Dicha ley busca facilitar la creación de empresas, a la vez que reducir las trabas al negocio de las pymes, mediante la lucha contra la morosidad comercial y el impulso de determinados instrumentos específicos de financiación alternativa.

En este anteproyecto se hace un diagnóstico certero sobre los problemas del tejido productivo español: falta de dimensión de las empresas, trabas burocráticas, excesiva dependencia de la financiación bancaria, etc. Y, en consecuencia, se plantean diferentes modificaciones que puedan dar ese impulso tan necesario para la dinamización y crecimiento de las empresas.

A falta de los trámites para su aprobación, en la que se pueden producir novedades importantes, el anteproyecto se presenta como un conjunto de generalidades, algunas de ellas sin concretar, y deja fuera algunos aspectos que pueden ser importantes.

Uno de los aspectos más destacados y que sí se recogen en el borrador es el referido a la creación de nuevas sociedades limitadas. Y es que la Ley Crea y Crece contempla que se pueda crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros actuales. Asimismo, se introducen reformas para facilitar la constitución de forma rápida, ágil y telemática de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas.

A falta de los trámites para su aprobación, en la que se pueden producir novedades importantes, el anteproyecto se presenta como un conjunto de generalidades, algunas de ellas sin concretar

La posibilidad de constituir una sociedad limitada, sin necesidad de capital mínimo (3.000 euros hasta la fecha) iguala a España con otros países en los que no existe importe mínimo, pero en la práctica no supone un elemento sustancial. Para financiar las primeras actividades de la nueva sociedad, sus promotores van a tener o bien que poner recursos o bien que prestar garantías para la financiación ajena.

Además, en la nueva ley los socios promotores siguen respondiendo de las deudas sociales hasta esa cantidad mínima de 3.000 euros, con lo cual en la práctica, este incentivo como instrumento de impulso de la creación de nuevas empresas queda prácticamente desvirtuado.

Cuestión diferente hubiera sido limitar los costes de creación de nuevas sociedades, hoy en día exagerados para empresas de reducida dimensión. Actualmente, para crear una sociedad de 3.000 euros de capital, los costes de constitución son de prácticamente 1.000 euros (500 euros de notaría, 280 de registro y 220 de gestión).

Si de verdad se quiere promover la digitalización de las pymes con el acceso electrónico al registro de nombres sociales y la utilización de estatutos estandarizados, estos gastos de constitución podrían ajustarse al máximo, e incluso podría automatizarse notaría y registro.

Otro aspecto reseñable de este anteproyecto es el impulso de nuevos instrumentos de financiación. Se introducen importantes novedades que amplían la operativa de las Plataformas de Financiación Participativa, de las Instituciones de Inversión Colectiva y de las Gestoras de fondos de Capital Riesgo, para que puedan invertir en activos y préstamos de pymes.

Esto es muy interesante y además está ligado a la evolución de la tecnología y de la financiación de nuevos modelos de negocio, pero existen algunos elementos importantes que quedan fuera de la ley. Uno de ellos es la mayor utilización de los préstamos participativos como instrumento híbrido de financiación de las pymes.

Los préstamos participativos a largo plazo son el instrumento idóneo para que las pymes puedan absorber toda la financiación asumida durante este tiempo con nueva actividad

El sector productivo español ha sido financiado durante la pandemia básicamente a través de préstamos con garantías públicas (préstamos ICO). Cuando comiencen a vencer las carencias (más las añadidas por el Código de buenas prácticas), las empresas van a necesitar reforzar sus patrimonios con recursos diferentes a la deuda. Los préstamos participativos a largo plazo son el instrumento idóneo para que las pymes puedan absorber toda la financiación asumida durante este tiempo con nueva actividad.

Una ley que quiera impulsar el crecimiento de las pymes debería recoger instrumentos de impulso de este tipo de financiación.

Las sociedades de garantía recíproca, cruciales

Otro de los instrumentos a los que no se hace mención en la ley y que ya representan una herramienta de financiación muy sustancial son las Sociedades de Garantía Recíproca. La presencia de las SGR en el tejido empresarial español y especialmente en las micropymes, autónomos, pymes y emprendedores, lo demuestran las siguientes cifras del sector:

Adicionalmente, el sector, a través de CESGAR (Asociación que agrupa al conjunto de SGR), acaba de lanzar un producto completamente novedoso en Europa y que puede convertirse en un instrumento básico de financiación para las pymes: AQUISGRAN.

Se trata de un Fondo de Titulización de préstamos de pymes avalados por las SGR que se va a convertir en una financiación alternativa y complementaria a la bancaria, a largo plazo (hasta 10 años), con unas condiciones muy competitivas (1,60% fijo), y con importes de hasta 200.000 euros en esta primera etapa.

El Fondo AQUISGRAN tiene previsto invertir en un primer momento 150 millones de euros en dos años y va a estar financiado por el Instituto de Crédito Oficial y contará con garantía del Fondo Europeo de Inversiones. Asimismo, los préstamos avalados por las SGR contarán con Reaval de la Compañía española de Refianzamiento (CERSA).

Este Fondo va a suponer que las SGR puedan ofrecer financiación directa a sus clientes, a largo plazo, y que en momentos en los que se puede producir una restricción del crédito bancario pueda suponer a las pymes una fuente de financiación alternativa, que hasta ahora no existía.

Los otros elementos (lucha contra la morosidad, factura electrónica o liberalización de trabas de algunos sectores), son muy importantes para agilizar la actividad de las pymes, pero considero que hay que profundizar y concretar más en algunas medidas que puedan ser esa palanca de dinamización del tejido productivo que pretende la ley.

***Pedro Embid es director general de Avalmadrid.