Venezuela

Maduro suma artimañas para evitar la 'súper mayoría' opositora

Nombra juristas a dedo 'in extremis' y consigue que el Supremo suspenda la proclamación de tres diputados opositores.

El chavismo abre distintas gestiones para revisar las elecciones perdidas.

El chavismo abre distintas gestiones para revisar las elecciones perdidas. Reuters

El 26 de octubre el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En él se comprometía a acatar los resultados de las elecciones parlamentarias que se celebrarían el 6 de diciembre. “Es un compromiso respetar y hacer respetar la voluntad popular el 6D. Quien ganó, ganó. Quien pierda, perdió y listo”, dijo entonces el líder del chavismo.

Pasaron las semanas, se celebraron los comicios y el oficialismo recibió en las urnas la derrota más importante de su historia. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 112 diputados contra los 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Maduro aceptó el descalabro frente a las cámaras, apenas a unos segundos de oficializarse los resultados. Pero en pocos días cambió de opinión.

El Psuv ha decidido impugnar “al mejor sistema electoral del mundo”, como lo ha calificado Maduro en reiteradas oportunidades. El partido gubernamental ha puesto en duda las elecciones en todo el estado Amazonas, donde ganaron tres diputados de la oposición y uno del oficialismo. Además, ha introducido recursos en contra del triunfo de otros 6 diputados de la MUD. El CNE, de vacaciones desde el 12 de diciembre, no ha recibido ninguna queja.

En cambio, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que también se encontraba de vacaciones, sorpresivamente se reincorporó a sus actividades el pasado lunes 28, justo para recibir los recursos interpuestos por el oficialismo.

Este miércoles (madrugada del jueves hora española) el Supremo venezolano ha ordenado suspender la proclamación de tres de los diputados opositores y ha admitido los otro cuatro recursos de impugnación. La oposición ya ha respondido asegurando que ocuparán sus 112 escaños el día 5 de enero, fecha en la que está prevista la instauración de la nueva Asamblea Nacional, el parlamento venezolano.

Juristas chavistas nombrados a dedo en la última semana

La decisión ha tenido como uno de los ponentes al magistrado Christian Zerpa, quien hasta hace dos semanas era diputado del Psuv. Él, junto a la magistrada Fanny Márquez, son los nuevos integrantes de la Sala Electoral del TSJ, nombrados hace unos días por la actual mayoría socialista en la Asamblea Nacional.

Márquez ha estado vinculada con Diosdado Cabello, número dos del chavismo. Ella fue abogada en la Gerencia General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en tiempos en los que Cabello era presidente de la institución gubernamental. También ha sido intendente nacional de Tributos Internos, bajo las órdenes de José David Cabello, hermano del actual presidente de la AN. Hasta este año ocupó el puesto de vicepresidenta del Centro Nacional del Comercio Exterior.

El pasado 23 de diciembre el Parlamento saliente designó a un total de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo, en una jugada que la oposición ha calificado como parte de un “golpe judicial”. Estas designaciones están viciadas, según el análisis del abogado constitucionalista José Ignacio Hernández. El especialista afirma que se han violado los trámites, procedimientos, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Después de que los magistrados del TSJ hayan admitido los recursos de impugnación, debería dar inicio a un juicio que podría durar un año. Con respecto a la suspensión de tres de los diputados, es “un exceso de la Sala Electoral”, en opinión de Hernández. “No es posible ‘suspender los efectos’ de una elección, pues ello atentaría contra el mandato popular que fue otorgado”.

Destruir la mayoría calificada

Con una mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Nacional (112 diputados) la oposición tiene atribuciones constitucionales especiales. Podría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobar o modificar proyectos de Leyes Orgánicas y hasta remover a los magistrados del Tribunal Supremos de Justicia. Existen, además, otros dos tipos de mayorías: la simple (84 diputados) y la mayoría calificada de las tres quintas partes (101 diputados).

Para el diputado José Guerra, representante de Caracas por la MUD, la intención del Gobierno es que la oposición pierda la mayoría calificada y advierte que si se repiten las elecciones en circuitos impugnados “la paliza va a ser mayor”.

“El Psuv corre el riesgo de seguir perdiendo apoyo al desconocer resultados 6D”, ha escrito el parlamentario en su perfil de Twitter.

Julio Borges, coordinador nacional del partido opositor y miembro de la MUD Primero Justicia, es uno de los candidatos a presidir la nueva Asamblea. Asegura que la oposición no permitirá que un “tribunal del Psuv” vulnere la soberanía popular.

La MUD ha pedido a Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, y a los máximos representantes de la Organización de Estados Americanos, de la Unasur y el Mercosur, además de Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que activen los mecanismos “para lograr que la democrática y pacífica voluntad de cambio del pueblo venezolano sea respetada”.

“Ese camino pacífico hoy está en peligro”, se lee en un comunicado firmado por Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora, anterior a la decisión del Supremo. El dirigente pide respeto a los resultados ante el intento de “golpe de estado judicial contra la decisión del pueblo venezolano”.

A pesar de la alarma que el movimiento gubernamental ha generado en la oposición, la Sala Electoral no puede suspender la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Una decisión judicial no pesa más que un voto, y así lo ha explicado el constitucionalista José Ignacio Hernández: “Aun cuando fueron impugnadas seis elecciones, el principio general es que debe respetarse la voluntad popular y el normal funcionamiento de las instituciones electas”.