Algunos sondeos aseguran que Podemos adelantará al PSOE y se convertirá en la tercera fuerza política en el Congreso, lo que confirmaría la "remontada" que viene proclamando Pablo Iglesias desde que arrancó una campaña. Paradójicamente, la estrategia de pactos preelectorales de este partido ha sido tan atropellada que una mayor representación parlamentaria no garantiza a Podemos mayor capacidad política en el Congreso. Las cesiones frente a Ada Colau en Cataluña, Mònica Oltra en Valencia y Xosé Manuel Beiras en Galicia han sido tantas que la candidatura resultante es una amalgama en la que los candidatos nombrados por el partido fundado en la Facultad de Políticas de Madrid son muy pocos: la mayoría fueron designados por sus socios circunstanciales o son independientes. Por si esto fuera poco, la intención de las distintas facciones es intentar formar grupos propios representativos de la singularidad de cada marca territorial. Es evidente que Iglesias y Errejón van a tener muchas dificultades no sólo para imponer la disciplina de voto sino para fijar una posición unitaria y mostrar coherencia en el discurso.

El Tribunal de Cuentas ha publicado esta semana un informe de fiscalización que muestra el caos absoluto que es la gestión del empleo en España. El Gobierno no sabe si lo que se le debía a 31 de diciembre de 2013 en concepto de prestaciones por desempleo injustificadas eran 563 millones, como sostienen las estadísticas del SEPE -un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo-, 582 millones, según las direcciones provinciales, o 769 millones de euros, como cita este informe. Desde el comienzo de la crisis, la cuantía de las prestaciones por desempleo que se abonaron de manera incorrecta ha crecido espectacularmente. De esta cantidad sólo se ha podido recuperar un 24%. El mal funcionamiento del sistema de empleo en un país con una de las tasas de paro más altas de Europa es un problema gravísimo. En 2013, la Ministra de Empleo, Fátima Bañez, aprobó una ley que endurecía la legislación por el cobro indebido de prestaciones, que como prueban estos datos ha sido ineficaz. Además de haber demostrado su incapacidad para paliar el problema del paro, el Gobierno tampoco ha podido gestionar correctamente el dinero que se destina a los desempleados.

Desde que se conocieron los resultados electorales, el Gobierno de Maduro se muestra cada vez menos dispuesto a aceptar la victoria de la oposición en las urnas. El presidente bolivariano empezó amenazando con "ir al combate" en el caso de que el nuevo legislativo convoque un referéndum para destituirle y advirtiendo de que no aceptará ninguna ley de amnistía a los presos políticos. Ahora, con el objetivo de blindar su régimen y mantener al país bajo su férula, Nicolás Maduro ha nombrado 12 magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y -según denuncia un diputado opositor- ha puesto el Canal de Televisión de la Asamblea a nombre de los trabajadores de la cadena, en un burdo intento de mantener su influencia e impedir que responda ante la Cámara. Por si esto fuera poco, también ha nombrado como nueva Defensora Pública a la jueza del caso de Leopoldo López, lo que es un claro acto de desafío a la oposición. Maduro demuestra con estas medidas que intentará preservar el poder a toda costa en lo que con toda probabilidad será un turbulento periodo de cohabitación.