La Fiscalía pide entre 2 y 3 años de cárcel para Mario Fernández, expresidente de Kutxabank

Un apaño presuntamente fraudulento ideado para la búsqueda de una salida laboral a un político con necesidad de reciclarse tras años en puestos de responsabilidad pública y haciendo frente a la amenaza de ETA puede acabar con sus tres protagonistas en la cárcel.

La Fiscalía de Bizkaia ha dado a conocer este martes su escrito de acusación en el "caso Kutxabank", que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente de la entidad financiera vasca, Mario Fernández; al exdelegado del Gobierno central, Mikel Cabieces, y al abogado bilbaíno Rafael Alcorta. Solicita para los tres penas de dos o tres años de cárcel, tras considerar que pudieron incurrir en un delito de administración desleal o en otro continuado de apropiación indebida.

El Ministerio Público asegura que los tres obraron de “común acuerdo y guiados por el ánimo de causar un quebranto económico” a Kutxabank, cuando decidieron en febrero de 2012 recolocar a Cabieces y que éste cobrara del banco una mensualidad de 5.783 euros a través del despacho de Alcorta, con el que la entidad mantenía un contrato de iguala. Por esta vía el exdelegado del Gobierno llegó a percibir un total de 243.592,02 euros entre febrero de 2012 y noviembre de 2014.

Con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, Cabieces tuvo que dejar el cargo y pretendía reciclarse como abogado laboralista, profesión que había abandonado hacía 22 años por su dedicación a la política. Fernández obró a requerimiento de un partido político, cuyas siglas no ha desvelado, y con la intención de buscar acomodo a un excargo vinculado a la lucha antiterrorista, según ha defendido a lo largo de toda la instrucción.

Cuando el trato se hizo público, en enero de 2015, reintegró de su bolsillo el dinero abonado a Cabieces, circunstancia que es señalada por la Fiscalía como atenuante, por reparación del daño causado, pero que no modifica que su petición de cárcel sea la misma para los tres encausados.

La devolución del dinero hizo que Kutzabank decidiera no personarse en el proceso, a pesar de que este se inició judicialmente tras el cambio de presidencia en el banco y la decisión del Consejo de Administración de trasladar lo sucedido al Ministerio Público después de que el nuevo dirigente de la entidad, Gregorio Villalabeitia, informara de las comprobaciones realizadas por una auditoría interna.

PERJUICIO ECONÓMICO

Según el relato del fiscal, Mario Fernández decidió “beneficiar económicamente” a Cabieces “en detrimento del patrimonio de Kutxabank”. Para evitar el control de los procesos de contratación o selección habituales recurrió al despacho de abogados de Rafael Alcorta e incluyó el sueldo del exdelegado del Gobierno en la iguala que éste tenía contratada con el banco, dando órdenes al director de Recurso Humanos para proceder al abono de esos “pagos encubiertos”.

El dinero llegaba a Cabieces a través de un talón emitido por el despacho, empleado “a modo de pantalla”, y a cambio de la correspondiente factura girada por él en concepto de prestación de colaboración y asesoramiento profesional en materia jurídico-laboral. De manera simultánea el exdelegado del Gobierno estuvo cobrando 5.000 euros mensuales de la empresa Iberdrola, entre marzo de 2012 y febrero de 2015, por servicios como asesor en el mismo ámbito y gracias a un contrato similar.

El acuerdo entre los tres acusados se plasmó por escrito y su “objetivo aparente” era facilitar el reciclaje profesional de Cabieces, garantizándole unos ingresos mensuales durante un periodo de tres años. “Ese supuesto proceso de formación” tenía dos fases diferenciadas: la primera incluía su puesta al día, guiada y asesorada por los miembros del bufete que le permitirían compartir algún caso; y la segunda, a partir del verano de 2012, en la que ya podría hacerse cargo de clientes del despacho, siempre y cuando éste no fuera Kutxabank, o de serlo, el trabajo no tuviera ninguna “visualización pública”.

Rafael Alcorta aceptó la forma ideada e incorporó a su minuta mensual, de 7.800 euros al mes más IVA, el sueldo de casi 6.000 pactado para el exdelegado del Gobierno.
Sin embargo, en el contrato renovado un mes antes por su despacho con motivo de la fusión de las cajas y su integración en Kutxabank se especificaba, según recoge el fiscal, que el bufete “asumía el servicio con su propia capacidad organizativa y a través de sus medios humanos y materiales “, a cambio de la cantidad fija ya reseñada, de 7.800 euros mensuales.

“MENSUALIDADES ENMASCARADAS”

El proceso de renovación en la presidencia del banco vasco forzó a a concluir anticipadamente el compromiso asumido por tres años y a adelantar a noviembre de 2014 el pago de los últimos cuatro meses.

Para ello el bufete de Alcorta giró a Kutxabank una minuta de 29.078,72 euros, que justificó como honorarios por un caso elevado al Supremo. Facturó al banco a pesar de la iguala y por servicios ya contemplados en la misma.

La factura “realmente enmascaraba” el abono por adelantado de las mensualidades de noviembre y diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015 destinadas a Cabieces, incluido el IVA y 900 euros más en concepto de gastos. Una cantidad similar a la que cinco días antes el exdelegado facturó a su vez al despacho de abogados por la prestación de cuatro meses de servicios profesionales, según recalca el fiscal.

La acusación pública no entra a considerar en su relato el trabajo realmente realizado por Mikel Cabieces, que ha sido objeto de gran discusión durante la instrucción. En el momento de la denuncia se consideró “inexistente” y a lo largo de la investigación de “escaso calado jurídico”. La jueza que dirigió la investigación puso en tela de juicio la “remuneración desproporcionada” otorgada y la Audiencia Provincial, que rechazó los recursos de los acusados, reparó en la “innecesariedad” de los servicios proporcionados como “transfondo delictivo más diáfano”.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL O APROPIACIÓN INDEBIDA

La Fiscalía aprecia tras los hechos descritos un delito de administración desleal cometido por el expresidente de Kutxabank, en el que Cabieces y Alcorta actuaron como cooperadores necesarios. Los tres además habrían cometido falsedad en documento mercantil.

De forma alternativa plantea la existencia de un delito continuado de apropiación indebida en concurso también con otro de falsedad en documento mercantil. De ambos serían autores los tres acusados.

En virtud de la primera tipificación solicita penas dos años de prisión e inhabilitación profesional durante el tiempo de condena para los tres encausados, más el pago de diez meses de multa, a razón de una cuota diaria de 20 euros (unos 6.000 en total).
En el caso de que prosperara la acusación de apropiación indebida la petición de pena se eleva a tres años de cárcel e inhabilitación.

La condena impediría a Mario Fernández ocupar el cargo de administrador o sentarse en el consejo de administración de una sociedad mercantil, mientras que Mikel Cabieces y Rafael Alcorta no podrían ejercer la abogacía.