La tribuna

La estridente paradoja

Cayetana Álvarez de Toledo
Jon G. Balenciaga

Ilustración

La declaración del presidente Rajoy en respuesta a la resolución presentada en el Parlamento catalán por las fuerzas antes secesionistas y ahora ya sediciosas sorprendió por su firmeza. En especial llamó la atención la siguiente frase, tan enfática: «Mientras yo sea presidente del Gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales.»

Es la primera vez en cuatro años de legislatura que el presidente utiliza la expresión que un grupo de ciudadanos de diferentes posiciones ideológicas pero con un mismo compromiso democrático acuñamos frente al desafío separatista. Se le habían adelantado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en varios mítines de la reciente campaña electoral catalana, y el de Vox, Santiago Abascal, vía Twitter. Y ayer le siguió Javier Arenas, en unas declaraciones contra la reforma constitucional socialista.

Libres e Iguales nació en julio de 2014 para defender la España constitucional y reclamar al Gobierno, a los partidos políticos y al conjunto de los españoles que se movilizaran frente al ataque a la democracia desencadenado por el gobierno de la Generalidad. Cualquiera que relea nuestro manifiesto fundacional sentirá una cierta melancolía ante el tiempo perdido. No el de nuestra asociación, patera patriótica, sino el de quienes durante años han considerado que la amenaza era un suflé retórico.

A las puertas del Congreso de los Diputados, Libres e Iguales advirtió de que el secesionismo pretende usurpar a los españoles su patrimonio más valioso: la condición de ciudadanos. Avisó de que Artur Mas y sus aliados promovían la derrota de la democracia y que evitar esa derrota era nuestra primera y más urgente obligación. Y denunció, con pesar pero con la esperanza de provocar un cambio de actitud, que hasta entonces el desafío secesionista no había recibido la respuesta que merecía. El Estado, dijimos, debía garantizar que ninguna vulneración de la legalidad quedase impune. El Gobierno, liderar la reivindicación y la defensa del ordenamiento constitucional. Y los partidos, alcanzar un pacto público como el que ahora todos, incluidos los rupturistas de Podemos, se esfuerzan en protagonizar.

Es imposible saber qué hubiera ocurrido si aquel llamamiento a la acción se hubiera atendido a tiempo. Si el presidente Rajoy hubiera hecho suyo el sintagma, y sobre todo el sentido profundo, de «libres e iguales» hace dos años. O por lo menos antes de la consulta del 9 de noviembre. Si los socialistas Pedro Sánchez y Miquel Iceta no hubieran jugado a la equidistancia ni contribuido a la deslegitimación del sistema asumiendo un día el derecho a decidir y proponiendo al siguiente una reforma federal de la Constitución. Pero la lógica sugiere que no estaríamos donde estamos, que nos habríamos ahorrado espectáculos humillantes para los demócratas y el enfrentamiento social e institucional al que estamos abocados.

Sin embargo, no hay que perder demasiada energía en el reproche contrafáctico. Lo que hace pocas semanas aún se consideraba una profecía apocalíptica es hoy una realidad asumida hasta por los más contumaces terceristas. E incluso por alguna prensa internacional, como el diario Le Figaro, que ayer calificaba de golpe de Estado la iniciativa del presidente Mas. Es cierto. El golpe a la democracia está en marcha y sólo podrá pararlo la firmeza del Estado. Un Estado, desgraciadamente, instalado en una relativa provisionalidad ejecutiva. Porque la mayoría absoluta ha caducado en la práctica y lo que aguarda son unas elecciones generales abiertas, inciertas y trascendentales.

De todos los asuntos que se van a debatir en la campaña ninguno será más determinante que la respuesta que se dé a la sedición. Llamativamente, todos los partidos que aspiran a formar parte del próximo gobierno español preferirían hablar de otra cosa. Podemos de la Casta. Ciudadanos de la regeneración democrática. El PSOE del paro. Y el PP de la recuperación económica, aunque en su caso se dé una paradoja estridente: la cuestión catalana ha pasado de considerarse una penosa rémora a verse como la tabla de salvación electoral.

En cualquier caso, ningún partido podrá evitar hablar de Cataluña, porque lo que está en juego es previo a todo: la posibilidad de que los españoles sigan siendo ciudadanos libres e iguales ante la ley.

«Libres e iguales» es mucho más que una frase emocionante que pueda adornar un tardío e inevitable regreso a la épica. Significa cosas esenciales. Significa que ningún español es más o menos que otro por nacer o vivir en una parte del territorio nacional. O por tener determinadas convicciones políticas. O por sentirse de una determinada manera: víctima de un agravio o protagonista de una utopía.

Significa que todos los ciudadanos ven reconocido, exactamente en la misma medida, su derecho a decidir. Que nadie, por diferente que sea o se sienta, histórica o culturalmente, por masivos que sean sus apoyos en las calles, o por poderosa que sea su influencia o su capacidad de intimidación, pueda decidir por sí mismo sobre lo que a todos nos afecta. Significa la posibilidad de vivir juntos los distintos. La base de la democracia.

Quienes invocan el derecho a decidir de los catalanes no defienden la democracia. La niegan porque niegan a millones de españoles su derecho a decidir. Los nacionalistas han considerado siempre que los catalanes eran los únicos que podían discutir y decidir sobre la independencia. Ha sido su primer acto de soberanía. Y hasta ahora exitoso.

El más grave error de la democracia ha sido entregar al nacionalismo el monopolio de la palabra democracia. Recuperarlo es ahora el gran reto español.

Por eso, cuando el 20 de diciembre vayan a votar, los españoles tendrán que hacerse una pregunta. Una pregunta categórica, formulada incluso al margen de la voluntad de los cuatro partidos principales: ¿Quién va a defender con más claridad, con más convicción y con más credibilidad que España siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales?

***Cayetana Álvarez de Toledo es portavoz de Libres e Iguales