La decisión del Ayuntamiento de Madrid de aplicar el protocolo de actuaciones contra la contaminación atmosférica no debería ser motivo de polémica. Ese protocolo fue aprobado hace dos meses y establece claramente cómo actuar en función de la gravedad del problema. Lo lógico, pues, una vez que se han detectado niveles nocivos de nitrógeno en el aire, es poner en marcha las medidas previstas a tal efecto; en este caso, limitación de la velocidad en las vías de acceso a la ciudad y prohibición de aparcar en las áreas reguladas por parquímetros.

Ocurre, sin embargo, que lo que debería haber sido noticiable únicamente por su carácter inédito -nunca antes se había tenido que aplicar en España un protocolo así-, ha dado pie al caos, la precipitación, la descoordinación y el alarmismo. Dicho de otra forma: la alcaldesa, Manuela Carmena, ha hecho bien al recurrir a la normativa municipal, pero se ha equivocado en la forma chapucera de desplegarla.

Resulta sorprendente, por ejemplo, que la Policía Municipal no fuera informada hasta este viernes de la decisión de activar la segunda fase del plan, lo que ha impedido una buena organización de las unidades. Y llueve sobre mojado, porque ocurrió lo mismo con la primera disposición adoptada: la de limitar la velocidad. Sin la coordinación de los agentes, ambas medidas resultan ineficaces.

Mala información al ciudadano

Pero tampoco la población fue debidamente informada. No pocos ciudadanos se han sentido sorpendidos por estas medidas, incluso indefensos al ver cómo se les obligaba a retirar sus vehículos bajo amenaza de multa por una situación de la que no tenían conocimiento. Precisamente por su condición de jurista, Carmena debería haber sido mucho más garantista a la hora de disponer estas medidas.

Ha fallado también la coordinación entre instituciones, como quedó de manifiesto en el cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha asegurado que el consistorio no informó ni al gobierno regional ni al Ministerio de Fomento, pese a que el Metro y los trenes de cercanías son, respectivamente, de su competencia. Cifuentes manifestó incluso que los datos de medición de dióxido de nitrógeno que ha venido publicando la web municipal están dentro de los límites permitidos y, por lo tanto, sobrarían las medidas extraordinarias que se han adoptado. El concejal socialista Antonio Miguel Carmona, era igualmente rotundo al titular "Polución e improvisación" un artículo remitido a EL ESPAÑOL. La propia alcaldesa asumió el error de no haber informado convenientemente a la población y pidió perdón.

Una situación preocupante

En cualquier caso, la reacción del Ayuntamiento puede tener un efecto positivo: aumentar la concienciación de los ciudadanos y de los responsables políticos para rebajar las emisiones contaminantes. La situación es preocupante. España tiene abierto un expediente de la UE por haber superado los límites legales de dióxido de nitrógeno y, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia superaron el año pasado el valor límite anual de este contaminante.

La mejor respuesta a este problema sería la implantación del coche eléctrico, una de las obsesiones de EL ESPAÑOL. La Administración debería fomentar su uso dando facilidades a la compra y ampliando la red de instalaciones para la recarga de baterías. Pero mientras llega la solución habrá que diseñar respuestas eficaces, porque está por ver que la simple reducción de la velocidad haga disminuir la contaminación. Los propios informes científicos no son concluyentes.

Si las condiciones climáticas persisten y se mantiene este episodio de alta contaminación, habría que proceder a limitar el tráfico en Madrid, tal y como prevé la normativa, de forma que los coches circularan en días alternos, según sean sus matrículas pares o impares. Ante el dilema de optar entre movilidad y salud, no puede haber dudas.