Atentados París

¿Qué ha hecho la UE por la lucha contra el terrorismo un año después del 13-N?

La seguridad se ha convertido en prioritaria, pero la burocracia ralentiza la toma de decisiones. 

La Eurocámara celebró una ceremonia de homenaje a las víctimas del 13-N

La Eurocámara celebró una ceremonia de homenaje a las víctimas del 13-N

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Un año después de los ataques del 13-N en París, el nivel de amenaza terrorista en la Unión Europea sigue siendo "muy alto". En Bruselas preocupa especialmente que la ofensiva de la coalición internacional contra los bastiones del grupo terrorista Estado Islámico en Mosul (Irak) y Raqa (Siria) acelere el regreso a Europa de yihadistas comunitarios bien entrenados y dispuestos a cometer atentados, según han avisado en las últimas semanas el coordinador antiterrorista, Gilles de Kerchove, y el comisario de Seguridad, Julian King. Entre 3.000 y 5.000 europeos han viajado a combatir a Irak y Siria y se estima que entre un 20% y un 30% podrían haber vuelto ya, de acuerdo con los cálculos de Europol, el órgano de coordinación policial de la UE.

Si hay algo que ha cambiado en los últimos doce meses es que la seguridad se ha convertido en una política prioritaria de la UE. En el pasado, las medidas antiterroristas sólo avanzaban en Bruselas a golpe de atentado: el 11-S en Nueva York y Washington, el 15-M en Madrid o los atentados de julio de 2005 en Londres. Ahora, los líderes europeos están movilizados y decididos a impulsar la lucha contra el terrorismo; como muestra, la creación del puesto de comisario de Seguridad.

Durante el último año, en la UE se han planteado muchas iniciativas para combatir el yihadismo. Pero los desacuerdos institucionales, la desconfianza y la burocracia hacen que su aprobación y puesta en práctica avance muy lentamente. Éstas son las principales medidas y los problemas sin resolver:

Intercambio de información

Es la eterna asignatura pendiente. Los países miembros consideran la seguridad y los servicios secretos como una competencia nacional y se resisten a compartir con sus socios toda la información sobre los sospechosos de terrorismo. Tampoco alimentan las bases de datos de la UE, como la de Europol o la del sistema de información de Schengen (SIS), lo que impide detectar a tiempo conexiones entre casos. Croacia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal son algunos de los países identificados por Bruselas por no intercambiar suficiente información.

"Aunque estamos mejorando, las bases de datos no reflejan plenamente la amenaza tal y como la conocemos", ha admitido el coordinador antiterrorista. Otro problema es que los diferentes registros no están adecuadamente conectados y la información está muy fragmentada.

Europol puso en marcha en enero un Centro Europeo de Lucha Antiterrorista, cuyo objetivo es precisamente facilitar el intercambio de datos. Su director, el coronel de la Guardia Civil, Manuel Navarrete, explicaba en una entrevista a EL ESPAÑOL que tras los atentados de París y Bruselas la cooperación entre los Estados miembros está mejorando. Europol cuenta además con una unidad encargada de combatir la propaganda terrorista que se difunde a través de la web. En octubre de este año, había enviado más de 15.000 peticiones a las compañías de internet para que bloquearan el acceso a contenidos terroristas, según un informe de De Kerchove (en pdf). El mismo informe alerta de que Europol necesita más personal y presupuesto.

El PNR, de nuevo retrasado

Después de casi 10 años de debate por las preocupaciones de la Eurocámara en materia de privacidad, la UE aprobó el pasado abril de forma definitiva la creación de un registro comunitario de datos de los pasajeros aéreos (PNR, por sus siglas en inglés). Este registro existe en Estados Unidos desde el 11-S y las aerolíneas europeas ya están obligadas a entregar los datos a Washington. Bruselas sostiene que el PNR servirá para detectar los viajes de terroristas no fichados que van a combatir a Irak y Siria y pretenden regresar a Europa.

Pero la puesta en marcha de esta nueva herramienta antiterrorista se retrasa de nuevo. En estos momentos, sólo Reino Unido cuenta con un registro plenamente operativo (el PNR funcionará conectando las bases de datos nacionales), mientras que Francia y Hungría lo completarán antes de fin de año. En contraste, un total de 11 países -Alemania, Austria, Grecia, Polonia, Chipre, Malta, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Irlanda y Luxemburgo- ni siquiera han empezado el trabajo. El sistema no estará plenamente operativo hasta mayo de 2018.

Más controles fronterizos

La UE acaba de estrenar una nueva Guardia de Fronteras y Costas con nuevos poderes en materia de seguridad y lucha antiterrorista. Bruselas teme que el autodenominado Estado Islámico aproveche los flujos de refugiados y migrantes para infiltrar terroristas en Europa con documentos falsos. Por eso, tanto Europol como Frontex están intensificando las inspecciones de seguridad a las personas que llegan a Grecia -muchas menos que el año pasado desde el acuerdo con Turquía a principios de este año- e Italia. El coordinador antiterrorista ha avisado de que los controles en Italia, que sufre ahora la mayor presión migratoria, todavía son insuficientes.

Además, la Comisión ha propuesto dos normas para blindar las fronteras exteriores de la UE y detectar el regreso de terroristas, aunque ninguna de ellas ha sido aprobada todavía por la Eurocámara. La primera obligará a controlar a todos los ciudadanos que entren en el espacio Schengen, tanto los extracomunitarios como los comunitarios. Sus documentos deberán ser escaneados para verificar si figuran en alguna base de datos de personas buscadas. El objetivo es que esta medida se apruebe antes de fin de año.

En segundo lugar, Bruselas quiere crear en las fronteras un registro de entradas y salidas, similar al que ya existe en Estados Unidos, donde te toman las huellas y te fotografían cada vez que llegas. Lo siguiente será un sistema de autorización electrónica previa de viaje que imita a la ESTA norteamericana, y que permitirá denegar la entrada a personas fichadas.

Otra de las iniciativas que todavía no ha sido aprobada por la Eurocámara, es la directiva que obligará a todos los países miembros a castigar con penas de cárcel actos como recibir entrenamiento y viajar al extranjero con fines terroristas. España lo lleva reclamando desde 2013 y ya lo prevé en su legislación.

Armas de fuego y precursores de explosivos

A petición de Francia, que lo había pedido desde el ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo en enero de 2015, la Comisión presentó el año pasado una norma cuyo objetivo era prohibir totalmente las armas semiautomáticas para uso civil. Los Gobiernos europeos la aprobaron el pasado julio, pero han descafeinado su contenido por las presiones de países como Finlandia o República Checa, que querían que se tuvieran en cuenta los intereses de los cazadores o los coleccionistas. Aún así, la directiva todavía está pendiente de ratificación por la Eurocámara.

La UE ha lanzado también un plan de acción para combatir el tráfico de armas y explosivos, cuya prioridad es obtener la colaboración de los países de los Balcanes, norte de África y Oriente Próximo. Los terroristas han recurrido a explosivos de fabricación casera para la mayoría de sus ataques en Europa. Por ello, una de las prioridades es reducir el acceso a precursores que pueden usarse en estos artefactos. El pasado septiembre, Bruselas expedientó a España y a otros tres países (Francia, Luxemburgo y Chipre) por no aplicar correctamente la norma que regula los precursores.

Combatir la financiación

El Banco Central Europeo ha anunciado que dejará de emitir billetes de 500 euros por su uso para actividades ilícitas como la financiación del terrorismo. No obstante, la producción no se detendrá hasta finales de 2018 y los que ya están en circulación podrán seguir utilizándose. Bruselas ha propuesto además controles adicionales sobre las monedas virtuales y las tarjetas de prepago con el fin de evitar que se usen para financiar ataques, pero esta medida todavía tardará meses en ser aprobada por la Eurocámara y los Gobiernos.

La UE ha identificado a 11 países (entre ellos Siria, Irak, Afganistán, Bosnia o Laos) que no combaten adecuadamente la financiación del terrorismo. Los bancos comunitarios están obligados a realizar controles adicionales a los flujos financieros procedentes de estos territorios.

Prevenir la radicalización

Es una de las prioridades del nuevo comisario Julian King. Facebook, Twitter, Google y Microsoft han firmado un código de conducta promovido por la Comisión según el cual se comprometen a bloquear cualquier contenido que incite a la violencia en un plazo máximo de 24 horas tras haber recibido un aviso válido. El próximo 8 de diciembre se celebrará en la capital belga el segundo Foro de Internet de la UE, que reúne a las tecnológicas, los Gobiernos y la sociedad civil y cuyo objetivo es prevenir la radicalización online y acabar con la propaganda terrorista en internet.

Bruselas quiere que las empresas de internet desarrollen herramientas automáticas para suprimir los contenidos del Daesh y pongan más dinero para fomentar los "contradiscursos" independientes contra la retórica del odio. Francia y Alemania han reclamado además una propuesta legislativa para obligar a las tecnológicas a facilitar rápidamente a investigadores y autoridades judiciales cualquier tipo de prueba, incluyendo las comunicaciones encriptadas.

Para 2015 y 2016, la UE tiene previsto dedicar 6,5 millones de euros para proyectos de prevención de la radicalización que desemboca en terrorismo, especialmente en las cárceles.