El debate entre candidatos auspiciado por la asociación de estudiantes Demos en la Universidad Carlos III, que ha moderado de forma brillante este viernes Carlos Alsina , ha servido para escenificar con claridad la diferencia entre los representantes de la vieja y la nueva política. Los atriles vacíos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han evidenciado que ambos candidatos apuestan por una estrategia de campaña rancia, según la cual es mejor dar la espalda a cerca de dos mil estudiantes que afrontar un debate abierto a preguntas del público. Ese tipo de consideraciones tácticas no casa con su compromiso de regeneración de los usos políticos. La actitud de ambos contrasta con la de los aspirantes de los partidos emergentes, Albert Rivera y Pablo Iglesias, que han demostrado que se puede hacer política contrastando ideas de forma amena y respetuosa. Los jóvenes abarrotaron el auditorio y hubo muchos que tuvieron que seguirlo desde fuera, en un ambiente de entusiasmo que da idea del cambio que se está produciendo en la política española.

Los miembros de las Fuerzas Especiales que se entrenan en Alicante para combatir el yihadismo sólo cobran 960 euros netos al mes. Que los militares que se preparan para defendernos de la amenaza más apremiante que vive Occidente en la actualidad ni siquiera lleguen a mileuristas es escandaloso. Que los militares destinados a misiones en el exterior reciban pluses por peligrosidad no excusa la obligación del ministro de Defensa, Pedro Morenés, de acabar cuanto antes con la precariedad salarial de quienes trabajan para convertirse en los soldados más preparados del Ejército español. La vocación de sacrificio de este cuerpo y del resto de las Fuerzas Armadas es incuestionable. Sin embargo, sueldos tan bajos no suponen precisamente un incentivo y va de suyo que es imposible garantizar la seguridad sin emplear los recursos adecuados para ello. Lo lógico es que estos soldados cobren lo mismo que el promedio de los miembros de los cuerpos especiales de los países de nuestro entorno.

El Parlament presidido por Carme Forcadell ha devaluado su propio acuerdo independentista al alegar ante el Tribunal Constitucional que la resolución del pasado 9 de noviembre es "una simple instrucción indicativa por la que se manifiesta más una aspiración o deseo que una disposición vinculante". Los independentistas vuelven a mostrar así su incongruencia, al defender sus intereses ante una institución a la que no conceden autoridad. Ahora afirman que la resolución de desconexión que ellos mismos habían presentado como inicio de ruptura, y en la que pedían a la Generalitat que sólo cumpliese las leyes de la Cámara autonómica, es en realidad una simple indicación sin fuerza legal. Así, tanto el Gobierno catalán en funciones como el que resulte finalmente designado se verán en la tesitura de hacer una lectura contraria a la de la literalidad de la resolución aprobada. Y la CUP, que hace de la confrontación con el Estado una condición inexcusable para apoyar a Mas, tendrá que decidir cómo actúa ante este supuesto cambio de criterio.