Caso Púnica

Tres investigados por falsear facturas en la reputación personal del expresidente de la Diputación de León

El juez Velasco sospecha que Manuel Marcos Martínez pagó como propaganda trabajos de reputación 'on line' para mejorar su imagen.

El expresidente de la Diputación de León, Manuel Marcos Martínez

El expresidente de la Diputación de León, Manuel Marcos Martínez EFE

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de citar como investigados a tres trabajadores de la empresa Eico, del también investigado Alejandro de Pedro, por un presunto delito de falsedad en facturas emitidas a la Diputación de León cuando la presidía Martín Marcos Martínez y para ocultar el verdadero pago, los trabajos de reputación 'on line' personales para el exdirigente del Partido Popular que dimitió tras su detención en la 'Operación Púnica' en octubre de 2014.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor cambia la condición de testigos a investigados al hermano de De Pedro, Adrián, y a dos de sus empleadas, “por sus labores conniventes con las instrucciones de Alejandro de Pedro y de José Antonio Alonso Conesa para ayudar a éstos a confeccionar la documentación y los trámites ante la Administración que permitían su actividad delictiva”, según una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Tanto De Pedro como su socio, el exalcalde Cartagena (Murcia), Alonso Conesa, están siendo investigados en el 'caso Púnica' por realizar trabajos de reputación 'on line' para dirigentes políticos, labores justificadas, según la investigación, con facturaciones falsas y contratos troceados para no tener que ir a concurso.

Documentos "mendaces"

Ahora, el juez amplía el auto por el que daba por cerrada la instrucción con la pieza vinculada al expresidente de la Diputación de León con la citación como investigados de estas tres nuevas personas, que serán interrogadas el próximo día 24. Según el instructor, ayudaron a De Pedro confeccionando documentos y facturas, “con intención de que los mismos se destinaran a expedientes administrativos en la Diputación de León”.

Esas facturas servían de cobertura, “pese a su mendacidad, a la justificación de actividad diferente a la contratada que sirvió a las autoridades involucradas para que pudieran aprobar gastos contables en la Diputación, permitiendo realizar el pago de los dossieres de propaganda que encubrían el asesoramiento y los informes de reputación en las redes sociales de sendos presidentes de la Diputación de León”. Martínez fue el sucesor de Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014, y por lo que han sido condenadas Montserrat González y Trinidad Martínez -madre e hija- junto a una policía local, en un suceso por venganza.

Con su citación como investigados por un delito de falsedad, el magistrado paraliza el plazo de días días que había dado a las partes para presentar su escrito de acusaciones antes de dictar la apertura de juicio oral en una de las piezas separadas del caso Púnica y dirigida principalmente contra Martínez.

Mejorar la reputación 

Velasco ya había dado por cerrada la instrucción de esta segunda pieza del caso, con el exdirigente 'popular Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza como principales investigados de toda la trama de corrupción. En la pieza relativa a León, además de Marcos, también irán a juicio -si la Sala de lo Penal confirma el auto de transformación dictado por el instructor- el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García, el ex interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, el propio De Pedro Llorca y Alonso Conesa, además de contra las empresas de reputación en Internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad S.L.

El magistrado entiende que hay indicios suficientes para dar este paso, en base a las diligencias practicadas hasta el momento, interrogatorios de los investigados y de los testigos así como de las intervenciones de las telecomunicaciones. Velasco concluye que han podido cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada, en el marco del 'caso Púnica'.

Según el juez, las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que llevaban años realizando trabajos de reputación en Internet para autoridades y cargos electos, hizo trabajos para Martínez, y quien habría obtenido beneficios personales de éstos.