Argentina

'Cristinismo invertido': Macri se ofrece a pagar a los fondos buitre

El nuevo gobierno argentino se muestra favorable a pagar a sus acreedores con una quita del 25%.

Los enviados de Macria a Nueva York: Luis Caputo (i) y Mario Quintana.

Los enviados de Macria a Nueva York: Luis Caputo (i) y Mario Quintana. Efe

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La guerra entre Argentina y los fondos financieros buitre o especulativos (holdauts) de los Estados Unidos, que reclaman cobrar en metálico bonos de la deuda pública argentina en su poder, ha ingresado en una tregua luego de que el gobierno del presidente Mauricio Macri les presentara, el viernes en Nueva York, una oferta de pago de esos títulos con quitas de alrededor del 25%.

La propuesta del mandatario liberal representa un giro copernicano con respecto a lo hecho por su antecesora en el poder, la peronista Cristina Fernández, viuda de Kirchner (2007-2015). La sencilla estrategia de gobierno de Macri en los casi dos meses que lleva en la Casa Rosada ha sido denominada como “cristinismo invertido” por parte de la politóloga Beatriz Sarlo.

Si bien la jefa peronista había planteado llegar a un acuerdo que fracasó por la negativa de los fondos, aquel desencuentro rompió la baraja de la negociación en 2014. "Mientras yo sea presidenta se podrán quedar con la fragata, pero no se van a quedar con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país”, proclamó en el pico de tensión del enfrentamiento.

Fernández se atacó de los nervios porque la fragata “Libertad”, buque escuela de la armada argentina –equivalente al Juan Sebastián Elcano español- fue retenida por la justicia de Ghana durante su viaje de vuelta al mundo para instruir a los oficiales. Los fondos ‘buitres’ ponían demandas y se lanzaban en picado sobre cualquier bien apetecible de Argentina, incluso transferencias bancarias para las embajadas.

Macri nunca comulgó con la estrategia guerrera del kirchnerismo, que hasta agitó la bandera antimperialista “Patria o Buitres”, y ahora que ocupa la Casa Rosada da muestras de que pretende alcanzar una fumata blanca. Por ello ha ofrecido pagarles unos 6.500 millones de dólares en efectivo, en vez de los nueve mil millones de dólares que reclaman Esto es, aplicando la quita de una cuarta parte de la suma total.

La oferta fue presentada por los emisarios de Macri a Nueva York, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, durante cinco jornadas de negociaciones con el mediador judicial Daniel Pollack. Este intermediario representa al juez neoyorquino Thomas Griesa, que condenó a Argentina a pagar en el juicio que los fondos buitre entablaron por el impago de los bonos.

Mayoría parlamentaria

En un intento de transmitir seriedad y amarrar la confianza de los acreedores, Macri y su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, hablaron telefónicamente con el mediador. “Ambos están sólidamente detrás de esta propuesta" y mostraron "valor y flexibilidad", ha ponderado Pollack.

“La propuesta de Argentina es un avance histórico que, si se cumplen ciertas condiciones, le permitirá volver a los mercados financieros globales", ha celebrado Pollack en un comunicado de prensa. Esas condiciones previas, en concreto, son el visto bueno por parte del parlamento de Argentina, que debe aprobar la propuesta y donde Macri no cuenta con la mayoría- y del juez Griesa.

El mediador Daniel Pollack, nombrado por un juez de Nueva York.

El mediador Daniel Pollack, nombrado por un juez de Nueva York. Efe

Sin acceso a créditos internacionales con tasas de interés razonables por la persistencia de este litigio y un bloqueo judicial del juez Griesa, Argentina está urgida por cerrar este fleco de su debacle del 2001, cuando declaró el cese de pagos de su deuda pública -100 mil millones de dólares- (la más abultada de la Historia hasta ese momento). Aquella crisis se produjo en medio de protestas populares por el corralito bancario y el Estado de sitio. Dejó 33 civiles muertos en las calles por la represión y el entonces presidente Fernando de la Rúa dimitió y huyó en helicóptero de la Casa Rosada.

A medida que su economía iba recuperándose en la década pasada, Argentina, durante los gobiernos Kirchner, reestructuró en 2005 y 2010 su deuda ofreciendo a los acreedores canjear los bonos impagos con otros nuevos, que incluían quitas de 65% y plazos más largos. El 93% de los acreedores aceptó y venían cobrando normalmente hasta el fallo del juez Griesa.

Deuda soberana

Sin embargo, aún persiste un 7% de acreedores que dijeron “no” a aquellas reestructuraciones. Entre ellos sobresalen los fondos buitre, que compraron a precio de rebajas los bonos basura del Estado argentino y ahora pretende cobrarlos a su valor nominal. Por eso litigan contra Argentina en los Estados Unidos y hasta ahora no les ha ido nada mal.

Uno de los fondos especulativos más persistentes es el conocido como NML Capital, del magnate británico Paul Singer, que según la prensa de su país en anteriores litigios por reclamos de pago de deudas hasta llegó a pedir embargos contra otros países y empresas, Congo-Brazzaville y General Motors, por ejemplo.

El ministro Prat Gay ha desvelado este sábado que a la propuesta de Buenos Aires “entraron dos de los seis fondos de inversión que parecían duros”. Y con respecto a NML Capital ha asegurado que sus directivos “están mirando (la oferta) y se estaban acercando”. “Hubiéramos querido llegar a un arreglo pero no fue posible, seguimos adelante” ha indicado, en señal de que las negociaciones no se han cerrado del todo y aún no estaría dicha la última palabra.

La pelea entre Argentina y los ‘holdauts’ preocupa a nivel global por el precedente negativo que podría fijar de cara a otras posibles reestructuraciones de deudas soberanas, por ejemplo de países altamente endeudados como Grecia y otros, que también se verían obligadas a lidiar contra especuladores. Por eso la Organización de Naciones Unidas aprobó, en septiembre pasado, una resolución con nueve principios básicos para guiar la reestructuración de deudas soberanas, una iniciativa impulsada por Argentina. Cosechó 136 votos a favor (G77 y China) y seis en contra (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón, e Israel). España se abstuvo junto a otras 41 naciones, entre ellas Grecia, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, México y Colombia.