El rugido del león

Muchos aciertos y un error en el programa de C's

El programa electoral con el que Ciudadanos concurre a las elecciones generales es, con sus virtudes y defectos, el plan más ambicioso para cambiar las reglas del juego político en España que ha presentado nunca antes en nuestra Democracia un partido con opciones de gobierno. Hay medidas innovadoras en todos los ámbitos -en economía, en políticas sociales, en educación y sanidad- pero sin duda las más determinantes son las que se centran en la regeneración democrática e institucional, y hay que decir que muchas de ellas coinciden con las Obsesiones de EL ESPAÑOL.

La formación de Albert Rivera parte de un análisis certero: la constatación de que el actual sistema ha orillado al ciudadano, que no elige verdaderamente ni controla a sus representantes, puesto que esas funciones han acabado en manos de unos partidos políticos que a su vez están controlados por aparatos escasamente democráticos. Para acabar con este deficiente funcionamiento de la democracia, Ciudadanos propone restar margen de discrecionalidad a los partidos y refundar el sistema para que haya una separación real de poderes. Y lo hace con iniciativas tan concretas como una nueva ley electoral, una nueva ley de partidos que obligue a su democratización con primarias y congresos con una frecuencia mínima determinada, la supresión del Senado, la eliminación de las diputaciones y de los consejos comarcales, y la fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Acertada reforma electoral

Entre los grandes aciertos del plan reformador que apadrina Rivera está el de la reforma de la ley electoral. Aboga por el sistema alemán, que rebaja el ombliguismo de los partidos en la confección de las listas al permitir que los ciudadanos escojan entre los candidatos que se le proponen, y vincula mucho más a los cargos electos con los votantes, ya que la mitad se elige en distritos uninominales.

Las ventajas que este sistema electoral comporta, superan con mucho los inconvenientes que se le objetan, como el de su mayor complejidad. La experiencia demuestra que sólo en los regímenes democráticos en los que el parlamentario responde de su proceder ante su circunscripción, el Congreso es capaz de fiscalizar al Gobierno. Además, España es, o debería aspirar a ser, una democracia madura en la que señalar las preferencias en una papeleta no tendría que significar mayores problemas. Siempre será de hecho menos difícil de entender que la regla D'Hondt.

También la supresión del Senado nos parece positiva pues es cierto que el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas que Ciudadanos propone como alternativa adolece de falta de concreción, pues aunque prevé que sus miembros tendrán un voto ponderado que se corresponderá con el número de habitantes de cada  territorio, no fija esa representatividad ni establece la periodicidad con la que deberá reunirse.

Mantener el CPGJ

Ciudadanos defiende también la supresión del Consejo General del Poder Judicial para sustituirlo por la figura unipersonal del presidente de Tribunal Supremo -que sería elegido en el Congreso con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros- y dos adjuntos elegidos por los jueces y magistrados.

Creemos que es un error que el partido de Rivera haría bien en rectificar. Esa fórmula no evita que el gobierno de los jueces siga dependiendo de los políticos y crea, además, una figura plenipotenciaria que concentraría demasiado poder. Lo adecuado sería que fueran los propios magistrados quienes eligieran a la mayoría de representantes del CGPJ, favoreciendo las candidaturas al margen de las asociaciones para no desembocar en una partitocracia judicial.

Sin embargo, este borrón no ensombrece un programa muy atractivo que propone, entre otras medidas, una clara organización territorial del Estado. Exige, de entrada, que en la Constitución se enumere a las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas para así fijar de manera definitiva el mapa autonómico, suprimiendo la disposición que contempla la posibilidad de incorporar Navarra al País Vasco.

Concretar las competencias

Pide, también, que se elabore un listado de competencias exclusivas del Estado -aquí le falta especificar cuáles deberían ser- y determina que la alta inspección vigile que las comunidades cumplan las normas comunes a todo el país en materia por ejemplo de Educación o Sanidad. También pretende facultar al Estado para legislar "con eficacia jurídica plena y directa" cuando haya que determinar sobre cuestiones que afecten a todos los españoles, como la unidad jurídica o de mercado. En pos de esa igualdad entre españoles y para lograr la armonización fiscal hacia la que camina Europa, propone la supresión del sistema de los cupos vasco y navarro.

El programa incluye medidas en todos los ámbitos que tratan de hacer compatible la pluralidad autonómica con la unidad del Estado, y en el plano conflictivo de las lenguas, aboga por un verdadero bilingüismo, de forma que en los territorios con dos lenguas oficiales ambas sean vehiculares en la enseñanza.

Es el de Ciudadanos, como se ve, un planteamiento ambicioso de regeneración que cambia las reglas de juego, y aunque será difícil llevarlo a la práctica -el propio Rivera asegura en EL ESPAÑOL que si no es presidente del Gobierno estará en la oposición- su sola formulación lo convierte en un referente que obligará a posicionarse al resto de formaciones. En ese sentido, será una buena vara de medir para juzgar la labor reformista del próximo presidente del Gobierno.