la presión de Ciudadanos que por estar imputados en el caso ERE.

Lagunas en la reforma de 2012

Por lo que respecta al PP, empezando por Mariano Rajoy -a quien Bárcenas pagaba en B cuando era ministro- y siguiendo por Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, es evidente que siguen mandando los mismos políticos que dirigían el partido en la época de la requeteprobada financiación con dinero negro.

Basta reparar en las lagunas de la reforma de 2012 de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que permite a las fundaciones recibir donaciones sin límite, que prohíbe a las empresas hacer donaciones pero deja el campo libre a sus directivos si lo hacen en calidad de particulares, que posibilita el blanqueo de donaciones anónimas y que blinda la opacidad -entre otros dislates-, para afirmar que los ciudadanos harán muy bien en seguir teniendo bajo sospecha a PP y PSOE. Al menos, mientras no se cambie la ley para que los dirigentes de una formación condenada por financiarse de forma irregular sean inhabilitados de por vida para el desempeño de un cargo público.

No parece aventurado temer que los dos candidatos de la vieja política, Rajoy y Sánchez, acaben pasando de puntillas sobre el problema de la financiación ilegal, o enrrocándose en el "¡Y tú más!", en el debate televisivo de este lunes. Tampoco parece discutible que el compromiso de las dos fuerzas emergentes para atajar la lacra de la corrupción es mucho mayor que en el caso de PP y PSOE. Sobre todo, porque tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias, son conscientes de que es precisamente ese compromiso el que da sentido y fuerza a sus liderazgos.