Militares toman la plaza Taksim en Estambul en julio de 2016.

Militares toman la plaza Taksim en Estambul en julio de 2016. MURAD SEZER Reuters

Europa ANIVERSARIO DE LA ASONADA

Purgas y fractura social: así ha cambiado Turquía un año tras el golpe

El país, aislado y debilitado, se enfrenta a acusaciones de autoritarismo y violaciones de los derechos humanos mientras Erdogan se fortalece.  

Patricia Alonso Estambul

Turquía celebra este sábado el aniversario del intento de golpe de Estado que mantuvo en vilo al país durante la madrugada del 15 de julio de 2016. Un día que sin duda marcará la historia del país para siempre por el profundo impacto que ha tenido en sociedad turca. Lejos de destituir al presidente Recep Tayyip Erdogan, el fallido golpe de Estado ha reforzado su posición tras la declaración del estado de emergencia, que se mantiene desde el pasado 20 de julio, y el posterior referéndum presidencialista de mayo de este año.

No ha sido la única consecuencia. La posterior purga de las instituciones públicas ha debilitado la estructura militar y educativa del país, así como la estructura económica, y ha generado el aislamiento de un país que hasta hace poco se jactaba de su política de “cero problemas” con sus vecinos.

Así ha cambiado Turquía en el último año.

Purga de las instituciones públicas

Tras el intento de golpe de Estado, millones de personas se reunieron en Yenikapi, Estambul, para celebrar con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, y líderes de la oposición, la victoria de la democracia. Ciudadanos de distintas facciones políticas se unieron bajo un mismo sentimiento patriótico que muchos creyeron prevalecería.

Sin embargo, la declaración del estado de emergencia días después del alzamiento militar –aún hoy vigente– creó un escenario muy diferente, que muchos observadores aseguran no ha hecho más que degradar el estado de derecho en Turquía.

En el último año, cerca de 140 mil empleados públicos han sido destituidos de sus puestos de trabajo. Además, alrededor de 56 mil personas han sido arrestadas y cerca de 120 mil detenidas, acusadas de vínculos con organizaciones terroristas, lo que significa que son considerados miembros de FETÖ, la organización a la que Ankara atribuye el alzamiento.

Son datos oficiales del gobierno turco, que desde el pasado 15 de julio ha iniciado una caza de brujas contra todo aquel sospechoso de conspirar contra el estado. Esto ha sido posible bajo el estado de emergencia, que permite al gobierno emitir decretos sin necesidad de contar con la aprobación del Parlamento.

Estas circunstancias han creado una división y miedo más que evidentes en la sociedad turca. Miedo a decir la palabra incorrecta, o a relacionarse con la persona inadecuada.

El sector de la educación es uno de los más afectados, ya que Ankara asegura que es ahí donde había más miembros de FETÖ infiltrados. Más de ocho mil académicos han perdido sus puestos de trabajo, y 44 mil trabajadores del ministerio de Educación han sido despedidos. Además, 1200 escuelas y 15 universidades cerraron sus puertas poco antes del comienzo del curso escolar.

Egitim Sen, el sindicato de profesores más grande del país, aseguraba a principios del curso escolar, en septiembre de 2016, que cerca de un millón de alumnos se habían quedado sin profesores, y que el año escolar se presentaba “incierto y caótico”.

Ömer lleva meses tratando de evitar su detención, pero su mujer lleva diez meses en la cárcel. “No voy a visitarla por miedo a que me detengan”, dice. Asegura que no sabe de qué se le acusa, pero que sospecha que una de las escuelas en las que trabajó en 2012, como profesor de matemáticas, era una de las escuelas vinculadas al clérigo Fethullah Gülen, presunto líder de FETÖ. “No puedo trabajar, porque aparecería en los registros de la seguridad social y vendrían a por mí. ¿Qué pasaría entones con mis hijos?”, cuenta.

Otra de las estructuras que ha sufrido graves recortes ha sido la militar. Todas las academias y escuelas militares han sido sustituidas por la Universidad de Defensa Nacional, y 33 hospitales militares han sido transferidos al Ministerio de Salud y abiertos a pacientes civiles.

Es posible que una de las consecuencias de estas decisiones, según la Asociación Médica de Turquía (TTB), sean los varios casos de intoxicación alimentaria ocurridos durante el mes de mayo en las barricadas de Manisa, al oeste del país. En menos de un mes, más de cuatro casos de envenenamiento –presumiblemente salmonelosis– afectaron a miles de militares, y supusieron el fallecimiento de uno de los soldados. Según una nota de prensa publicada por la asociación, el desmantelamiento de las instituciones sanitarias militares ha creado un vacío en el control de la alimentación y la higiene de los catering.

Por su parte, el partido opositor republicano CHP, propuso una investigación de los incidentes, así como de los contratos de la empresa de catering, de la que sospechan mantiene vínculos con el partido en el gobierno, el islamista AKP. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada por el Parlamento.

A pesar de la purga, las principales cuestiones sobre lo que realmente ocurrió el 15 de julio de 2016 siguen sin responderse. ¿Quién está realmente detrás del golpe? ¿Cómo tardaron tanto los servicios de inteligencia en saber lo que estaba pasando?

Muchos de los detenidos, además, ni siquiera saben de qué se les acusa ni tienen fecha de juicio prevista.

La prensa, silenciada

Según el índice de liberta de prensa, publicado por Reporteros Sin Fronteras, en 2017 Turquía se situaba en el puesto 155 de 180. ¿El motivo? La purga también ha afectado a los medios de comunicación.

En el último año, casi 200 medios de comunicación han sido cerrados, y 269 periodistas arrestados, de los cuales al menos 160 permanecen en la cárcel, según datos recogidos por la web Turkey Purge, en colaboración con asociaciones de medios. Muchos otros han salido del país por temor a las consecuencias.

Ankara siempre se ha respaldado en que los periodistas han sido detenidos no por su trabajo, sino por hacer propaganda terrorista. Durante la reciente cumbre del G20 en Hamburgo, preguntado por este asunto, el presidente turco aseguró que “los periodistas también cometen crímenes, y cuando lo hacen el sistema judicial toma las medidas necesarias”. En una entrevista con la BBC para el programa Hard Talk, emitido la noche del viernes, Erdogan añadió que “sólo dos personas con tarjeta de prensa están en la cárcel”. Según el Directorado de Prensa, en el último año se han retirado 715 acreditaciones a periodistas.

Una de las consecuencias de esta situación es que en Turquía no existe apenas una prensa crítica. Sin periodismo de investigación y una prensa de calidad, la sociedad está perdida en la toma de decisiones.

Un ejemplo muy criticado, fue la reciente cobertura dada desde los medios estatales a la Marcha por la Justicia, que reunió a la fragmentada oposición turca para protestar por lo ocurrido en el último año en el país. Mientras Kemal Kiliçdaroglu, líder del partido republicano, hablaba frente a cientos de miles de personas en Maltepe, en la costa asiática de Estambul, el canal estatal TRT emitía un documental sobre el uso del agua, y la agencia de noticias Anadolu tuiteaba sobre apicultura.

Fuga de capitales extranjeros

La relación de acontecimientos ocurridos en el último año han causado la desestabilización de la economía, el principal garante político del partido islamista AKP.

Por primera vez desde hace tiempo, durante el tercer cuarto de 2016 la economía turca se contrajo. Durante la primera parte del año, la economía crecía a un ritmo del cinco por ciento, y el precio del dólar rondaba las 2,96 liras turcas en julio de 2016.

Semanas después del golpe se produjo una caída drástica de la producción y de las inversiones extranjeras, después de que las agencias de calificación de riesgo como Fitch, Moody’s o Standad and Poor’s, rebajasen de estable a negativa la nota de Turquía, al considerar que la situación política suponía un mayor riesgo de inversión.

Según el Instituto de Estadística Turco, la economía se redujo un 1,3 por cierto en el tercer cuarto de 2016, y la lira cayó en picado hasta hoy, cuando el precio del dólar todavía se sitúa en 3,5 liras.

Sin embargo, la situación podría haber sido mucho peor de no ser por el estado de emergencia, que ha permitido transferir al estado y a terceros los activos de compañías e individuos acusados de participar en el alzamiento.

En el último año, según anunció recientemente el vice primer ministro turco Nurettin Canikli, el gobierno ha tomado el control de 965 empresas con un total de ventas anual de más de cinco mil millones de euros.

Ankara también ha transferido al fondo de garantía nacional (TMSF), dependiente de la oficina del primer ministro, los activos de 107 individuos.

Turquía, más dividida que nunca

A pesar de que Erdogan ha salido reforzado del intento de golpe de estado, especialmente tras la aprobación –no sin polémica– del referéndum presidencialista del pasado mes de mayo, la votación también mostró una Turquía muy dividida. Al fin y al cabo, sólo un 51 por ciento de los ciudadanos votaron a favor de los cambios constitucionales.

La Marcha por la Justicia, que terminaba el pasado domingo en Maltepe, Estambul, con un mitin en el que participaron cientos de miles de personas, es la primera muestra de unidad entre la oposición turca desde las protestas de Gezi en 2013.

En la marcha, que se extendió durante los 450 kilómetros que separan Ankara de Estambul, se pudieron ver representantes de los distintos estratos de la sociedad turca unidos para pedir justicia ante la ola de represión del último año.

Una represión que ha ganado a Ankara críticos no sólo en sus fronteras, pero también fuera de ellas.

Europa se ha mostrado especialmente preocupada por la purga llevaba a cabo bajo el estado de emergencia, así como por el resultado del referéndum presidencialista, acusando al gobierno turco de autoritario.

Uno de los últimos casos más polémicos en este sentido ha sido la detención, hace apenas dos semanas, de varios miembros de Amnistía Internacional, a quienes Ankara acusa de conspiración contra el orden público.

Amnistía Internacional ha pedido la colaboración de los líderes mundiales para hacer presión al gobierno turco, y ha creado una campaña en la que recuerda a Erdogan que también trabajaron por su liberación cuando fue detenido, siendo alcalde de Estambul, por leer un poema que decía así: “Las mezquitas son nuestras barricadas, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados”.

De ‘política cero’ a ‘cien’ en un año

Históricamente, Turquía se ha enfrentado a problemas internos relacionados con la violencia étnica, las tensiones religiosas o la lucha política. Sin embargo, esta vez, el deseo de predominancia política está llevando al país a tomar decisiones que ponen en riesgo la estabilidad política e internacional.

Ankara ha pasado de una política de “cero problemas” con sus vecinos, a enfrentarse a sus principales aliados en el último año, un hecho que el gobierno ha querido utilizar a su favor, apoyándose en la narrativa dominante de “ellos” contra “nosotros”.

Europa. El conflicto que más titulares ha protagonizado es el que mantiene con la Unión Europea. Recientemente, el Parlamento Europeo recomendó a la Comisión la cancelación del proceso de adhesión de Turquía al bloque tras los varios enfrentamientos con la propia organización y de manera directa con algunos de sus miembros.

Es el caso del conflicto con Alemania y Holanda, a los que Erdogan calificó de ‘nazis’ por no permitirle hacer campaña a favor del referéndum en sus fronteras.

Ankara ha acusado además a Berlín de acoger a miembros del grupo terrorista kurdo PKK y de ofrecer asilo político a miembros del ejército y oficiales turcos, supuestamente vinculados al golpe de estado.

Una de las consecuencias de este enfrentamiento ha sido la salida de las tropas alemanas de la base de la OTAN en Incirlik, Turquía, después de que el gobierno turco denegase la entrada a diputados alemanes, que se disponían a visitar al contingente desplegado.

Estados Unidos. A pesar de que Ankara se mostraba esperanzada, hace apenas unos meses, tras la elección de Donald Trump como presidente, las malas relaciones con Estados Unidos se mantienen a causa de la guerra en Siria. Allí, el gobierno de Donald Trump ha formado una coalición con las milicias kurdo sirias en la lucha contra el Estado Islámico, algo que no ha sentado nada bien al gobierno turco, que considera a esos grupos un brazo en Siria del terrorista PKK.

Otro de los frentes abiertos es sobre la extradición del clérigo Fethullah Gülen, a quien Ankara considera principal ideólogo del intento de golpe. Por ahora Estados Unidos no se ha pronunciado sobre este tema, y varias agencias de inteligencia internacionales aseguran que no hay pruebas que indiquen en esa dirección.

El último incidente más sonado ocurrió en Washington, durante una visita de Erdogan. Allí, frente a la vivienda del embajador turco, los guardaespaldas del presidente y manifestantes se enzarzaron en una pelea que fue duramente criticada por el Departamento de Estado americano. La policía de Washington decidió emitir órdenes de detención contra doce de los guardaespaldas del presidente turco, algo que Turquía no ha visto con buenos ojos.

Países árabes. Otro de los frentes abiertos de Ankara es con Arabia Saudí y Egipto, después de que el gobierno turco decidiese apoyar a Qatar durante el embargo aplicado al pequeño emirato por los países árabes de la región.

Desde entonces, Turquía ha estado enviando toneladas de agua y comida a Doha, y ha instado a los sauditas a solucionar este problema cuanto antes.

Todos estos cambios demuestran que Turquía se enfrenta a mayores problemas internos e internacionales que hace un año, y que el papel del estado de emergencia en la creación de una agenda social y política más conservativa ha sido clave.