José Manuel Maza

Maza cambia las Fiscalías más sensibles: Anticorrupción y Audiencia Nacional

Manuel Moix y Jesús Alonso se harán cargo de esos órganos. Javier Zaragoza, apartado de la AN, que dirigía desde 2006.

María Peral

Renovación en las Fiscalías de alto voltaje y confirmación de la mayoría de los integrantes la cúpula del Ministerio Público, donde no ha aumentado la limitada presencia de mujeres fiscales.

Éste es el resultado de la maratoniana reunión que ha celebrado este miércoles el Consejo Fiscal, el único órgano del Ministerio Público que es elegido parcialmente por los propios fiscales en elecciones democráticas y que ha expresado su criterio sobre 35 nombramientos discrecionales que se encontraban pendientes desde hace más de un año.

El más relevante, por la trascendencia de los asuntos de los que será responsable, es el del nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Manuel Moix, hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo y antes fiscal superior de Madrid, será propuesto para el cargo por el fiscal general tras obtener el apoyo mayoritario del Consejo.

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales han respaldado a Moix (que no es miembro de ninguna asociación) mientras que dos de los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales han votado a Alejandro Luzón, actual número dos de la Secretaría Técnica del fiscal general y miembro fundador de la Fiscalía Anticorrupción, en la que estuvo destinado desde la creación de este órgano en diciembre de 2005 y hasta enero de 2015. Luzón también ha tenido los votos del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, y del fiscal inspector, Fausto Cartagena, ambos miembros natos del Consejo. Por su parte, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral recibió un voto.

Moix sucederá a Antonio Salinas, que se jubiló el pasado octubre y ha estado en Anticorrupción durante 13 años. El mandato del nuevo jefe es de cinco años y puede ser renovado. A Moix le tocará terminar procedimientos que afectan a la presunta financiación ilícita del PP como Gürtel, los papeles de Bárcenas o Púnica y continuar la investigación del caso del 3%, que implica a Convergencia de Cataluña.

El fiscal general ha optado por renovar también la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida desde 2006 por un peso pesado de la carrera, Javier Zaragoza. El tiempo que éste llevaba ya en el cargo y el firme apoyo de la mayoritaria Asociación de Fiscales a favor de Jesús Alonso han inclinado a Maza a favor de este último, destinado en la AN desde 1998 y número dos de esa Fiscalía desde hace tres años.

Maza ha confirmado en sus puestos a la mayoría de los fiscales de Sala que habían terminado su mandato: Juan Ignacio Campos en la sección penal del Supremo, Elvira Tejada en criminalidad informática, Rosa Ana Morán en cooperación internacional, Pilar Barrero en la sección labora del Supremo, José Ramón Noreña en antidroga, Joaquín Sánchez Covisa en extranjería y Bartolomé Vargas en seguridad vial.

También va a proponer para un nuevo mandato a Antonio Vercher como fiscal de medio ambiente. Pese a algunas actuaciones polémicas, Vercher ha concitado el respaldo de los dirigentes de las dos asociaciones fiscales, así como de organizaciones que velan por la protección del medio ambiente y el propio Senado. Los vocales de la AF, no obstante, han dado sus votos a María Ángeles Garrido.

En cambio, Maza ha dejado caer a José Luis Bueren como encargado de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía, de la que depende la interlocución con el Ministerio de Justicia para la dotación de medios materiales y personales. Bueren contaba con la confianza del fiscal general, pero su labor ha sido considerada poco satisfactoria por las organizaciones fiscales y, además, ha tenido una relación conflictiva con los responsables ministeriales. Su sucesor será un miembro de su equipo, Francisco Moreno, apoyado por la AF.

De las cinco jefaturas de Fiscalías Superiores sometidas a renovación o no, Maza ha mantenido a los jefes de Castilla-La Mancha y La Rioja, José Martínez y Enrique Sterns.

Juan Calparsoro, protagonista de polémicas mediáticas a propósito del caso Otegi y otros, va a ser sustituido por Carmen Adán, hasta ahora jefa de la Fiscalía de Vizcaya.

Ana Tárrago será la nueva fiscal superior de Andalucía en lugar de Jesús García Calderón y José Luis Díaz Manzanera tomará el testigo de Manuel López Bernal en Murcia.

Manzanera es el que ha tenido a su cargo directo los asuntos de corrupción que pueden afectar al presidente del Gobierno autonómico, Pedro Antonio Sánchez. Por ello, fuentes de las Fiscalía aseguran que la sustitución de López Bernal no tendrá incidencia alguna en la llevanza de esas causas. 

Críticas de la UPF

La Unión Progresista de Fiscales ha criticado la decisión del fiscal general de prescindir de Zaragoza, Calparsoro, López Bernal y Bueren. "Confiábamos que su mandato supusiera -de una manera clara y rotunda- el afianzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Poder Ejecutivo. Desgraciadamente no parece que vaya a ser así", ha señalado en un comunicado la UPF, para la que "algunos de los nombramientos y la no renovación en sus plazas de algunos de nuestros compañeros, casualmente en su mayoría asociados de la UPF, supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, pues tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico".

La UPF considera una "personalidad irreemplazable" a Zaragoza y cree que el relevo de Calparsoro "parece un castigo a los años de dedicación al servicio del Estado de Derecho y la democracia española en una coyuntura tan complicada como ha sido la culminación del proceso de paz".

También opina que en el caso de Murcia "si algún ejemplo había que dar a la sociedad para apuntalar la confianza en la Fiscalía era mantener al fiscal superior frente a las intolerables presiones y la imagen de nuestra Institución que han tratado de dar algunos políticos".

Asimismo, indica que "uno de los peajes exigidos por el Ministro de Justicia al nuevo fiscal general era un cambio en la jefatura de la Unidad de Apoyo, pues al finalizar el mandato de Consuelo Madrigal había una manifiesta confrontación con el equipo ministerial debido a la gestión del control de los plazos de instrucción y, sobre todo, por la precipitada implantación y a espaldas de la Fiscalía y los fiscales de las nuevas soluciones tecnológicas de comunicación y gestión digital. Ese fielato ha sido también cobrado por el Ministerio de Justicia con la no renovación por el fiscal general de José Luis Bueren".