Venta de billetes de avión

La Fiscalía acusa al grupo Globalia de un fraude de subvenciones de 22 millones de euros

Solicita que la empresa que dirige Pepe Hidalgo indemnice al Estado con la cantidad defraudada y el pago de 9,5 millones de euros.

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo.

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo. EFE

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al Grupo Globalia, de Juan José Hildago, de un delito continuado de fraude en las subvenciones recibidas por los billetes a las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y por lo que el Ministerio de Fomento paga a las compañías el 50% del precio del billete comprado por los residentes.

En el escrito de acusación presentado este mismo miércoles -al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- y tras el cierre de la instrucción, el fiscal explica que Air Europa, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, Travelplan y Viajes Tu Billete, todos ellos pertenecientes al Grupo Globalia, defraudaron entre 2011 y 2013 más de 19 millones de euros, entre billetes comercializados por minoristas y grupos.

A esta cantidad hay que sumarle los correspondientes intereses, que sumarían un total de 3,6 millones de euros, haciendo una deuda definitiva de 22,8 millones de euros. Esta cantidad será por tanto con la que deba indemnizar al Estado si el tribunal finalmente condena a la compañía. Pero además, deberá pagar una multa de 9,6 millones de euros, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho de gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de diez meses.

Reparación del daño

Tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había iniciado una investigación a Globalia y a su presidente, Pepe Hidalgo, por el fraude de subvenciones, la compañía optó por colaborar con la Justicia, lo que que ha ayudado a que este último no se tenga que sentar en el banquillo de los acusados. Sólo se le juzgará a la compañía como persona jurídica y, por tanto, con una acusación que sólo puede acarrear una multa económica.

El fiscal ha tenido en cuenta la reparación del daño, al consignar en la cuenta del Juzgado 15 millones de euros nada más conocer la existencia de una investigación, e ir entregando diversas cantidades hasta alcanzar los 30,3 millones de euros que ha entregado a día de hoy a la Justicia. Además, el Ministerio Público tiene en cuenta su colaboración en la investigación, entregando toda la documentación solicitada. Fuentes jurídicas explican que la previsión es que la compañía vaya a asumir la condena y evitar así el juicio en la Audiencia Nacional.

En síntesis, la mecánica del fraude consistía en que Fomento pagaba el 50% de los billetes vendidos a residentes de Canarias e Islas Baleares. Sin embargo, las empresas de Globalia no enviaban al Ministerio la mitad del precio pagado por los clientes sino un precio fijo superior a la venta real del boleto. La única norma era no superior el límite establecido por Aviación Civil. Aparte del fraude por lo que ahora es acusado, las agencias de viajes consideran que la compañía de Hidalgo cometió competencia desleal porque al estar cobrando un dinero del Estado que no le correspondía podía poner los precios de los billetes más bajos.

Cantidades generalizadas

Según el fiscal, “gracias a esa operativa Air Europa liquidaba con el Ministerio de Fomento importes superiores por los conceptos subvencionables a los que tendría derecho”. En su escrito, el Ministerio Público señala que las las entidades pertenecientes al Grupo Globalia “se produjo una generalizada igualación de las cantidades que se reclamaban al Ministerio de Fomento, en aplicación del Real Decreto 1316/2001, en concepto de bonificación en los vuelos de residentes extrapeninsulares”.

Así, Air Europa solicitaba con carácter general en el concepto de cargos por emisión la cuantía que ascendía en los primeros años a los que refiere la presente causa a 20 euros (por tanto, 10 euros bonificables como máximo) y que luego subió a 25 euros (por tanto, 12,50 euros bonificables como máximo), “con independencia de la cantidad efectivamente cobrada por este concepto por la agencia de viajes”.

Lucro indebido

En este caso finalmente sólo va a ir a juicio la compañía, entre otras cosas, porque según la Fiscalía de la Audiencia Nacional esta mecánica fraudulenta “fue ideada por una persona no suficientemente identificada, con facultades decisorias en la sociedad acusada, en fecha tampoco determinada y trasladada como mecánica de procedimiento a las compañías del grupo, que de esta forma creó un sistema de cobro de tarifas subvencionadas por encima de lo dispuesto” en la ley.

Según ha quedado acreditado por parte del Ministerio Público, la base tomada para reclamar las subvenciones al Estado era la cantidad máxima que tenía establecida y declarada la compañía aérea ante Aviación Civil por la tarifa aérea y cargos por emisión de billetes vendidos por ella misma y por las compañías del grupo Globalia.

Asimismo, a través de la agencia Travelplan se ofrecieron descuentos en paquetes de viajes que no tuvieron el reflejo adecuado en las certificaciones presentadas a la Administración para el recibo de las bonificaciones por los pasajeros residentes extrapeninsulares, con “lo que la compañía se habría lucrado indebidamente de dichas bonificaciones”.

Canalizado a través de una misma sociedad

El escrito de acusación explica que la manera de poner en práctica dicha idea defraudatoria fue utilizar una sociedad existente dentro de la organización del grupo Globalia, llamada, Globalia Servicios Corporativos. En dicha sociedad se centralizan todos los servicios de administración del grupo y donde se determinan con autonomía funcional los criterios por los que se han guiado las entidades integradas en la corporación.

“Es por ello que desde allí se podían dar y se dieron en fecha desconocida instrucciones precisas a las distintas empresas del grupo sobre los criterios a utilizar en las liquidaciones de debían remitirse a la Administración”, recoge el fiscal.

Dicha sociedad “carecía” de un modelo de prevención y cumplimiento que permitiese detectar y evitar dichas conductas, “toda vez que únicamente se comprobaba que las cantidades facturadas en cada billete no superasen los máximos permitidos por Aviación Civil”.