El doble rasero de Carmena: arremete contra Trump pero abraza al presidente de Ecuador

Manuela Carmena se confesó incapaz de inaugurar el pleno del Ayuntamiento de Madrid sin antes cargar contra la política migratoria de Donald Trump. Porque “el silencio también es culpable”. La alcaldesa comparó al presidente norteamericano con Adolf Hitler y le acusó de “vulnerar los Derechos Humanos” con el decreto que impide a los refugiados de países de mayoría musulmana la entrada a Estados Unidos.

“Ahora nos lamentamos de los genocidios del siglo XX” cometidos por “un Gobierno también democráticamente elegido”, señaló Carmena. Unas horas después, la regidora madrileña se reunía con el presidente de Ecuador, Rafael Correa -que también ha compartido mesa con Rajoy y Felipe VI-, al que varios organismos internacionales acusan de obviar la carta internacional de los Derechos, en concreto la libertad de expresión. Aunque la alcaldesa, en su comparecencia conjunta, pasó por encima de este punto, alabó "la extraordinariamente importante" presencia del líder ecuatoriano y describió como "todo un honor" poder recibirle.

El líder ecuatoriano, en una entrevista con la Cadena Ser, defendió esa misma mañana las sanciones a periodistas y su restrictiva Ley de la Comunicación, que le otorga poder para castigar a diarios, radios y televisiones. De los 606 procesos incoados por el Ejecutivo ecuatoriano desde que entró en marcha la ley, 462 han terminado en sanción. Un 97,45% de los casos han tenido por objeto a medios privados, según el informe "El delito de expresarse".

La persecución a los periodistas

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación, por cualquier medio de expresión”, reza el texto aprobado en París en 1948.

Un párrafo que la Sociedad Internacional de Prensa, la Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y la Unión Nacional de Periodistas ecuatoriana, entre otros, consideran fusilado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

El texto legislativo ecuatoriano, de junio de 2013, supuso la creación de la Superintendencia de Comunicación, con capacidad para multar y sancionar a medios y periodistas cuando el Estado considere infringidas las normas.

“¿Dónde nos quejamos de la manipulación?”

“Ellos se quejan del acoso político pero, ¿dónde nos quejamos nosotros de la manipulación? El falso testimonio y los atentados contra la fe pública hay que perseguirlos y sancionarlos”, dijo Correa este lunes en Madrid.

Ya como punto de partida, con la ley de 2013, su Gobierno nombró “servicio público” la función informativa, tanto pública como privada. El texto orgánico establece la obligación para todos los medios de “cubrir y difundir los hechos de interés público”. La “omisión deliberada y reiterada” de los mismos supondrá una sanción y la consiguiente multa. El Estado se arroja la potestad del criterio informativo, sustrayéndoselo a los periodistas. De ahí que la Sociedad Interamericana de Prensa calificara la ley como “la peor mordaza de América”. Humans Right Watch aseveró: “Presentan la versión estatal como si fuera la verdad”. 

“El linchamiento público”

Otro de los puntos más polémicos de los exigidos por Correa en su Ley de Comunicación pasa por la también obligación para todos los medios audiovisuales de “transmitir los mensajes de interés general”. Un interés general que establece el presidente, en este caso Correa, también bajo amenaza de multa y sanción. ¿Es de interés general la visita de un gobernador a una provincia? ¿Y la apertura de una fábrica de carácter público? Precisamente, en su entrevista matinal en la radio, el líder del Gobierno ecuatoriano se quejaba de que algunos medios no cubrieron la inauguración de una gran avenida.

El “linchamiento público”, recogido por la ley ecuatoriana, “prohíbe la difusión de información que, de manera directa o indirecta, sea producida de forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica y reducir su credibilidad”. Otro motivo de sanción, especialmente para quienes hagan “denuncias sostenidas de corrupción”. El reglamento estatal incluye incluso las pautas que debe seguir el periodista mientras cocina la noticia: su relación con las fuentes, cómo especificarlas...

“Esta ley es perversa”, dice la Unión Nacional de Periodistas del país. “Supone la demonización de los medios privados”, apostilla Reporteros Sin Fronteras.

Las críticas de estos organismos alcanzan una misma conclusión: vulnera la libertad de expresión y, por ende, los Derechos Humanos. Un extremo que, de utilizar el mismo rasero, Carmena debería haber achacado a Correa.