Operación policial al PP valenciano

La UDEF acude a casa de una concejala de Sagunto por miedo a que destruyera documentos oficiales

Los investigadores sospechan que Aguas de Valencia pagó menos dinero de lo establecido por ley por quedarse con el control del agua de la localidad valenciana.

LA UDEF BUSCA FACTURAS POR POSIBLE CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

LA UDEF BUSCA FACTURAS POR POSIBLE CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO Agencia EFE

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La Policía tuvo que acudir este miércoles al domicilio de una concejala del Ayuntamiento de Sagunto después de ser alertada por varios vecinos de que D.B. podría haber salido de su domicilio con documentos oficiales en plena operación policial por corrupción en el consistorio. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, ante la alarma, varios agentes acudieron a su casa para averiguar si la miembro del gobierno local en la etapa de Alfredo Castelló -actual diputado regional en las Cortes Valencianas por el Partido Popular- habría podido destruir documentación relevante para la investigación.

Cuando los agentes acudieron al domicilio pudieron comprobar que la concejala había salido de su casa y había vuelto poco después sin poder finalmente determinar si tramaba algo esta cargo del gobierno local.

Las llamadas de los vecinos fueron recibidas mientras agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se encontraban dentro del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) registrando la sede en busca de facturas y contratos por posibles irregularidades en diversas contrataciones, al haber podido fraccionar los contratos para evitar así tener que someter a concurso público la obra.

Esta causa, dirigida por el Juzgado número 4 de Sagunto junto a la Fiscalía de Valencia, tiene como investigados al exalcalde, Alfredo Castelló -presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano- y a once concejales que ocuparon cargos entre 2004 y 2011. Según fuentes jurídicas, se les investiga por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

Del 'caso Nóos al caso Banco de Valencia

La investigación está centrada en seis empresas aunque el foco está en la adjudicación a Aguas de Valencia (AdV) de la gestión del agua a través de la empresa mixta Aguas de Sagunto. El presidente de la primera, Eugenio Calabuig, tuvo que acudir a declarar como testigo al juicio del 'caso Nóos' enjuiciado en Palma de Mallorca para explicar porqué pagó al exduque de Palma y cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, 375.000 euros en una cuenta domiciliada en Suiza por la búsqueda y localización de inversores fuera de España, servicios que finalmente no fructificaron.

Además, Calabuig fue imputado en el año 2013 por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa que investiga la concesión de créditos a su familia por parte del Banco de Valencia para hacerse con el control de la compañía de aguas.

En el caso de Aguas de Valencia en el Ayuntamiento de Sagunto, se investiga la gestión del agua de forma indirecta mediante una sociedad de economía mixta que se iba a crear para ello. En 2007, el consistorio sacó a concurso público para la selección del socio privado y salió designado Aguas de Valencia, que crearía Aguas de Sagunto como empresa mixta para encargarse de la gestión integral del agua de la localidad. Según explican fuentes de la investigación a este diario, la condición para formalizar el contrato era que la empresa mixta debía ingresar al consistorio 12,5 millones de euros.

Faltan 12 millones de euros

Sin embargo, a pesar de que esa cifra es la recogida por contrato, los investigadores sospechan que en realidad, aplicando la Ley del Régimen Legal de Tasa Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público, el canon total que debía pagar la sociedad mixta al Ayuntamiento de Sagunto era de 24,5 millones de euros. En ningún punto del contrato entre el consistorio y Aguas de Valencia aparecería mención alguna a los 12,5 millones restantes que se debería pagar, y por lo que se ha reclamado ahora al consistorio, entre otros muchos datos, este contrato.

Según la normativa, tendría que haber pagado 12,5 millones de euros por parte de la empresa mixta Aguas de Sagunto y 12 millones de euros por parte de Aguas de Valencia, pero realmente sólo se pagó esta última parte. Pero es más, los investigadores sospechan no sólo que se pagó una única parte del canon sino que la parte que se abonó se hizo de manera incompleta, faltando casi un millón de euros.