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La batalla de los WC: Carolina del Norte contra los transexuales

El estado sureño obliga a los ciudadanos a usar los aseos públicos del sexo registrado en su partida de nacimiento.

Una cafetería declara su baño abierto a "todos los sexos" para protestar contra la ley.

Una cafetería declara su baño abierto a "todos los sexos" para protestar contra la ley. Reuters

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Si, por ejemplo, has nacido mujer pero te identificas como hombre, en Carolina del Norte no puedes usar los baños públicos del sexo al que sientes que perteneces.

El 23 de marzo, la Asamblea del estado -controlada por los republicanos- aprobó la polémica Ley de privacidad y seguridad en instalaciones públicas, conocida como 'HB2'. La norma obliga a los ciudadanos a usar el aseo o vestuario correspondiente al sexo registrado en su partida de nacimiento en edificios públicos, como universidades u oficinas de la Administración.

La norma ha despertado gran indignación en el estado sureño y a lo largo del país. Compañías como Deutsche Bank o el gigante de pago electrónico PayPal han congelado sus planes de expansión en Carolina del Norte para protestar contra la ley de baños públicos. También se han unido celebridades al boicot, como el músico de rock Bruce Springsteen, quien canceló un reciente concierto en la región.

“HB2 es la peor la peor ley anti-LGBT [contra la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual], antitrabajadores y antieducación en Carolina del Norte y en todo Estados Unidos en este momento”, asegura Chris Sgro, director ejecutivo de la organización Equality North Carolina, que ha acudido a los tribunales para intentar desmontar la legislación. “Expone directamente a los miembros de la comunidad gay y transgénero a la discriminación e incluso a la violencia”.

El conflicto ha escalado en los últimos días y ha desembocado en una lucha legal entre autoridades federales y estatales sobre los derechos de la comunidad transexual.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de EEUU advirtió por carta al gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, de que la ley de baños públicos “viola” la Ley federal de derechos civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de género. El Departamento daba de plazo al político hasta el lunes para responder.

El lunes llegó la respuesta de McCrory: una denuncia por la “radical interpretación” legal llevada a cabo por Justicia y su “entrometimiento descarado y sin fundamento”. La autoridad federal decidió entonces recurrir también a los tribunales.

“Esta acción va más allá de unos baños”, dijo la fiscal general de EEUU, Loretta E. Lynch, en declaraciones recogidas por el Washington Post después de que Justicia presentara su denuncia. “Esto va de la dignidad y respeto que otorgamos a nuestros ciudadanos y las leyes que nosotros, como personas y como país, hemos aprobado para protegerlos”.

El Gobierno federal ha amenazado con cortar financiación a Carolina del Norte si no rectifica. El estado sureño recibe cada año miles de millones de dólares para su sistema educativo y Washington estudia interrumpir el flujo. Es una herramienta de presión que ya aplicó en la década de 1960 para forzar a las escuelas a romper la segregación entre estudiantes blancos y de color.

“Esto es el Gobierno federal haciéndose el abusón”, dijo McCrory en una entrevista con Fox News el fin de semana. “Está intentando definir la identidad sexual y no existe una identificación o definición clara de la identidad sexual”.

Los legisladores en Carolina del Norte se apresuraron a impulsar la norma de baños después de que la ciudad de Charlotte promoviera una ordenanza municipal que permitía a los transexuales usar el aseo de su preferencia, siguiendo el ejemplo de urbes estadounidenses como Orlando (Florida).

Los promotores de HB2 aseguran que se trata de una medida de “sentido común” y que busca proteger a los ciudadanos junto con su privacidad.

“Lo que hace principalmente esta ley es disponer lo que se ha dado siempre en la historia de este país: que la gente debería usar baños públicos segregados en base a su sexo biológico”, afirma Roger Gannam, abogado sénior del Liberty Counsel, un grupo que ofrece servicios jurídicos para apoyar causas conservadoras. “Protege la seguridad y privacidad de todos y no debería haber controversia por una ley como ésta”.

Los defensores de la ley alegan que depredadores sexuales se pueden hacer pasar por mujeres para agredirlas en el servicio femenino. Mientras, sus detractores aseguran que no se han producido incidentes de este tipo en las localidades que prohíben la discriminación de los transexuales en instalaciones públicas.

El diario norcarolino Charlotte Observer no encontró casos de criminales que hubieran sido procesados por aprovecharse de normas protransexuales para agredir cuando investigó la cuestión el mes pasado.

Asimismo, existen grandes interrogantes sobre cómo Carolina del Norte puede hacer cumplir su apodada “ley de baños”.

“HB2 es una ley esencialmente inaplicable ya que la mayoría de la gente no lleva consigo sus certificados de nacimiento y la ley no contiene ningún mecanismo específico de ejecución”, afirma Sarah McBride, responsable de campañas en el ámbito de los derechos LGBT del think tank Center for American Progress. “Sin embargo, crea una cultura de discriminación que probablemente se aplique de manera desigual y diferente”. McBride pone el ejemplo de que un estudiante podría sufrir un castigo disciplinario en su escuela, mientras que un funcionario se expondría a sanciones en el lugar de trabajo.

Como el Departamento de Justicia, McBride considera que la ley estatal de baños públicos viola la norma federal y cree que el Gobierno ganará la batalla en los tribunales.

La norma HB2 de Carolina del Norte ha puesto también al estado bajo una creciente presión económica. Sumado al riesgo de perder más de 4.000 millones en financiación federal, Center for American Progress calculó en abril que el estado se exponía a pérdidas de más 500 millones de dólares en ingresos del sector privado. Más y más compañías están sumándose al esfuerzo para tumbar la polémica legislación, por lo que el posible impacto económico crece.

Por su parte, Chris Sgro, de Equality North Carolina, cree que la presión económica acabará llevando a los legisladores de su estado a derogar la ley.