El Gobierno de Navarra no podía haber escogido peor representante para asistir al homenaje al Guardia Civil asesinado por ETA Juan Carlos Beiro que Ana Ollo. La consejera de relaciones ciudadanas e institucionales navarra ha utilizado palabras ambiguas para referirse a la caída de la cúpula de ETA: “La vía policial está ahí, pero no es la única”. El Ejecutivo de Uxue Barkos paga el apoyo de EH Bildu -que le permite formar gobierno- teniendo que emplear un discurso falso y miserable, que coloca a asesinos y asesinados al mismo nivel: “Es un error pensar que sólo hay víctimas de un lado”, dijo esta consejera el mes pasado. El nacionalismo abertzale intenta imponer el relato de la equidistancia para hacer creer que la violencia de ETA fue parte de una guerra con muertos a un lado y al otro, lo que resulta para las víctimas. Con este currículum, la presencia de Ollo en el homenaje al agente asesinado es muy desafortunada.

La sentencia del Supremo que niega a los afectados de la talidomida el derecho a indemnizaciones puede que sea conforme a ley, pero es muy injusta. La resolución del Alto Tribunal ratifica que ha prescrito la responsabilidad civil de la farmacéutica demandada, lo que hace muy difícil que las víctimas sean resarcidas algún día. Aún así, José Marqués, vicepresidente de la asociación de afectados, Avite, ha anunciado que recurrirá incluso a Estrasburgo. Los perjudicados sufren terribles secuelas por este fármaco administrado a sus madres para calmar las náuseas del embarazo. El asunto debería obligar a revisar los plazos de prescripción del delito en determinados supuestos. En este caso, además, se produce un agravio comparativo, pues el principal laboratorio alemán que fabricó el medicamento está pagando pensiones a miles de personas en todo el mundo. Los afectados españoles no deberían tener peor trato porque lo que no prescriben son sus secuelas.

La modificación de la Ley General Tributaria para publicar la identidad de las personas físicas y jurídicas que tienen deudas con Hacienda resulta tan poco transparente que de poco o nada servirá para cumplir su objetivo. La nueva disposición impide indexar el contenido de la lista de morosos a través de motores de búsqueda, lo que supone una traba insalvable para los interesados en descubrir si una persona o sociedad ha sido defraudadora. Además, la identidad de los morosos se borrará automáticamente a los tres meses, lo que supone, además de una 'carta de opacidad', adelantarse a los interesados en hacer valer su 'derecho al olvido'. Una cosa es proteger la intimidad, la privacidad y la propia imagen y otra anunciar a bombo y platillo un cambio legislativo en aras de la transparencia, como ha venido haciendo Cristóbal Montoro desde 2012, para convertirlo a la postre en papel mojado.

Tras no recibir a la disidencia cubana y ni tan siquiera mencionarla en la misa que ofició en La Habana, Francisco ha reconocido durante su viaje a Washington que nunca pensó en reunirse con los represaliados por el castrismo. Preguntado sobre si estaría dispuesto a entrevistarse con la oposición al régimen castrista, el Papa ha recurrido a una ambigüedad hiriente para los represaliados por la dictadura comunista: “Esas son preguntas futuribles. A mí me gusta encontrarme con toda la gente”. Resulta contradictorio que el mismo Pontífice que no duda en criticar con contundencia el capitalismo salvaje o en romper una lanza por los homosexuales y los divorciados católicos en un discurso pastoral lleno de idealismo se ande con paños calientes, acaso por pragmatismo, ante la flagrante vulneración de los derechos humanos en Cuba.