Francia

El artículo de la discordia o cómo Valls enfada a gran parte de su partido

58 diputados díscolos vuelven a fracasar en el intento de vetar la reforma laboral.

Manuel Valls escucha preguntas en la sesión parlamentaria este miércoles.

Manuel Valls escucha preguntas en la sesión parlamentaria este miércoles. Reuters

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El primer ministro francés, Manuel Valls, no sólo encuentra contestatarios en los rangos sindicales. Una parte de su bancada se posiciona en contra del artículo 2 de la reforma laboral.

Los sindicatos franceses, que han respaldado las doce manifestaciones que han convertido las calles francesas en un hervidero contestatario desde el pasado mes de marzo, rechazan en bloque el texto de la reforma laboral impulsada por Manuel Valls, cuya segunda lectura ha sido adoptada este miércoles en la Asamblea Nacional sin debate parlamentario, como ocurriera en el mes de mayo a través del uso del artículo 49.3 de la Constitución. Éste permite al gobierno en funciones aprobar por decreto una ley sin necesidad de someterla al voto de los diputados.

Entre los puntos más controvertidos de la ley El Khomri (que lleva el nombre de la ministra de trabajo al origen de esta reforma), se encuentra el artículo 2, que reescribe las disposiciones del Código del Trabajo relativas a la duración y a la organización del mismo. Este artículo prima el convenio de empresa sobre el sectorial, como ya sucede en España tras la reforma laboral de 2012.

Los sindicatos defienden que esta medida ha sido pensada para otorgar más poder al empresario, pero el gobierno francés, a través de su portavoz Stéphane Le Foll y del propio primer ministro Manuel Valls en varias ocasiones, ha reiterado su intención de mantener este punto inamovible en la ley El Khomri. “No pondremos en duda el artículo 2, pues es el corazón de la filosofía de este texto”, defendía Valls ante las movilizaciones.

Qué prevé el artículo 2

Los diputados socialistas en desacuerdo con este artículo, así como los sindicatos CGT y FO, ven en esta reforma un riesgo social, y temen por una multiplicación de los acuerdos empresariales que contribuirían a romper la igualdad de trato entre diferentes empleados del mismo organismo. Este es el principal motivo que ha llevado a una treintena de diputados socialistas (con el apoyo de diputados ecologistas y miembros del Frente de Izquierda) a intentar presentar sin éxito, por segunda vez en dos meses, una moción de censura al primer ministro Manuel Valls.

El artículo 2 de esta reforma laboral invierte la jararquía de la normativa. “La primacía del acuerdo de empresa en materia de duración de trabajo se convierte en el principio de derecho común”, reza el texto. Esto es, el acuerdo de empresa prima sobre el sectorial en factores como el número máximo de horas y días trabajados por semana, el coste de las horas suplementarias, pero también en lo que concierne al tiempo de reposo o a las vacaciones pagadas.

Negociación colectiva versus chantaje empresarial

Los defensores de este artículo argumentan que esta disposición va a aportar un margen de maniobra que permitirá la creación de una flexibilidad en el seno de la empresa, motivando un diálogo social entre empresario y trabajador. Por su parte, los detractores temen por un abuso de poder y la ‘legalización’ del chantaje dentro del lugar de trabajo. Mientras tanto, el Gobierno socialista, al origen de esta controvertida reforma, entiende que las empresas podrán así organizar y adaptar su funcionamiento interno en función de sus diferentes actividades económicas y de las obligaciones de cada sector.

A pesar de que el Gobierno parte de la base de que los sindicatos respaldarán al empleado rechazando cualquier acuerdo que le sea desfavorable con respecto a lo pactado en el sector, lo cierto es que la reforma, tal y como está redactada a día de hoy, hace presagiar a los más escépticos un uso abusivo de esta invitación a la negociación colectiva Esto es, esta inversión en la jerarquía es la que permitiría a una empresa amenazar con la supresión de puestos de trabajo acogiéndose a una ‘degradación de la situación económica’, lo cual obligaría a los sindicatos a firmar un acuerdo menos favorable para el trabajador que el acuerdo sectorial originariamente pactado.

70% de los franceses en contra

Un sondeo publicado el 25 de mayo por la televisión francesa BFMTV revelaba que 7 de cada 10 franceses se muestran hoy favorables a la retirada de esta reforma laboral. “Este país se muere a veces a causa de sus conservadurismos, de su imposibilidad a la hora de reformar, y por eso estamos estamos en un momento crucial”, respondía Manuel Valls horas después ante los micrófonos de ese mismo medio.

El artículo 2, que ocupa sesenta páginas de las 220 del proyecto de ley, también aborda otras cuestiones como la referente al tiempo de trabajo. El texto respalda que la semana laboral de 35 horas semanales pueda llegar a ampliarse hasta las 48 horas (dejando la puerta abierta a las 60 horas con previa autorización), siempre y cuando durante la siguiente semana el trabajador tan sólo registre 10 horas en el lugar de trabajo. Esto es, la media de horas semanales aumentaría a 37,5 horas durante 3 meses del año.

Por otra parte, el contrato de trabajo podrá estar sujeto a modificaciones sin que éstas conlleven una alteración en la remuneración del empleado, lo que ha sido interpretado como un abaratamiento de la mano de obra y una precarización de las horas suplementarias, cuyo pago desciende de un extra de 25% sobre la hora ordinaria al 10%.

Valls, contra las cuerdas

Este artículo 2 de la ley El Khomri se encuentra al origen de la última fractura dentro del Partido Socialista. Recurrir al artículo 49.3 para adoptar una ley sin posibilidad de debate ha obligado al primer ministro francés a asumir la fragilidad en sus filas. “Sí, asumo que en cierto número de textos importantes sólo cuento con una mayoría relativa”, ha lanzado este miércoles en la Asamblea Nacional.

Un sondeo Ipsos publicado por Le Point el pasado mes de mayo confirmaba la impopularidad del primer ministro francés, de quien 70% de los franceses tiene una opinión desfavorable.

Ignorando la amenaza de expulsión de la formación política, una treintena de diputados socialistas ha vuelto a intentar este miércoles convencer a los indecisos del hemiciclo y reunir las 58 firmas necesarias para presentar una moción de censura en la Asamblea Nacional, como respuesta al decretazo con el que Manuel Valls ha adoptado esta segunda lectura de la reforma laboral.

Entre las 58 firmas, se encuentran célebres nombres de la política francesa, como Cécile Duflot (exministra de Vivienda), Aurélie Filipetti (exministra de Cultura y Comunicación), o Benoir Hamon (exministro de Educación). De nuevo, como ocurriera en el mes de mayo y a falta de dos voces, esta moción no ha sido presentada en la Asamblea Nacional aunque sí ha dejado entrever una vez más las enemistades que podrían resquebrajar este último año de mandato antes de la elección presidencial en 2017.