El rugido del león

Andreu, sé fuerte

Diez años después de que Pasqual Maragall desvelara en el Parlament que Convergència cobraba comisiones del 3% a los contratistas de la Generalitat, la metodología utilizada por este partido para financiarse y las identidades del escogido grupo de empresarios que nutría de fondos al partido han sido descubiertas.

La Operación Petrum III, en la que han sido detenidos el tesorero de CDC, Andreu Viloca, un responsable de la empresa pública de Infraestructuras y seis adjudicatarios de cabecera de las administraciones gobernadas por los nacionalistas, sitúa el núcleo de la trama en la sede central de Convergència.

La dimensión del operativo, con registros paralelos en las sedes de la empresa pública de Infraestructuras de la Generalitat, en el Consorcio de Educación y en varios ayuntamientos catalanes da una idea de hasta qué punto el amaño de las adjudicaciones era la tónica en distintos ámbitos de las administraciones gobernadas por CDC, cuyos responsables institucionales licitaban siguiendo órdenes precisas del partido.

Anticorrupción ha desvelado que el tesorero del partido gestionaba directamente el acceso a los concursos aprobados por la Generalitat y los ayuntamientos. Sólo conseguían las adjudicaciones una veintena de constructores VIP a los que se cobraban mordidas sustanciadas en forma de donaciones a la fundación CatDem. Es sintomático que Viloca manejara una contabilidad única para el partido y su fundación.

El tesorero daba instrucciones a los beneficiarios para que modificaran las fechas de las donaciones y evitar así correlaciones entre la percepción del dinero y la aprobación de los concursos. Pero la secuencia era tan descarada y precisa que, durante las pèsquisas, los investigadores se referían a estos empresarios con el sugerente apodo de "el club". No es de extrañar, si tenemos en cuenta que Viloca se reservaba el derecho de admisión y decidía, en función de la frecuencia e importancia de las donaciones, quiénes podían acceder y quiénes quedaban excluidos de la tarta de los consursos públicos.

Anticorrupción sólo pidió al juzgado de Vendrell que instruye la causa que ordenara la macrorredada cuando los investigadores terminaron de recomponer la documentación destruida en una trituradora de papel descubierta a finales de agosto en el registro del despacho de Viloca. El hallazgo de planos, pliegos de condiciones y presupuestos de obra de Teyco -la constructora de la familia Sumarroca, vinculada a CDC desde su fundación- no dejaba lugar a dudas de que la pista era determinante.

Aunque Petrum III continúa abierta, el operativo desentraña una trama enraizada durante décadas en prácticamente todos los ámbitos de influencia de CDC. Resulta escandaloso que los registros se retrasaran varias horas porque los secretarios judiciales que tenían que acompañar a los agentes en sus pesquisas no llegaran sospechosamente a tiempo, lo que obstaculizó la operación.

Al margen de las consecuencias que este escándalo pueda tener en el bloque secesionista de cara a un acuerdo de investidura, hay motivos sobrados para que Artur Mas no presente su candidatura. Pero todo indica que seguirá huyendo hacia delante.

El presidente en funciones ha vuelto a envolverse en la estelada para identificar esta operación anticorrupción con una "cacería" contra él y su partido, pero lo cierto es que es inverosímil que el tesorero del partido, de quien depende ahora su futuro político, actuara en solitario e impartiera órdenes a alcaldes y organismos dependientes del Govern. Si habla, Mas estará políticamente acabado y habrá que hablar de su horizonte penal. Con todo, no sería la primera vez en España que un partido gobernante, cuya sede es intervenida, intenta endosar al tesorero la responsabilidad de su financiación ilegal. Sólo falta el correlativo SMS, "Andreu -así llaman a Viloca-, sé fuerte".