Opinión El merodeador

Merodeos

15 octubre, 2015 02:09

El independentismo escenifica una rebelión institucional

Aprovechando la declaración de Artur Mas ante el TSJ catalán por desobediencia al Constitucional, el soberanismo quiere evidenciar este jueves que su ruptura con el Estado no tiene vuelta atrás. Después de las multitudinarias concentraciones de apoyo a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consejera Irene Rigau, los separatistas han ordenado una movilización total. A este desafío se han sumado nada menos que 400 alcaldes pertrechados de sus varas de mando. El objetivo es doble: responder al TSJC y al Consejo del Poder Judicial, que han denunciado un "ataque sin paliativos" a la independencia de los jueces, y escenificar en la calle una rebelión institucional. Que la convocatoria de este grotesco 'happening' coincida con el aniversario del fusilamiento del expresidente Lluís Companys enardece la mitología independentista. El secesionismo no quiere perder la ocasión de exaltar su victimismo y elevar la tensión, pero el Estado no debe dejarse amedrentar.

La transparencia de Podemos, en la buena dirección pero insuficiente

Con la publicación de las declaraciones de bienes y agendas de sus cargos públicos Podemos ha iniciado el imprescindible camino hacia la transparencia que todo partido político debe recorrer. Esta es una de las obsesiones de EL ESPAÑOL, que considera que la corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. No obstante, la formación liderada por Pablo Iglesias todavía se encuentra lejos de una verdadera transparencia, ya que los datos no están en un formato abierto y ofrecen una interpretación determinada, haciendo prácticamente imposible que el ciudadano los cruce y saque sus propias conclusiones. La información puede visualizarse, pero no ha sido accesible hasta que lo ha requerido este periódico. Podemos ha vendido su esbozo de transparencia como la panacea, pero hasta ellos mismos saben que su paso hacia delante dista mucho del objetivo que dicen haber logrado.

Los pactos del precio de los carburantes deben investigarse

Repsol y Cepsa han respondido a la investigación de la Audiencia Nacional para esclarecer si alteraron el precio de los carburantes con una petición de sobreseimiento en la que se limitan a atacar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Un expediente de este organismo es la base del proceso que instruye Fernando Andreu. Ambas petroleras no tienen reparo en admitir que entre 2011 y 2013 intercambiaron información estratégica y actuaron conjuntamente para determinar el precio del crudo al margen de la libre competencia. Pero piden el archivo de la causa alegando que la CNMC vulneró derechos constitucionales en sus indagaciones, que Repsol ya fue multada y que su actuación puede suponer un ilícito administrativo, pero no un delito. La estrategia procesal de estas compañias es legítima, pero los indicios de que en la sombra actuaron como un cartel para lucrarse con precios que no respondían a la realidad del mercado deben ser esclarecidos.

Antonio Cañizares, sin piedad con la crisis de los refugiados

El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha dejado de lado la piedad cristiana para referirse a los refugiados como "el caballo de Troya de Europa" y cuestionar si quienes huyen de sus países empujados por la guerra son "trigo limpio". Con estas lamentables declaraciones, Cañizares no sólo olvida la doctrina de la Iglesia, sino que también contradice la postura mantenida por el Papa Francisco, que no sólo reclamó solidaridad a la comunidad internacional, sino que pidió que cada parroquia acogiera a una familia. El mensaje del arzobispo, además de ser inapropiado 'per se', induce al miedo y la xenofobia, y alimenta prejuicios que entorpecerían la gestión de la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

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