Política

Podemos suspende de militancia a los cuatro junteros que rompieron la disciplina de voto

Los sancionados recurrirán y se mantendrán en sus puestos mientras el partido intenta impedir su acceso a los fondos del Grupo Juntero.

13 marzo, 2017 18:19

Podemos Euskadi ha suspendido de militancia y de todos sus cargos internos a los cuatro junteros de Álava que en diciembre del año pasado rompieron la disciplina de voto y no secundaron la abstención de la formación morada al proyecto de Presupuestos de la Diputación Foral.


La decisión ha sido adoptada por la Comisión de Coordinación de Euskadi, con el aval del secretario de Organización nacional, Pablo Echenique. Se trata de una medida cautelar para evitar su acceso a los fondos del Grupo, mientras se tramita ante la Comisión de Garantías autonómica el expediente por faltas graves y muy graves abierto contra los cuatro procuradores, que podría conducir a su expulsión.


Los afectados –Koldo Martín, Daniel Trujillano, Juanjo Celorio y Javier Bizarro-, que componen la mitad del Grupo Juntero, “no podrán ejercer ningún tipo de representación o portavocía orgánica” en tanto continúen suspendidos, según ha explicado el partido en una nota.


Para Podemos ya no le representan, pero los sancionados han anunciado que recurrirán la suspensión y seguirán con el “trabajo” que vienen desempeñando en las Juntas. Al no estar expulsados permanecen dentro del Grupo y tampoco contemplan renunciar a su acta de procuradores.


No es la primera medida que adopta el partido contra sus críticos alaveses a raíz de la crisis originada con motivo del debate presupuestario y su decisión de votar en contra de las cuentas presentadas por el Gobierno foral de PNV-PSE-EE, contraviniendo la postura de abstenerse de la portavoz del Grupo Juntero, Arantxa Abecia, respaldada por la dirección de Nagua Alba.


Tanto a Koldo Martín como a Javier Bizarro, miembro de la Mesa de Juntas Generales, se les retiró ya en enero la condición y el sueldo de “liberados” y ahora Podemos justifica su suspensión con nuevos argumentos.


En el caso de Bizarro asegura que no informa al resto del Grupo Juntero de los debates de la Mesa y que desde que se quedó sin sueldo “su actuación no ha sido acorde con los intereses del partido”.


Sobre Martín añade una referencia al expediente interno abierto desde hace meses contra este juntero por “cobro indebido de dietas de 4.000 euros no justificados “ y por gastos realizados “sin estar aprobados por el órgano competente”. El denunciado, que reside en la provincia fuera de Vitoria, ha negado siempre estas acusaciones y circunscrito las diferencias a los gastos de desplazamiento que afronta y a una interpretación arbitraria de su partido del Reglamento de la Cámara foral.


ACCESO A LAS CUENTAS


Los críticos han tenido conocimiento de la suspensión cautelar de su militancia este lunes tras la decisión adoptada el fin de semana por la Comisión de Coordinación. Piensan recurrirla y no abandonarán su puesto en la Cámara foral.
“Estamos suspendidos, no expulsados, y como procuradores podemos seguir haciendo nuestro trabajo, formulando preguntas de control al Gobierno foral, solicitando información e incluso presentando propuestas legislativas sin necesidad de contar con el visto bueno de la portavoz del Grupo”, razona Javier Bizarro.


Los críticos rechazan las sanciones y están dispuestos a recurrir ante la Comisión de Garantías nacional si la autonómica falla en su contra. De hecho, no reconocen la actual composición de este último organismo, contrario según dicen a lo observado en los estatutos de Podemos ya que sólo uno de sus cuatro miembros reúne la condición de jurista y no lo son la mitad de sus integrantes como es preceptivo.


Critican igualmente la intervención de la Comisión de Coordinación de Podemos Euskadi al obrar antes de que decida el tribunal interno del partido, convirtiéndose “en juez y parte”al mismo tiempo. “Nos suspende de militancia la parte acusadora”, objeta Bizarro.
La pérdida de confianza de la dirección en los cuatro críticos, ahora suspendidos, se ha incrementado recientemente a raíz del paso dado por estos procuradores para acceder a la cuenta bancaria del Grupo Juntero, al nombrar a uno de ello co-titular de la misma. Según Bizarro, el único motivo es poder acceder a las facturas y la información financiera, no disponer de una cuenta de gasto. “La prueba es que el nombramiento se hizo hace un mes y no hemos hecho ningún movimiento”, aduce.


No obstante, su acceso a los fondos ha contribuido a precipitar la adopción de medidas cautelares sin esperar a la resolución de la Comisión de Garantías, “ante el riesgo de un uso indebido de los fondos”, según señalan fuentes de Podemos.


Los Grupos Junteros del parlamento foral alavés reciben importantes cantidades presupuestarias anuales para financiar sus gastos. El régimen económico estipulado fija el cobro de 31.914 euros por grupo más 19.306 por cada procurador y 75.913 en el caso de los integrantes de la Mesa. Además está establecido el cobro de asignaciones de apoyo al grupo y a los junteros, así como a la contratación de personal eventual, por un importe total que en el caso de Podemos supera los 190.000 euros.


Por otro lado, los procuradores de los distintos Grupos cobran dietas por su asistencia a las sesiones institucionales y reciben 162,62 euros por cada pleno y 111, 97 por cada comisión. Las dietas aumentan si los junteros son miembros del órgano de dirección de la Cámara, al percibir 162,62 euros por acudir a las reuniones de la Mesa y 241,80 por cada sesión plenaria. La suspensión decretada por Podemos contra los cuatro críticos no impide que estos conserven su escaño y sigan teniendo todos sus derechos económicos vigentes.


A la fractura que la formación morada arrastra en Álava desde las elecciones forales de 2015 se suma el escándalo reciente suscitado dentro y fuera de las filas de Podemos por el comportamiento de una de las senadoras elegidas por el territorio alavés en 2016. Elvira García, ahora en el Grupo Mixto, residía en una vivienda de protección oficial cuyo alquiler no pagaba pese a contar con el elevado salario de la Cámara Alta según se supo cuando estuvo a punto de ser desahuciada por impago.