El memorándum del Fondo Hispano-Saudí promovido por el rey Juan Carlos, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, demuestra hasta qué punto los intereses personales del monarca primaron sobre la razón de Estado en aquella controvertida operación. El objetivo teórico del fondo era estimular la inversión en Arabia Saudí, pero el negocio, opaco desde el principio, acabó generando pérdidas por 21 millones a los accionistas de catorce sociedades que difícilmente se hubieran embarcado en esa turbia aventura si no llega a ser por el empeño de Zarzuela. El dinero invertido apenas sirvió para sufragar los presuntos gastos de mantenimiento del propio fondo, entre ellos la comisión de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Pese a que se publicitó como un proyecto público, el fondo no fue registrado en la CNMV, ni fue gestionado por consultoras españolas, ni tampoco pasó por entidades financieras de nuestro país. Muy al contrario, el dinero captado en España terminó en 14 sociedades radicadas en paraísos fiscales. El episodio del Fondo Hispono-Saudí y los detalles revelados por este periódico sobre la vida suntuaria que don Juan Carlos llevó junto a CSW en el dúplex suizo confirman como una etapa aciaga los últimos años de su reinado.

La decisión unánime del Constitucional de no tomar medidas cautelares contra la tramitación de la resolución separatista del Parlament es lógica y pertinente. Dentro de pocos días tendrá que pronunciarse sobre lo que de verdad importa: la suspensión del acuerdo hacia la independencia. Jamás el Constitucional ha interferido en un proceso parlamentario. Si ahora el Tribunal hubiese hecho una excepción habría alterado su doctrina y, además, habría dado gasolina a los separatistas para avivar su fuego del victimismo. El PP, el PSOE y Ciudadanos hicieron bien al recurrir una decisión que supone un evidente atropello al Reglamento de la Cámara, pero tiempo habrá para depurar responsabilidades. El Constitucional, que está dando una imagen de seriedad y coherencia desde que lo preside Pérez de los Cobos, sabe que su credibilidad se basa en la fortaleza de las decisiones que toma, y no podía actuar en contra de sus precedentes. Más aún cuando el desafío al Estado no está en la tramitación de la resolución, sino en su contenido. Pero además, Pérez de los Cobos, elegido a propuesta del PP, da muestras de ser un árbitro independiente al rechazar una medida propuesta por un partido que lo aupó.

Según denuncia The Guardian, el representante especial de la ONU en Libia Bernardino León negoció un puesto laboral con los Emiratos Árabes Unidos, un estado que apoya una de las facciones de la guerra civil libia, mientras como diplomático intentaba mediar en el final del conflicto. El representante español utilizó por lo tanto su posición en las Naciones Unidas como puerta giratoria para conseguir un lucrativo trabajo como director general de una academia diplomática del país árabe. El nuevo puesto de León pone en serias dudas su imparcialidad como pacificador jefe de la ONU, ya que sobre él recae las sospecha de que pudo influir en las negociaciones de paz a favor de los Emiratos. Según explican los expertos, este país está utilizando Libia como un campo de batalla en su guerra por el poder contra los islamistas. La conducta del diplomático español mancha una carrera con importantes logros.