La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), el grupo creado por el ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino que actuaba de forma confidencial no solo se centró en casos ya cerrados como el 11M o el caso Faisán, sino que también investigó a la Guardia Civil y a otros cuerpos como los Mossos d'Escuadra. Según refleja el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes bajo el mando directo de Pino investigaron a varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y les acusaron de dos delitos para entorpecer la investigación. Y todo pese a que los agentes habían sido ya declarados inocentes por un tribunal con anterioridad.
El informe consultado por este diario desmiente además otra de las versiones aportadas por la anterior cúpula policial sobre el trabajo de esta brigada. Tras el reconocimiento público de Eugenio Pino sobre los encargos al BARC, publicado por El Mundo el pasado 8 de febrero, el entorno del ex director adjunto ha restado importancia a sus trabajos asegurando que sólo analizan los protocolos policiales con el objetivo de mejorarlos, y no el contenido de los casos. Sencillamente, no es verdad.
Basta analizar el informe que aquí se reproduce -que se ha mantenido secreto hasta el pasado 6 de febrero- para confirmar que este equipo de confianza del número dos de la Policía analizaba en profundidad en contenido de los procedimientos, las declaraciones judiciales, los análisis informáticos y todas las fuentes abiertas al alcance de la Policía, pese a que las investigaciones tuvieran ya una decisión judicial firme."Se considera que el teniente P. y el sargento J. podrían ser presuntos autores de los supuestos delitos de Falsificación de Documento y obstrucción a la Justicia. Hay que recordar que el teniente y el sargento fueron absueltos en enero de 2015", refleja el propio documento.
Extracto de las conclusiones del informe.
Caso Macedonia
El informe reproducido hoy por EL ESPAÑOL fue encargado en febrero de 2015 por el juez Joaquín Aguirre. El magistrado investigaba desde hacía siete años una supuesta trama de corrupción policial vinculada con una red de narcotráfico que afectaba sobre el papel a cuatro cuerpos policiales distintos (CNP, Guardia Civil, Mossos d'Escuadra y Policía Local de Barcelona). Pero tras las primeras alertas, el caso Macedonia se fue desinflando, tanto por el tiempo como por las decisiones judiciales.
Desde 2009 Aguirre imputó en total a 18 agentes (la mayoría guardias civiles) y decretó entradas y registros en dependencias del instituto armado en Cataluña. Siete años después, de todo aquello quedaba más bien nada, ya que la Audiencia Provincial había decretado el archivo sobre la mayoría de los investigados y los tribunales absolvieron a los dos mandos juzgados. El fiscal apostaba incluso por no acusar a los tres mandos de los Mossos también procesados.
Fue en ese momento cuando Aguirre, siete años después de abrir el caso, recurrió desde su Juzgado de Barcelona a los hombres del DAO. La elección no parece casual, primero porque la brigada de revisión de casos no era un recurso muy común entre los jueces. Y segundo porque uno de los principales investigados, Manuel Gutiérrez Carbajo, era un confidente de otros cuerpos policiales que interesaba a los hombres del DAO involucrados en la llamada Operación Cataluña.
En un escrito de abril de 2014, una nota informativa realizada para consumo interno, el comisario José Villarejo, también adscrito al DAO, afeó a su compañero Marcelino Martín Blás la falta de control y pesquisas sobre Gutiérrez Carbajo, a quien se le presumían importantes contactos entre los círculos de poder catalanes, tanto políticos como judiciales.
Fragmento sobre los guardias civiles absuelos.
Un año después de ese escrito policial interno, es el juez Aguirre quien llama con su petición formal a la puerta del equipo controlado por el comisario Martín Blás, responsable entonces de la Unidad de Asuntos Internos y jefe directo de la brigada de revisión de casos creada por Pino. Se crea con este auto una pieza judicial que ha permanecido secreta durante dos años y que se hizo pública dos días antes de que saltara la polémica tras los trabajos realizados por esta brigada. Trabajos en algunos casos que, como adelantó este periódico, la Policía dice que no sabe dónde están.
Ni fecha, ni firma, ni sello
El documento elaborado por la BARC para la operación Macedonia -de 151 páginas, sin membrete policial ni fecha y sin la firma de funcionario alguno- concluye que el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Cataluña cometió "numerosas irregularidades en su actuación ante la detención de Juan Miguel Bono Hernández (uno de los presuntos narcos investigados). Ello no tuvo efectos penales para sus miembros y se desconoce si tuvo consecuencias disciplinarias", refleja el documento.
Zoido sobre los pendrives del Caso Pujol
El escrito enviado al juez asevera además que "los mandos de la Guardia Civil" desarrollaron un "importante despliegue" para defender a sus imputados, "acudiendo al senador Jordi Casas de CiU, según consta en los informes de su Servicio
de Asuntos Internos (SAI)". Y señala tanto a los Mossos por actuar de forma negligente en sus gestiones sobre Gutiérrez Carbajo como a los miembros de Comisión Judicial (también de la policía autonómica) por ocultar información al propio juez.
Este martes, fue el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien se refirió a los trabajos de esta brigada, cansado de polémicas. Reconoció ante la prensa que su cartera no encuentra dos de los informes más sensibles elaborados por este grupo, desarticulado tras la jubilación del exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino. Ni el del chivazato del bar Faisán ni el de los atentados del 11-M. Por ello ha afirmado que va a "tomar medidas". "Voy a procurar que no sucedan estas cosas porque no cabe la menor duda de que me he visto sorprendido por esa entrevista y me parece que si se ha tomado la decisión de formar un grupo tiene que quedar su constancia", reconoció ante los periodistas.