El Govern denuncia a la Guardia Civil por los interrogatorios a cargos de la Generalitat

El Govern denuncia a la Guardia Civil por los interrogatorios a cargos de la Generalitat

Tribunales

La denuncia del Govern contra la Guardia Civil, "manifiestamente improcedente"

El fiscal pide el archivo de la queja por el interrogatorio de los agentes de cargos de la Generalitat en la investigación sobre el referéndum ilegal.

María Peral

La Fiscalía ha pedido el archivo automático de la denuncia presentada por los abogados de la Generalitat de Cataluña contra los agentes de la Guardia Civil que han participado en el interrogatorio de cargos del Gobierno de la Generalitat en relación a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre.

El Ministerio Público alude a la "manifiesta improcedencia" de la denuncia contra los agentes, que actúan como Policía Judicial a las órdenes del juez de instrucción número 13 de Barcelona. El magistrado investiga una querella por las actuaciones que está llevando a cabo la Generalitat para la consulta ilegal anunciada para el 1-O.

El Govern presentó el sábado esa denuncia, dada a conocer por el consejero de de Presidencia, Jordi Turull, a través Twitter.

Según la denuncia, la actuación policial supone "una clarísima vulneración de derechos fundamentales" ya que se ha citado a varias personas a declarar por un caso cuyo secreto de sumario sigue vigente desde hace meses.

Entre otros, la Guardia Civil ha interrogado al exportavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; el director de comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; el secretario de la Presidencia, Joaquim Nin, y la jefa de Comunicación de la Conselleria de Asuntos Exteriores, Anna Molas.

En los interrogatorios, los agentes de la Guardia Civil se centran especialmente en averiguar quién pagó y gestionó la activación y funcionamiento de las web sobre el referéndum y sobre la campaña institucional impulsada por el Govern para crear un censo de catalanes residentes en el extranjero, según las fuentes.

Las diligencias se han abierto por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, ya que las acciones de preparación del referéndum pueden infringir las decisiones del Tribunal Constitucional.