Caso Nicolay

Las aplicaciones instaladas al comisario Martín Blas no sirvieron para hacer la grabación ilegal

Un último informe de la Científica señala que los dos programas introducidos por orden del número dos de la Policía no estaban activos en el momento de la reunión con agentes del CNI.

Jorge Fernández Díaz con el número dos de la Policía, Eugenio Pino.

Jorge Fernández Díaz con el número dos de la Policía, Eugenio Pino. Efe

La Policía Científica ha concluido que las dos aplicaciones instaladas en el teléfono del comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas -encargado de investigar al 'pequeño Nicolás'- por orden del número dos de la Policía no sirvieron por grabar la conversación ilegal entre dicho comisario con dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), grabación que se ha querido utilizar para desacreditar toda la investigación sobre el joven presuntamente estafador.

En esta historia, en la que participan un comisario presuntamente compinchado con Francisco Nicolás Gómez Iglesias y un periodista, que ayudó también presuntamente a grabar esa reunión, ha enrarecido toda la investigación respecto del joven televisivo. El 'pequeño Nicolás', asiduo actualmente a programas televisivos, fue detenido en 2014 por haberse hecho pasar por personal del CNI, además de por hacer creer a empresarios que actuaba en nombre de la Casa Real o del Gobierno, así como pedir datos confidenciales a la Policía, y utilizar coches y dispositivos luminosos policiales en beneficio propio.

El grupo policial designado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, y que dirige Marcelino Martín Blas, sospecha que una reunión mantenida con agentes del CNI para hablar de Gómez Iglesias en octubre de 2014 fue grabada ilegalmente por un periodista que hizo una llamada al teléfono del comisario activamente de manera automática la opción de grabación.

Ésto se habría hecho, según los investigadores y avalado por el juez, bajo las órdenes de otro comisario policial, José Manuel Villarejo, actualmente jubilado e investigado en esta pieza separada sobre la grabación ilegal. Su objetivo sería ayudar al joven han intentar desacreditar toda la investigación al hacerle llegar esa grabación y entregársela al juez para alegar indefensión. Según un informe pericial encargado por Gómez Iglesias, en ea reunión se hablaría de “lavar pruebas”, extremo no reconocido por la Policía Científica que analiza esa grabación. Tras la detención del joven, se le incautó un papel con anotaciones suyas sobre tal comisario.

Una de las hipótesis de los investigadores es que se grabó esa conversación pudiendo actuivar unas aplicaciones que Martín Blas tenía en su teléfono, e instaladas por orden del director adjunto operativo en aquel entonces, Eugenio Pino. Esa aplicaciones tenían como objetivo reforzar la seguridad del terminal precisamente para que no ocurrieran dichas cosas. Sin embargo, entre sus funciones está la de activar aplicaciones del teléfono de manera remota.

El último informe de la Policía Científica, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sostiene que esas aplicaciones no pudieron servir para activar la grabación del teléfono porque en las fechas de la reunión celebrada con los miembros del CNI, tales aplicaciones habían expirado dado que no se habían renovado sus licencias. “En esas fechas, el teléfono carecía de certificados válidos, por lo que no hubiese permitido el correcto funcionamiento de las mismas”, recoge el documento.

Sin certificados válidos

Según recuerda la Policía Científica, el objetivo de esas aplicaciones (MDM y COMSec) era incrementar la seguridad del teléfono, con lo cual dado que en las fechas de la grabación carecía de los “certificados válidos” para su utilización, no sirvió ni para activar la llamada de manera remota y accionar así mismo la grabadora, ni para proteger el terminal.

Además, delimita que una de esas aplicaciones instaladas sí se podía manejar de manera remota y la otra no, “pero en ningún caso se puede hacer sin la autorización del usuario, quien debe permitir y activar dichos servicios”.

El informe que realizó en septiembre el grupo investigador elegido por el juez -y con el fiscal en contra al entender que no son objetivos dado que fueron las 'víctimas de la grabación-, determinaba que el teléfono de Martín Blas presentaba “vulnerabilidades críticas que pueden permitir el control total tanto de forma local como remota, de todas las funcionalidades del mismo, pudiendo realizarse cualquier acción sobre el dispositivo como añadir aplicaciones, borrar archivos o borrar registros”.

Lo que se concluye del informe es que se sospecha que de alguna manera se activó el modo grabación del teléfono del comisario -mientras se celebraba la reunión en su despacho- y que se hizo a través de una llamada dado que consta cómo el comisario habló durante una serie de minutos con un periodista a pesar de que niega que existiera esa conversación.

Programa espía

Sin embargo, el informe explica que también se pueden instalar de manera remota el 'icleaner' para eliminar archivos o carpetas. “Ha podido existir una aplicación que de forma automática descuelgue el teléfono y coja todo el sonido de ambiente que exista en ese momento sin el conocimiento del usuario”, explicaba el informe entregado el pasado mes de septiembre.

En tal documento también se hablaba de otra posibilidad: la instalación de un software llamado Limera1n, de acceso público, que tiene capacidad de responder a las llamadas de forma automática y sin intervención del usuario. Sin embargo, para su instalación es necesario tener el terminal físicamente. Ahí es cuando los investigadores recuerdan que en 2014, el número 2 de la Policía pidió a Martín Blas el teléfono para introducirle actualizaciones.

El trasfondo de todo este caso en un cruce de ataques entre diversos altos cargos de la Policía, y en los que unos atacan a otros y se protegen unos a otros en detrimento de terceros. Tal informe de septiembre concluye que el teléfono del comisario el día de la grabación presentaba “vulnerabilidades que podían permitir el control total del dispositivo”.